La pretensión de los cabildos para que el céntimo verde entre en vigor en 2017 choca con las reticencias de la Consejería de Hacienda, que mantiene su objetivo de que hasta 2018 no va a realizar una reforma de los impuestos. La llamada fiscalidad verde no está aún entre los objetivos a corto plazo del Ejecutivo regional, que prefiere esperar a alcanzar el equilibrio de las cuentas autonómicas antes de entrar a modificar gravámenes, subir o bajar tipos y crear nuevas figuras impositivas relacionadas con la lucha contra el cambio climático.
Los expertos creen que el reto de las sostenibilidad ambiental y la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero pasa por establecer tasas e impuestos que disuadan a los que contaminan y, de esta forma, poder recabar recursos para las políticas medioambientales. En esta línea, el Ejecutivo estudia la propuesta de los cabildos para cargar un céntimo de cada litro de combustible para destinarlo a la reforestación, la lucha contra la desertización y los servicios ambientales.
Hacienda ha iniciado el proceso para elaborar el marco previo para los presupuestos regionales de 2017. Por ahora la intención no es tocar los impuestos, si bien no se descarta totalmente que haya algún retoque fiscal debido a la buena marcha de la recaudación, tanto el pasado año como en los primeros meses de este ejercicio.
Tributos sin aplicar
Los tributos verdes aprobados hasta ahora por la Comunidad Autónoma no han fructificado. En 2012 se pusieron en marcha el impuesto a las grandes superficies comerciales y el gravamen a los tendidos eléctricos y antenas de telecomunicaciones. Con posterioridad también se aprobó una tasa sobre los envases de plástico. Ninguna de las tres figuras tributarias llegaron a suponer nuevos ingresos para las arcas públicas.
Ahora los consejeros de Medio Ambiente de los siete cabildos proponen el céntimo verde a través de una sugerencia de la Asociación de Profesionales Forestales. El consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito, espera que el Gobierno estudie una propuesta que, en su opinión, apenas será perceptible para los ciudadanos y las empresas ya que supone detraer un céntimo del impuesto sobre los carburantes por cada litro consumido. Este gravamen supone unos 300 millones de euros de ingresos anuales para las arcas autonómicas y, a través del impuesto verde, se recaudarían unos ocho millones de euros con un destino finalista para políticas medioambientales.
Los cabildos esperarán a que pase las elecciones generales del 26 de junio para reunirse con Hacienda y que les explique la situación en la que se encuentra el estudio que se está realizando y la demanda de las corporaciones insulares para que este tributo se incorpore a los presupuestos autonómicos de 2017.
El Cabildo de Gran Canaria iniciará en julio una campaña institucional para dar a conocer la propuesta del céntimo verde y la necesidad de recaudar fondos específicos para financiar políticas relacionadas con la biodiversidad, la recuperación de suelos erosionados o desérticos, tratamientos hidráulicos para la mejora de los hábitats, gestión de los ecosistemas, tratamientos selvícolas y prevención de incendios, entre otros asuntos.
Las primeras reacciones de los empresarios a la propuesta de los cabildos no se hicieron esperar y tanto los hoteleros, como los concesionarios de automóviles y el Círculo de Empresarios de Gran Canaria se han opuesto rotundamente a la creación de nuevas figuras tributarias ya que, al contrario, lo que exigen es una bajada de la presión fiscal.
