La reforma del sistema electoral canario reaparece de nuevo en el Parlamento regional y una comisión -la segunda que se ha creado desde que se modificara por primera vez en 1996- aborda el proceso para introducir cambios en el sistema de elección de los diputados a la Cámara autonómica. Todos los partidos del arco parlamentario están dispuestos, en mayor o menor medida, a estudiar modificaciones para que el modelo canario deje de ser el menos proporcional y el más restrictivo del país y, según estudios realizados por investigadores en 64 países, uno de los más injustos del mundo, detrás de Tanzania, Corea del Sur y Ecuador.
Las elevadas barreras de acceso a la Cámara y la triple paridad electoral provocaron que Ciudadanos se quedara en las elecciones autonómicas de mayo de 2015 sin representación en el Parlamento regional pese a recibir el apoyo de 54.000 canarios mientras Coalición Canaria lograba once de sus 18 diputados con el aval de solo 34.800 personas repartidas en cuatro islas no capitalinas.
O que Nueva Canarias necesitara el apoyo de 71.000 grancanarios para cuatro escaños y a Casimiro Curbelo le bastaran 5.000 sufragios para que la Agrupación Socialista Gomera (ASG) sumara tres diputados.
En esta ocasión, parece que las fuerzas con representación parlamentaria (CC, PSOE, PP, Nueva Canarias, ASG y Podemos) se han comprometido a enmendar esta situación que propicia una gran distorsión en la proporcionalidad de los votos. Y para ello no solo van a contar con expertos en la materia, sino que han invitado a seis formaciones para que ofrezcan su modelo electoral: Ciudadanos, Izquierda Unida Canaria, el Partido Independiente de Lanzarote (PIL), Unidos por Gran Canaria, el Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) y el Centro Canario Nacionalista, que carece de actividad.
Pacto por la Democracia
Además, también comparecerá el foro cívico Demócratas para el Cambio, que lleva desde 2007 promoviendo una reforma del actual sistema electoral y que ha impulsado el Pacto por la Democracia, suscrito por la mayoría de los partidos de la Cámara a excepción de CC, PSOE y el partido de Casimiro Curbelo. Se comprometen a modificar el sistema electoral antes de las elecciones autonómicas de 2019, haciéndolo más proporcional en la representación territorial y rebajando las barreras electorales.
Esto significa una revisión de la sagrada triple paridad electoral. ¿Qué implica este sistema? En el proceso de constitución de la autonomía canaria de 1982, se decidió un triple reparto de escaños para dar cobertura a las islas no periféricas. La Cámara canaria está compuesta por 60 diputados, y se asignaron 30 a las dos islas capitalinas y otros 30 a las no capitalinas. A su vez, 15 corresponden a Gran Canaria y 15 a Tenerife. En las no capitalinas el reparto de los 30 diputados otorga tres a El Hierro, cuatro a La Gomera, siete a Fuerteventura, ocho a La Palma e idéntica cantidad a Lanzarote.
Por lo tanto, el esquema actual deja en manos del 17% de la población, que vive en las islas periféricas, la elección de la mitad de la Cámara, mientras el 83% restante, que reside en Gran Canaria y Tenerife, designa a otros 30 diputados. Esto provoca que el voto de un herreño valga 17 veces más que el de un grancanario o un tinerfeño, desproporción que es de once veces más en el caso de un gomero, y entre cuatro y cinco en las tres islas restantes.
Además, en la comisión se revisará la doble barrera electoral. En España éstas varían entre el 3% y 5%. En el Archipiélago se estableció a partir de 1996 que accederían al Parlamento las formaciones que alcanzaran al menos el 30% en la circunscripción insular o el 6% en el marco regional, con lo que los partidos que no llegan a estos porcentajes se quedan fuera de la Cámara, como le ocurrió a Ciudadanos, con el 5,8% de los votos regionales. Estos topes son los más altos del Estado y de Europa.
La comisión de estudio para la reforma electoral se crea supuestamente para corregir esta situación, que favorece a unos más que a otros. CC y ASG muestran un escaso interés por cambiar un modelo que les beneficia. A los nacionalistas, sobre todo, en las islas no capitalinas, pues es donde obtienen la mayoría de sus diputados.
Ambas formaciones parten de propuestas similares: solo rebajar los topes electorales a la mitad, del 30% al 15% insular y del 6% al 3% regional. La triple paridad, ni tocarla, porque supondría "romper Canarias", coinciden.
Defienden que las islas no periféricas deben tener representación territorial al margen de la población, un punto que el resto de organizaciones no discute. Cuestión distinta es si el actual reparto por islas es el correcto o el peso territorial ha de modificarse y dar mayor importancia al criterio poblacional.
CC estudia cambios en este aspecto, pero mínimos, dado que cuando se creó la triple paridad electoral, la realidad era distinta. Ahora Fuerteventura tiene más residentes que La Palma y un escaño menos, y ahí sí podría introducirse un factor corrector.
El resto de formaciones creen que las modificaciones deben ser más profundas, y no solo se han de rebajar los topes electorales actuales, extremo en el que todos están de acuerdo, sino que se ha de revisar la proporcionalidad en el valor de los votos. De modo que, aunque no se llegue a la meta de un ciudadano, un voto, se pueda conjugar una Cámara canaria más representativa de la población, compensando de alguna forma a los territorios con menos habitantes.
Fricciones políticas
Las diferencias en cómo ha de ser el futuro sistema no sólo es un hándicap para alcanzar un consenso, sino que genera fricciones políticas y en los propios partidos difíciles de superar. El pacto de gobernabilidad suscrito entre CC y el PSOE condiciona la reforma, pues los socialistas apuestan además por una lista regional de diez diputados, aumentando de 60 a 70 el número de escaños en la Cámara autonómica, cuestión que permite el actual Estatuto de Autonomía de Canarias.
Una fórmula que CC no ve con buenos ojos, pues daría más poder a las islas capitalinas, aunque esta propuesta esté en la reforma del Estatuto de Autonomía aprobado con los votos de ambas formaciones y que ha sido remitido al Congreso a la espera de que se inicie su debate.
Asimismo, los partidos mayoritarios también han de contar con las aspiraciones de las islas no periféricas, lo que complica conjugar una propuesta electoral que contente a todos.
En la comisión se van a oír múltiples fórmulas, con un camino a la convergencia lleno de espinas. Más teniendo en cuenta que la reforma electoral se puede hacer por dos vías: en paralelo a la del Estatuto de Autonomía, larga en el tiempo, o con un ley canaria que necesitaría el apoyo de dos tercios de la Cámara (40 votos), y que requeriría a más de dos fuerzas políticas.
Unos quieren que se rebajen los topes a la mitad, otros que sólo se mantenga una barrera insular del 3% o el 5%, y hay quienes piden que sea al revés y solo permanezca la regional en el 3%. Unas formaciones demandan que la proporcionalidad territorial varíe en función de la población y hay quienes aspiran al aumento de diez diputados para que se los repartan las islas capitalinas o que formen parte de una lista regional. Las propuestas son múltiples y variadas y la historia muestra las dificultades del consenso en sede parlamentaria.
