El futuro político del país se debate de nuevo entre una posibilidad de investidura y, por tanto, un posible desbloqueo de la situación o unas nuevas elecciones en diciembre, que serían las terceras en un año. Las dos próximas semanas serán vitales y decisivas para despejar el horizonte, con todas las miradas puestas en la decisión que finalmente adopte el PSOE en relación con la posibilidad de permitir con su abstención en el Congreso la investidura del líder del PP, Mariano Rajoy, como presidente del Gobierno central, antes del día 31. Es la fecha tope para evitar la disolución de las Cortes y una nueva convocatoria electoral.
Hasta ese día, la XII legislatura de la democracia habrá durado 127 días y, si finalmente se frustrara, superaría en brevedad el récord de la anterior, de 135 días. Pero frente a la dinámica actividad en el Congreso de la anterior etapa, la actual se caracteriza por una desidia nunca antes vista y por un sedentarismo parlamentario que contrasta con la encrucijada que vive el país, pero que alimenta su parálisis institucional.
Así, el Congreso vivirá la próxima semana su tercer pleno ordinario desde su constitución el 19 de julio, y concluirá el calendario de octubre una semana después probablemente con uno extraordinario para un nuevo intento de investidura de Rajoy tras la fracasada del 30 y 31 de agosto y el 2 de septiembre.
Constitución de Cortes e investiduras aparte, los 127 días de legislatura hasta el 31 de octubre se saldarán con tres plenos ordinarios, dos de ellos de sólo un día de duración, y con apenas unas pocas reuniones de algunas comisiones (aparte de las de sus respectivas constituciones). El resultado es que tan sólo se pueden contabilizar diez días de trabajo efectivo en cada una de las Cámaras.
Durante estos casi cuatro meses, los 350 diputados y 266 senadores habrán seguido cobrando religiosamente sus sueldos sin que ello se haya traducido en la necesaria aprobación de leyes y medidas que traten de mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Sólo la reducción de la campaña electoral, para impedir que unas hipotéticas nuevas elecciones sean el 25 de diciembre, y la reforma de la ley de Estabilidad Presupuestaria, para permitir otorgar un techo de gasto a las comunidades autónomas y que puedan avanzar en sus presupuestos, que se tomarán en consideración el martes próximo, son dignas de mención.
Esta situación se suma a la derivada ya de la anterior legislatura, en la que el bloqueo político por la falta de gobierno efectivo convirtió en papel mojado las numerosas propuestas que se aprobaron para el conjunto del Estado y en particular para Canarias en relación con el Plan Integral de Empleo de Canarias (PIEC), financiación autonómica, carreteras, transporte aéreo o pesca.
20.800 euros en cuatro meses
Hasta el 31 de octubre, los 29 parlamentarios canarios durante esos 127 días de legislatura se habrán embolsado en torno a los 603.000 euros, de los que casi 319.000 corresponden a los 15 diputados y más de 285.000 a los 14 senadores, con un sueldo medio de 20.800 euros brutos. Estas cifras indican que cada día las Cortes gastaron 4.750 euros en esos pagos, y que en conjunto cobraron de media cerca de 164 euros cada una de esas jornadas entre el día después de las pasadas elecciones y el último día de octubre en que acabaría la legislatura si no hubiera investidura. Pero si se toma sólo los días de presencia en las Cámaras, cada jornada le salió a los parlamentarios por 2.080 euros. O de otro modo, 1.223 euros por cada uno de los 17 días si se computan también la jornada de la sesión de constitución, los tres días de la primera investidura de Rajoy, y otros tres de la que todo apunta a que se celebrará dentro de dos semanas.
Los diputados han percibido en total una media de en torno a 21.200 euros, y los senadores de 20.400, incluidas sus respectivas asignaciones constitucionales mensuales (2.813 euros), su indemnización por residencia en Madrid (1.823 euros al mes), y los complementos en función de los cargos que están desempañado en la cámara.
El sueldo fue el mismo para todos ellos entre el 27 de junio, el día después de las elecciones y desde el que empiezan a cobrarlo, y el 29 de julio, en que se constituyeron los grupos y empezaron a establecerse las primeras diferencias salariales. Así, desde el 1 de agosto las diputadas Matilde Asián, del PP electa por Las Palmas, y Melisa Rodríguez, parlamentaria de Ciudadanos por Santa Cruz de Tenerife, asumieron las portavocías adjuntas de sus respectivos grupos, por la que suman un complemento de salario de 2.087 euros al mes, el más alto de los que reciben el conjunto de los parlamentarios isleños. Cada una de ellas ha percibido durante estos primeros cuatro meses de legislatura un total bruto de más de 25.400 euros.
A partir de mediados de septiembre, tras la constitución de las comisiones parlamentarias entre el 12 y el 14 de ese mes, el reparto de funciones estableció nuevas diferencias entre ellos, si bien éstas no han sido excesivas dada la homogeneidad de puestos que han asumido los distintos parlamentarios isleños. Prácticamente todos ellos han complementado su 'sueldo base' con este tipo de extras, y aunque algunos están desempeñando varios cargos, como portavocías o miembros de la mesa de alguna comisión, sólo perciben el de mayor cuantía.
Cabe señalar sin embargo que los diputados y senadores de Podemos no han ingresado en sus cuentas personales el total de las retribuciones percibidas, ya que la formación acordó en su momento limitar los sueldos de sus parlamentarios al correspondiente a tres salarios mínimos, es decir, 1.965 euros, así como reducir la indemnización por gastos a 850 euros mensuales. Sí han mantenido sin embargo el complemento que les ha correspondido a cada uno de ellos por el cargo desempeñado en el grupo o en las comisiones.
La mayoría de diputados y senadores canarios se encuentran en una misma escala salarial, la que corresponde a quienes ostentan una vicepresidencia o una portavocía de comisión, tarea que desempeñan nueve de ellos en cada una de las Cámaras y que tiene un complemento de 1.046 euros mensuales. Este grupo de parlamentarios percibirá hasta finales de este mes 20.730 euros, entre ellos dos son vicepresidentes de comisión, los populares María del Carmen Hernández Bento (Sanidad) y Pablo Matos (Justicia), mientras que otros como sus compañeros Guillermo Mariscal y Ana Zurita, el socialista Sebastián Franquis, los nacionalistas Ana Oramas y Pedro Quevedo, el diputado de Podemos Alberto Rodríguez, y el de Ciudadanos Saúl Ramírez, ocupan una portavocía. En el Senado también esta es la escala salarial y el cargo asumido mayoritariamente por los canarios.
Por su parte, cuatro diputados y tres senadores ocupan una secretaría de mesa o una portavocía de comisión, función por la que perciben un extra de 697 euros al mes y han sumado un salario bruto total de 20.200 euros, mientras que sólo dos parlamentarios, en concreto la senadora grancanaria Mercedes Roldós y su compañero por La Palma Mariano Hernández, no tienen ningún complemento salarial y su sueldo total alcanzará hasta el día 31 los 19.160 euros.
Muchos inéditos
Son cifras que contrastan con la inactividad general de ambas cámaras en estos 127 días, en la que muchos de los parlamentarios canarios se han mantenido inéditos. En el Congreso, sólo Ana Oramas (CC), Pedro Quevedo (NC), Alberto Rodríguez (Podemos) y Matilde Asián (PP) han tomado la palabra en alguno de los únicos tres plenos celebrados hasta ahora. Los nacionalistas lo han hecho en tres ocasiones, durante la frustrada investidura de Rajoy, el debate sobre el caso Soria y su nombramiento para el Banco Mundial, y respectivamente sobre otras iniciativas de empleo y pensiones. Rodríguez durante una proposición no de ley sobre políticas activas de empleo, y Asián sobre un asunto de fiscalidad.
En Comisión, también Oramas y Rodríguez, además de Saúl Ramírez por C,s, Tamara Raya por el PSOE, y la propia Asián, intervinieron la semana pasada para defender la recuperación del PIEC, una propuesta de la diputada de CC que fue aprobada por unanimidad. Los dos diputados de las formaciones emergentes intervinieron además en otras dos ocasiones en esa misma sesión. También Guillermo Mariscal (PP), Carmen Valido (Podemo), y Melisa Rodríguez (C,s) han intervenido en al menos una iniciativa en la única sesión en que se ha reunido la comisión de Industria a la que pertenecen, mientras Meri Pita lo ha hecho en una ocasión en la de Justicia.
En el Senado, sólo constan intervenciones en pleno de María José López Santana, de NC, (2); de Yaiza Castillo, de Agrupación Socialista Gomera (2), de Pablo Rodríguez, de AHI-CC (4); y de María del Mar Julios, de CC (2). Todos ellos tienen registradas diversas peticiones de comparecencias, iniciativas o preguntas en comisión.
En ambas Cámaras, el bloqueo político y la negativa del Gobierno a comparecer por entender que se encuentra en funciones y no está obligado a someterse al control parlamentario ha reducido a la mínima expresión la actividad parlamentaria.
Ese fue el argumento por el que el Ejecutivo se negó a dar explicaciones en pleno sobre la polémica designación del ex ministro de Industria, José Manuel Soria, como director ejecutivo del Banco Mundial, uno de los asuntos más candentes que se ha vivido en el Congreso en este periodo que ahora se trata de abrir paso con una investidura y la formación de un nuevo gobierno.
