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Doce meses de mandato del Gobierno de Canarias Análisis de expertos

La ley del suelo eclipsa al resto de objetivos en el primer año de Clavijo

Distintos expertos hacen balance de la gestión del Ejecutivo y coinciden en que la norma urbanística debe aprobarse con celeridad para generar empleo

La ley del suelo eclipsa al resto de objetivos en el primer año de Clavijo

El proyecto de la ley del suelo se erige en el hito más importante en el primer año de legislatura del Gobierno de Fernando Clavijo, en un contexto donde las incógnitas sobre la formación del Ejecutivo de España frenan la negociación de temas tan importantes para el desarrollo de Canarias como la reforma de la financiación autonómica o la renovación de las medidas económicas del Régimen Económico y Fiscal (REF) de las Islas.

Con defensores y detractores, esta ley urbanística se ha convertido en la esperanza, para muchos, de la recuperación económica, principalmente por acabar, como pretende, con la maraña burocrática que ha provocado la desmoralización y la huida a otros territorios de los inversores, así como el bloqueo de los planes municipales e insulares.

Después de 365 días del nuevo Gobierno, distintos expertos en materia económica, urbanística y social coinciden, en su mayoría, en destacar esta norma, que ha eclipsado en el balance de gestión a otras medidas económicas, como la condonación del ITE o la decisión de elevar el techo de gasto y elaborar una ley de crédito extraordinario con una dotación de 123 millones de euros. Así, creen que la futura puesta en marcha de esta nueva ley para agilizar los planeamientos urbanísticos y desbloquear las inversiones abre las puertas a que sectores como la construcción, la agricultura y el turismo caminen de la mano para generar empleo en el Archipiélago, con una tasa de paro que alcanza al 26% de la población.

Pero el Ejecutivo suspende en los objetivos que se marcó al inicio de la legislatura en políticas sociales. "Que en Canarias todavía exista el 38% de la población bajo el umbral de la pobreza y una de cada tres personas, es decir, más de 800.000 canarios se encuentren en esta situación es la fotografía más clara del fracaso de las políticas sociales en las Islas", expone Koldobi Velasco, profesora universitaria de Trabajo Social y miembro de la Red Canaria en Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales (Redesscan). Hasta ella habla de la Ley del Suelo, pero en otro sentido. En estos doce meses de gobierno echa en falta que la agilidad con la que se está desarrollando esta norma no sea la misma para leyes como la de Servicios Sociales o para el plan de lucha contra la pobreza, a los que no se han destinado tantos recursos económicos y materiales, precisa.

En su opinión, no se han producido avances en el aumento de los presupuestos en las políticas sociales, para dar respuesta a la desigualdad en servicios sociales, educación, sanidad y vivienda.

En materia sanitaria se ha avanzado en distintas cuestiones en este año, como en "desempolvar el plan regional de urgencias", pero siguen los problemas de financiación, con dos elecciones por medio, que provoca que "todo vaya con gran lentitud", indica Carmen Nuez, presidenta del Sindicato de Médicos de Las Palmas.

En educación, ha habido "tibieza y falta de contundencia a la hora de inaplicar la Lomce en aspectos que sí han practicado otros territorios, como en la reválida", expone Silvia Rodríguez Court, miembro del Secretariado Nacional del STEC, que sostiene que la ley de educación "ha privatizado al alumnado y, en general, hay un incremento del grado de insatisfacción del profesorado".

En materia económica y fiscal, los expertos consultados apuntan hacia la necesidad de que la ley del suelo salga adelante lo antes posible para el desarrollo de las Islas, aunque con distintos matices en el texto. Y señalan que es sumamente importante que se negocie con el Gobierno de España resultante del proceso electoral, si es que se llega a un acuerdo de gobernabilidad, la mejora de la financiación autonómica de forma que las Islas no pierdan, como hasta ahora, 700 millones de euros anuales con respecto a la media nacional por habitante.

El decano del Colegio de Economistas, Juan Antonio García, aunque resalta la importancia de la ley del suelo por la agilización de trámites urbanísticos que están tardando hasta dos décadas, considera que "no todo es bueno, porque puede aumentar, por excepciones y por casos especiales, las construcciones en determinados terrenos donde hay espacios que hoy se dedican a la agricultura"

A su juicio, este Gobierno ha cumplido con la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones, pero debía haberlo hecho con carácter progresivo según la renta de cada persona, "pues tratan a todos igual" y beneficia a quienes más tienen. De otro lado, afirma que Canarias se ha de preparar para afrontar el impacto que el brexit pueda tener, sobre todo en el turismo británico en las Islas.

Por su parte, el asesor fiscal Orlando Luján señala también que es necesario mejorar el sistema de financiación autonómica del Archipiélago para cubrir los servicios esenciales. "No estamos bien financiados y soportamos con tributos propios ese déficti de financiación estatal", indica, en relación a la subida del IGIC en 2012. A su juicio "lo deseable" sería un retorno a tipos más bajos.

Cree positivo el cumplimiento en bonificar el impuesto de sucesiones y donaciones, pero entre los deberes a realizar apunta que el Gobierno canario ha de reclamar al Estado cuanto antes la subsanación del reglamento del REF fiscal que se aprobó en noviembre del 2015 y "desafortunadamente tiene muchos problemas para su aplicación".

Para Vicente Boissier, presidente del Colegio de Arquitectos de Gran Canaria, y su homólogo en el de Graduados Sociales, José Ramón Dámaso, el Gobierno canario no ha impulsado en su primer año la obra pública y es una de las tareas en las que, sin duda, se tiene que poner manos a la obra para generar empleo en las Islas.

Boissier también ve esencial para el desarrollo de Canarias que haya celeridad en aprobar la nueva ley del suelo y "se desbloquee la actividad económica" y, además, pide que se ponga en marcha el Plan de Vivienda que, en su opinión, está paralizado aunque cuenta con recursos estatales.

Moratoria

Juan Manuel Benítez, decano de la Facultad de Economía, Empresa y Turismo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es otro de los expertos que citan la importancia para Canarias de la nueva ley del suelo, siempre y cuando se haga en suelos que estén ya clasificados. "La moratoria pudo tener algún sentido en su momento pero ahora que está todo regulado no se puede estar impidiendo la construcción de nuevos hoteles, sobre todo con la demanda que existe en Canarias con el bloqueo a mercados como Egipto y Túnez", precisa. Señala que el Gobierno tiene pendiente la renovación de la ley turística y desatascar el decreto que regula los alquileres vacacionales, entre otras cuestiones.

En agricultura agradecen también la llegada de la legislación del suelo como agua de mayo, pero quedan aspectos que aún se deben mejorar, indica Hernán Tejera, secretario general de la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga). Considera positiva la negociación del REF económico, pendiente de retomarse con el nuevo Gobierno central, y asegura que se ha de intentar ahora acordar con Madrid que financie la totalidad de ayudas de estado del Posei, cofinanciadas por Canarias, y que el Gobierno regional apoye más a la producción local en vez de a las importaciones en las ayudas del REA.

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