El Tribunal Constitucional (TC) anuló ayer la prohibición de las corridas de toros en Cataluña, al entender que invade competencias estatales, ya que la tauromaquia fue declarada en noviembre de 2013 Patrimonio Cultural de España. A ello se añade la ley aprobada en 2015 para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, una norma que da más protección al toreo. La polémica a raíz de la sentencia está servida. Partidarios de lo que consideran una disciplina cultural y artística enfrentan sus argumentos con los detractores de estos "espectáculos sangrientos".
El Parlamento catalán prohibió los festejos taurinos en esa comunidad en julio de 2010, aunque entró en vigor en enero de 2012. La suspensión de la lidia no afectó a espectáculos como los "correbous", que se practican en algunas zonas de Cataluña y en los que no muere el animal. En este caso hay varias modalidades, por ejemplo los encierros o los toros de fuego, en los que se coloca al animal un artilugio metálico en los cuernos con dos bolas con material inflamable al que se le prende fuego.
El PP en el Senado fue el encargado de presentar el 28 de octubre de 2010 el recurso de inconstitucionalidad contra la ley catalana, que resolvió ayer el Constitucional. El pleno del órgano jurisdiccional ha tumbado la norma de la Generalitat con el voto favorable de ocho magistrados, mientras que otros tres votaron en contra y formularán un voto particular.
El TC entiende que el Parlamento catalán invade la competencia del Estado en materia de cultura y señala que, a pesar de que las leyes aprobadas por el Gobierno central son posteriores a la norma catalana, tienen validez, ya que nunca han sido recurridas. El tribunal dictamina que Cataluña puede regular los festejos taurinos, pero no prohibirlos.
En contra de lo que se presupone, en Canarias no existe una abolición expresa de las corridas de toros. Lejos de lo que se cree, no hay una prohibición clara al respecto.
El exdiputado autonómico por el PP Miguel Cabrera Pérez-Camacho fue el promotor de la Ley de Protección de los Animales, en virtud de la cual desde 1991 están prohibidos en el Archipiélago los espectáculos, peleas, fiestas y otras actividades que conlleven maltrato, crueldad o sufrimiento para los animales.
En ninguna parte del texto normativo se hace referencia a los toros directamente, aunque sí se alude a las peleas de gallos y al tiro al pichón, así como se impiden las peleas de perros, entre otras consideraciones.
La ley tiene por objeto fijar normas para la protección de los animales domésticos y, en particular, la regulación específica de los animales de compañía en Canarias. Así figura en el artículo 1 del Capítulo I de esta normativa. En la misma línea se expresó ayer Lorenzo Olarte, que fue presidente del Gobierno regional cuando se promulgó esta ley hace 25 años. "El toro bravo no es un animal doméstico ni de compañía", señaló el exjefe del Ejecutivo, que insiste en que "los toros no están prohibidos en Canarias, eso es una leyenda urbana".
Lo que sí se hizo en el documento fue reconocer que las peleas de gallos eran "tradiciones cruentas e impropias de una sociedad moderna y evolucionada", pero "como pertenecían a la cultura de las Islas no se podían prohibir de golpe y porrazo, sino poner en marcha medidas para que fuera decayendo la afición", agregó Olarte. De tal forma que a partir de esta Ley se negaba la construcción de nuevas instalaciones para acoger las peleas de gallos, que debían organizarse en locales cerrados y sin permitir el acceso a menores de 16 años.
Con todo, el arraigo de la fiesta taurina en Canarias es prácticamente nulo. Nunca concitó gran afición, y, aparte del desinterés, resultó clave la imposibilidad de que las ganaderías se establecieran en las Islas. Hasta 1983 se celebraron espectáculos en las plazas de toros ubicadas en el Archipiélago.
Tras años en ruinas, la plaza para tal fin que había en El Goro, en Telde, fue demolida en el año 2006, además de otro recinto en San Bartolomé de Tirajana, ya desaparecido. Mientras que el coso en Santa Cruz de Tenerife fue transformado en un espacio para albergar eventos, desde conciertos, galas de elección de la Reina del Carnaval hasta concursos de murgas. En Lanzarote había una plaza de toros muy pequeña en Tías, pero se derribó en 1996, tras más de dos décadas sin acoger una corrida.
En diciembre de 1989 un empresario instaló una plaza portátil en el barrio de Escaleritas, en la capital grancanaria, con capacidad para 4.000 espectadores. Sin embargo, la iniciativa resultó un fracaso y no estuvo exenta de polémica. La falta de inversión y el enorme coste que suponía traer a los animales, que "llegaban mareados" a las Islas, hizo que dejaran de realizarse estos actos taurinos.
"No es rentable", sostiene el portavoz del Partido Animalista contra el Maltrato Animal (Pacma) en Canarias, José Antonio Rodrigo, que admite que la ley autonómica de abril de 1991 "no recoge explícitamente" la prohibición de los toros, pero estima que "se sobreentiende".
A su juicio, si un empresario baraja llevar a cabo una actividad de este tipo "no lo tendría fácil, porque aunque la ley no lo prohíbe taxativamente sí hay restricciones, por lo que le costaría mucho conseguir permisos". Tildó de "aberrante" la sentencia del Constitucional sobre Cataluña y achacó la escasa tradición en las Islas a la lejanía geográfica y a que "al pueblo canario es contrario a los festejos donde se tortura a un animal y donde hay actos de sangre, como ocurre en las corridas de toros". Está convencido de que el toreo "irá desapareciendo". De hecho, "las estadísticas del Ministerio de Cultura revelan una caída del 10% en la asistencia a las plazas de toros", sentenció.
