El adelanto a julio del cierre presupuestario decretado por el Gobierno estatal aboca al Ejecutivo autonómico al recorte de 400 millones de euros, cifra correspondiente a los fondos ya comprometidos en las cuentas generales para 2016 pero aún pendientes de transferencia a las arcas canarias.
Incluso, la consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Rosa Dávila, no descartó ayer la posibilidad de anticipar también el cierre presupuestario autonómico si no se garantiza que se recibirán las cantidades previstas durante el próximo trimestre. "Indudablemente, si no vinieran los ingresos, tendríamos que adoptar medidas y una posible sería un cierre anticipado del presupuesto de Canarias. Eso implica que los gastos tienen que ajustarse a los ingresos y, si hay 300 o 400 millones menos, tendremos que ajustar esos 300 o 400 millones", explicó Dávila.
Actualmente, el departamento de Hacienda revisa las cuentas de todas las consejerías para concretar los fondos estatales pendientes de entrega ante la reunión programada el próximo jueves en Madrid entre el presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, y el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, además de Dávila. Aunque Clavijo valoró el jueves en 400 millones las partidas por entregar, la consejera de Hacienda confió ayer en "rebajar la cifra, quizá sea un poco menos", tras el actual ánalisis de los números.
Pese a la "prudencia y cautela" esgrimidas por Dávila, la inquietud se extiende en el seno del Ejecutivo hasta el punto que su propio jefe definió con la frase "estamos preocupados" el ánimo económico del gabinete durante la festividad de la Virgen del Pino. Por ello, desde el área de Hacienda se prepara, en paralelo al examen de las cuentas, un plan de crisis ante una eventual ejecución del recorte estatal de 400 millones al Archipiélago.
En pleno análisis de las cifras, Rosa Dávila eludió detallar las áreas autonómicas más afectadas por el adelanto estatal del cierre presupuestario, una de las medidas adoptadas por el Gobierno español en funciones para contener el gasto con la finalidad de evitar la multa de la Comisión Europea por su incumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión. Con el objetivo de rebajar el déficit de 2017 al acordado 3% del Producto Interior Bruto (PIB), el Ejecutivo presidido por Mariano Rajoy también aplicó un aumento del impuesto de sociedades y la contención del gasto de las autonomías, entre otras decisiones, aunque Canarias se situó entre las comunidades cumplidoras de las reglas fiscales europeas.
Casualmente, el posible recorte en las cuentas autonómicas equivale al aumento presupuestario de 2016 con respecto al año anterior, cifrado en 357 millones. A los 7.701 millones del presupuesto canario de este año se añadirán 107 millones correspondientes a la Ley de Crédito Extraordinario, a debate en el Parlamento autonómico durante la próxima semana, por lo que la diferencia entre los dos últimos ejercicios se situará en 464 millones.
La preocupación económica del Gobierno canario no se limita al ajuste por el adelanto estatal del cierre decretado al ejercicio vigente, sino que se extiende a la incertidumbre por los presupuestos generales de 2017 a causa de la interinidad del Ejecutivo español. La ausencia de acuerdo parlamentario, evidenciada en la fallida investidura de Mariano Rajoy, obligará a prorrogar las cuentas de 2016 durante el próximo año, según informó ya Madrid a Bruselas.
En la práctica, la prórroga presupuestaria limitará las inversiones ante la imposibilidad para un gabinete en funciones de adoptar determinadas decisiones. Tanto los convenios bilaterales Canarias-Estado en carreteras o costas como las conferencias sectoriales en empleo o sanidad se aplazarían hasta la constitución de un gobierno.
Por ello, la consejera de Hacienda ya advirtió a principios de esta semana de la "situación enormemente compleja" en el ámbito económico a causa del panorama político. A juicio de Rosa Dávila, "tiene una repercusión muy grave para todas las comunidades, de ahí que más allá de los colores políticos, todos los presidentes autonómicos están instando para que no haya un gobierno en funciones, que pueda haber investidura y no se vaya a una tercera convocatoria electoral".
Y, además, la interinidad gubernativa aplaza también la reforma del sistema de financiación autonómico, cuya desactualización calcula el Gobierno autonómico que resta a Canarias alrededor de dos millones de diarios o 750 millones anuales.
