Canarias ha encontrado un nuevo aliado en su exigencia de que el Gobierno central revise el actual sistema de financiación autonómica. El Consejo General de Economista de España ha certificado en su informe Financiación autonómica de régimen común: una reforma necesaria que el actual modelo coloca al Archipiélago como la región que menos fondos estatales recibe para la financiación de los servicios esenciales: Educación, Sanidad y Políticas Sociales.
El propio Gobierno de Canarias inició en marzo el camino que debe conducir a la fijación de una posición común antes de abordar la negociación del nuevo sistema. Las tensiones soberanistas elevarán la intensidad de las negociaciones, mientras que las dificultades para conformar un nuevo Ejecutivo estatal desplazarán el inicio del diálogo, cuando menos, al segundo semestre del año próximo.
Los economistas toman la liquidación del sistema correspondiente al año 2013 para demostrar que el actual sistema, aprobado en 2009, no cumple con su intención declarada de reducir la brecha financiera entre las diferentes comunidades autónomas. Así, Canarias se sitúa a más de once puntos de la media, mientras que Cantabria la supera en más de 32 enteros.
En la presentación del documento, el presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, explica que son dos los motivos principales que obligan a revisar el sistema implantado hace siete años. En primer lugar, porque, en general, "la financiación de los servicios (...) parece insuficiente" y, en segundo, "por la excesiva desigualdad en la financiación per cápita entre comunidades autónomas".
Pérdida de 700 millones
Los datos que maneja la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias cifran en 700 millones de euros anuales el déficit de financiación que padece el Archipiélago. En términos de producto interior bruto (PIB), dicho lastre resta 1,5 puntos a la economía de las Islas en cada ejercicio.
Financiación autonómica de régimen común: una reforma necesaria parte de la capacidad de recaudar impuestos y tributos que tiene cada región. A partir de ahí, detalla la utilidad del "efecto reordenación inducido por el funcionamiento de los mecanismos de nivelación". Es decir, las comunidades, en función de su estructura económica y número de habitantes, tienen unos ingresos fiscales de mayor o mayor tamaño y el sistema de financiación establece las vías necesarias para que en ninguna de ellas los ciudadanos queden desasistidos en sus demandas educativas, sanitarias y sociales; en definitiva, igualan su capacidad financiera.
Sin embargo, tras observar la realidad de los datos, concluyen que el modelo actual "resulta especialmente arbitrario". Lo demuestra el poder encontrarse con regiones que presentan una "capacidad fiscal superior a la media" a las que tras aplicárseles los mecanismos de nivelación mantienen su posición o, "incluso la mejoran", mientras otras que presentan un punto de partida similar la empeoran. Del mismo modo, entre las que menos recaudan vía impuestos es habitual encontrarse con comunidades que siguen sin alcanzar la media tras no encontrar ningún alivio en los elementos correctores.
Entre estas últimas se encuentra Canarias, que de manera habitual no recibe ningún ingreso desde los fondos de convergencia. Esto se debe a que en la negociación de 2009 se incluyeron en ellos las ventajas del Régimen Económico y Fiscal (REF), concesión que cuesta a las Islas alrededor de 400 millones de euros cada año.
De hecho, una de las primeras reivindicaciones que pondrá sobre la mesa el actual Ejecutivo en la futura negociación con el Estado y el resto de comunidades autónomas será la de sacar el REF del sistema de financiación. Esta herramienta está concebida para allanar el obstáculo de la lejanía que padece Canarias y colocar a sus ciudadanos en un punto de partida similar al que tienen el resto de ciudadanos del Estado.
