El primero de los testigos en declarar en el caso Las Teresitas, José Ángel Martín, actual portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y miembro fundador del colectivo Ínsula Viable, que presentó en 2005 una querella en la Fiscalía por la compraventa realizada por el Consistorio capitalino de unos terrenos en el frente de la playa de Las Teresitas por 52,5 millones de euros a Inversiones Las Teresitas (ILT) en 2001, declaró ayer que se presentó la denuncia "cuando se tuvo información suficiente". La querella se fundamentó, según dijo, por "cómo se resolvió el convenio en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por cómo se constituyó ILT y el préstamo de 33 millones de euros que le concedió CajaCanarias a estos empresarios para que compraran unos terrenos por 33 millones de euros con el único aval de dichas parcelas y por cómo se habían incrementado los precios de estos terrenos en solo tres años, entre 1998 y 2001".
"Cuando tuvimos información, por lo que escuchábamos, por lo que se hablaba, por la rumorología, entonces presentamos la denuncia", explicó Martín a las reiteradas preguntas de las defensas sobre el por qué no se había presentado antes la demanda y se dejaron pasar cuatro años. No pudo ser antes porque "el Ayuntamiento nunca nos facilitó el expediente urbanístico", espetó a una sala ya acostumbrada a escuchar, por parte de la Fiscalía, la falta de colaboración de la Corporación local durante la investigación.
En este caso hay trece imputados para quienes la Fiscalía solicita 60 años de prisión en su conjunto por prevaricación y malversación de caudales públicos. Entre ellos están el exalcalde Miguel Zerolo y el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, así como los exediles Emilio Fresco (PSOE) y José Emilio García Gómez (PP). También varios funcionarios y técnicos municipales así como los empresarios Ignacio González, Antonio Plasencia y su hijos Pedro González y Carlos Antonio Plasencia.
Martín insistió en que, a juicio de los denunciantes, la "expropiación de los terrenos hubiera sido un procedimiento más barato para adquirirlos". A pesar de ello relató que tuvo conocimiento de, al menos, tres informes que tasaban los terrenos con distintas valoraciones y que pudo averiguar que en 1998 se vendieron a ILT 104 parcelas por 5.500 millones de pesetas (33 millones de euros) y que el Ayuntamiento compró 11 parcelas del frente de playa en 2001 por 8.750 millones de pesetas (52,5 millones de euros).
El fundador de Insula Viable también afirmó que los empresarios de ILT compraron tres días antes de la sentencia del Supremo - en junio de 1998-, que retrotraía el plan parcial de Las Teresitas al de los años 70, lo que les permitía "construir muchísimo más que con el convenio de 1986, por lo que los terrenos tendrían que valer mucho más", afirmó. Esta contestación hizo que Zerolo se riera al considerar que le estaba dando la razón sobre el precio que pagó el Ayuntamiento.
Antes de la declaración de Martín,que se prolongó durante dos hora, la segunda sesión del juicio comenzó con el rechazo por parte del tribunal de todas las cuestiones previas planteadas por las defensas el viernes con las que pretendieron la nulidad de la instrucción de la presente causa. Entre ellas, algunos de los abogados señalaron la prescripción de los posibles delitos que se juzgan al haber transcurrido más de diez años.
