España es uno de los países del mundo desarrollado donde la cultura de la protección animal está menos arraigada. Es el país europeo donde mayor número de animales se maltratan o se abandonan, según los datos de los colectivos animalistas y de las protectoras, y donde la legislación y la administración tienen aún un amplio campo de actuación para avanzar hacia una sociedad respetuosa con ellos. Sin embargo, aunque haya sido a golpe de salvajes agresiones de uno u otro tipo a determinado grupo de animales, un sector de la opinión pública ha empezado a reaccionar y a exigir medidas para frenarlas, poniendo sobre la mesa del debate electoral un elemento que hasta hace muy poco en la agenda.
Sobre la base de que, según el Partido Animalista (Pacma), anualmente se celebran en España 3.000 fiestas populares o tradiciones basadas en el sufrimiento de los animales y subvencionadas con dinero público, los partidos políticos se están viendo obligados a pronunciarse sobre sus propuestas a este respecto. Con una campaña electoral en pleno verano que se desarrolla de forma paralela a esos cientos cruentos espectáculos celebrados a lo largo y ancho de la geografía patria por estas fechas, el debate toma un mayor protagonismo. Pero ni de lejos se entra en el fondo del asunto, más atentos los candidatos a salir airosos en relación con polémicas que aquí y allá se suscitan en torno a algún cruel ejemplo de maltrato, que a las medidas que deben inspirar una auténtica normativa sobre una nueva cultura de la relación con los animales.
La cuestión ha tomado mayor relevancia porque coincide este inicio de campaña con la reciente decisión de la Junta de Castilla-León de acabar con el famoso Toro de la Vega, en Tordesillas (Valladolid), uno de los más sangrientos y polémicos festejos que se celebran en España y cuya prohibición era reclamada mayoritariamente por la opinión pública. Al calor de esa medida, el debate animalista se ha abierto paso sin que la mayoría de los partidos alcancen no ya solo a concretar sus respectivos programas sobre los derechos de los animales, sino ni siquiera a comprometerse a acabar con el maltrato. "Los candidatos ya no se dejan ver a los toros, pero no les importa que se mantenga ese lamentable espectáculo. Animalismo de postureo", afirman desde el movimiento de defensa de los animales.
Peleas de gallos
En Canarias se da la paradoja de que, pese a quedar fuera del macabro calendario de festejos taurinos populares, se mantienen las no menos salvajes peleas de gallos, práctica que está amparada legalmente al quedar como excepción de la Ley de Protección de Animal de 1991 de Canarias, en la que "se prohíbe la utilización de animales en peleas, fiestas, espectáculos y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad o sufrimiento". Se da la circunstancia de que la práctica ha ido desde entonces ganando adeptos en las Islas y contaba hace un año con 47 asociaciones federadas (frente a las 13 de 2005) y casi un millar de socios. Debate distinto ha sido el de la matanza de cabras silvestres en Gran Canaria en noviembre pasado, decidida por el Cabildo insular como medida de control de la población de esta especie, cuya abundancia amenazaba la reforestación endémica de la isla. Más allá de los argumentos oficiales, el hecho entra a fondo en el debate sobre la falta de previsión y ausencia de medidas alternativas a la del sacrificio de los animales que debería contemplar una verdadera política animalista.
Ninguno de los principales partidos o coaliciones que concurren estas elecciones tienen un programa desarrollado al respecto. Sólo IU incluía uno relativamente ambicioso en su propuesta electoral de diciembre, pero los colectivos animalistas creen que ha quedado completamente en suspenso tras su fusión electoral con Podemos. Según estos colectivos, la formación de Pablo Iglesias no sólo no contiene los elementos necesarios que garanticen una normativa mínima de defensa de los derechos de los animales, sino que sus dirigentes ni siquiera se atreven a pedir el fin de la lidia de toros.
De hecho, Pablo Iglesias y el líder del IU, Alberto Garzón, intentaron que Pacma se integrara en Unidos Podemos alegando que la coalición asumía sus principales postulados, pero el partido animalista rechazó de plano la oferta entre otras razones por la negativa de los líderes de la formación morada a comprometerse con la prohibición de la lidia de toros y asegurando que la situación de los animales en las ciudades donde gobiernan "sigue siendo igual de lamentable y desesperante que antes". Ponen como ejemplo el hecho de que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no ha revocado el acuerdo del anterior equipo para "atrapar con redes y gasear" un gran número de palomas pese a su compromiso electoral de llevar a cabo un control incruento de estas aves en la ciudad. Alegan además que Podemos y las confluencias, allí donde gobiernan, se han limitado a dejar de subvencio- nar los espectáculos taurinos, pero no han dado ningún paso para prohibirlos.
La mayoría de los partidos se limitan así en sus programas a prometer una nueva ley de Bienestar Animal que "revise y actualice" la regulación en la materia teniendo en cuenta que es una competencia transferida a las comunidades autónomas (el Gobierno de Canarias revisa la suya por encargo del Parlamento regional), apostando desde la una ley básica estatal por incrementar la protección y defensa de los animales, pero de una forma genérica y sin profundizar ni concretar medidas. Es el también el caso del PSOE o Ciudadanos.
Según los activistas, quienes consideran que una normativa de verdadero avance la protección animal tiene que contemplar un ambicioso plan de información al personal de la administración y policías, concienciación contra el abandono de animales de compañía, dinero para evitar sacrificios en los centros de acogida, vigilancia y control de las condiciones de explotación de las granjas, prohibición de todo espectáculo que conlleve maltrato...
Pacma, que ha pasado desde sus 101.557 votos y un 0,41% de apoyo electoral en 2011 a los 219.181 votos y un 0,87% el pasado 20D en todo el Estado (de 4.900 a 11.874 y de 0,5 a 1,2 % en Canarias), es obviamente el partido que más desarrollado tiene su programa en esta materia y pone el énfasis, además de en la elaboración de una ley marco que conlleve la prohibición de todo acto de maltrato, en la creación de herramientas de control, vigilancia y castigo de estos actos. Desde la creación de una Fiscalía General contra el maltrato, o la reforma penal por delitos de esta naturaleza, hasta una nueva legislación para granjas y mataderos, el partido animalista presenta hasta 29 propuestas o medidas de defensa de los animales y reconocimiento de sus derechos.
El contrapunto lo pone el PartidoPopular, que además de defender en las Comunidades de la Península donde gobierna el mantenimiento de las subvenciones a las corridas de toros, sus dos únicas de líneas de programa aparecen bajo el epígrafe genérico dedicado al sector agroalimentario y en ellas parece limitarse a vincular el concepto bienestar animal con el de "tenencia responsable de animales de compañía".
