Todos los grupos de la oposición respaldaron hoy en el pleno del Parlamento de Canarias una propuesta de Podemos para pedir al Gobierno regional un plan estratégico para las personas con discapacidad con su correspondiente financiación, iniciativa que fue rechazada con los votos de PSOE y CC.

La propuesta fue presentada por la diputada de Podemos, Concepción Arnáiz, ante el retraso del Gobierno en la elaboración de una ley de servicios sociales, pero CC y PSOE argumentaron para votar en contra que ya se aprobó una similar hace un año, si bien admitieron que de momento el Gobierno no ha cumplido. Podemos pretendía que el ejecutivo, en colaboración con las entidades representantes de las personas con discapacidad (y también con las corporaciones insulares y locales, según una enmienda de ASG), diseñara y financiara un plan estratégico de inclusión, atención y apoyo a este colectivo, ya que el anterior plan estratégico caducó en 2010.

El Gobierno pretende incluir un plan estratégico en la futura ley de servicios sociales, pero su elaboración va retrasada y probablemente se demore hasta el final de la legislatura, dijo Arnáiz. Mientras se espera por el Gobierno, se incumple el principio de igualdad de derecho y oportunidades de un colectivo que abarca al 8% de la población y que "merece una política diligente" ante sus dificultades para acceder a los servicios públicos y al empleo, explicó.

Emilio Moreno, del PP, denunció "la clara incompetencia" del Gobierno de Canarias, que después de un año de que el Parlamento reclamara por unanimidad un plan estratégico, a iniciativa del PSOE, no ha hecho "nada de nada". Luis Campos, de Nueva Canarias, defendió el plan estratégico porque las necesidades y urgencias de las personas con discapacidad no pueden esperar a la tardanza de la burocracia y la tecnocracia. Melanie Mendoza, del grupo mixto, defendió que el plan estratégico se realice en colaboración con ayuntamientos y cabildos, que son los que tienen en sus manos los servicios de atención directa a estas personas. Teresa Cruz, del PSOE, dijo que no procedía pedir al Gobierno de Canarias lo mismo que se le pidió en noviembre de 2015, en lo que coincidió con Guadalupe González Taño, de CC, quien señaló que en todo caso habrá que pedir al ejecutivo que cumpla.