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Gasto público Panorama sombrío en el primer cuatrimestre

La inestabilidad y los nuevos ajustes hunden la inversión pública en Canarias

Entre enero y abril la licitación cae un 37,4% - Los constructores ven un año difícil y confían en los fondos del ITE y la rehabilitación de viviendas para remontar

Obras de la circunvalación de Las Palmas de Gran Canaria a Arucas. LP/DLP

La inversión pública cae en picado. La incertidumbre política, los límites al gasto público impuestos por la estabilidad presupuestaria para cumplir con el déficit y los nuevos recortes de este año y los que están por venir contraen la licitación en el primer cuatrimestre del año en Canarias, que acumula un descenso del 37,4%. Según los datos de la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras (Seopan), entre enero y abril de 2015 se licitaron en las Islas obras por 213,4 millones de euros, mientras que en el mismo periodo de 2016 se alcanzaron los 133,6 millones.

La caída de la licitación es generalizada en la gran mayoría de las comunidades autónomas y el Archipiélago se encuentra entre las siete primeras con mayor nivel de descenso. En el conjunto de todas las comunidades la contracción es del 18,1% en el primer cuatrimestre ya que hay regiones -caso de Galicia, Aragón o Baleares- donde sí se ha incrementado la inversión pública gracias a las obras del AVE o a nuevas planes de infraestructuras.

La Asociación de Empresarios de la Construcción de Las Palmas (Aecp) confirma este escenario y advierte que la inestabilidad política en el Gobierno central está repercutiendo en las autonomías porque los acuerdos no se pueden desarrollar, entre ellos los planes de rehabilitación de viviendas. La presidenta de la Aecp, Salud Gil, advierte que 2016 será un año difícil para la inversión pública y que el empleo que se está creando en el sector de la construcción es gracias a la iniciativa privada. No obstante, Gil confía que en Canarias este escenario de recesión del gasto público se pueda remontar algo gracias al plan de desarrollo ideado por el Gobierno regional con los fondos del antiguo Impuesto General del Tráfico de Empresas (ITE).

Según los datos de la patronal, en 2015 la licitación pública en Canarias sumó 476,5 millones de euros, lo que supuso un 15,4% de incremento con respecto a 2014. Los empresarios achacan a los procesos electorales del pasado año -autonómicas y municipales en mayo y generales en diciembre- este aumento de la obra pública ya que se agilizaron las contrataciones de obras por las diferentes administraciones. Sin embargo, el marco político que se ha generado desde enero, con un gobierno en funciones que se puede alargar hasta el otoño, ha propiciado la contracción en la adjudicación de nuevas infraestructuras.

Salud Gil remarca que en 2015 los más activos en cuanto a nuevas licitaciones fueron las corporaciones locales y también hubo un repunte por parte de la Administración autonómica. Sin embargo, el escenario ha cambiado totalmente y entre enero y abril ya se acumula una reducción de la licitación de un 37%.

Los datos de Seopan son elocuentes en cuanto al comportamiento de las administraciones y la caída experimentada por la licitación pública entre enero y abril. En este periodo las comunidades autónomas fueron las que han aminorado más su capacidad de inversión, con un descenso general del 44,9% en los primeros cuatro meses. Por su parte, las corporaciones locales experimentaron una caída del 34,5%.

Sin embargo, la Administración General del Estado ha tenido un comportamiento más irregular ya que mientras en este primer cuatrimestre del año se refleja un incremento del 15,7% de la inversión pública gracias a los aeropuertos, a las carreteras o a los puertos, no así ha sucedido con el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, con un drástico descenso del 86,7%.

Las cifras reflejan que el conjunto de las administraciones licitaron entre enero y abril poco más de 3.000 millones de euros, mientras que en el mismo periodo de 2015 fueron 3.733 millones de euros. De este volumen las comunidades autónomas licitaron 671,3 millones de euros, mientras que las corporaciones locales acumularon 683,4 millones.

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