El grupo parlamentario Nueva Canarias (NC), que enmendará a la totalidad el proyecto de Ley del Suelo, reclama que un órgano autonómico regional, además de la evaluación ambiental estratégica, también emita un informe de legalidad sobre los planeamientos urbanísticos que aprueben los ayuntamientos.

El presidente de NC, Román Rodríguez, presentó ayer una enmienda a la totalidad de la ley en una rueda de prensa, en la que valoró que el PSOE, en la adenda al pacto de gobierno con Coalición Canaria, haya pedido que la evaluación ambiental de los planeamientos y que las directrices de ordenación la realice la Cotmac o el órgano autonómico que la sustituya.

Rodríguez reconoció que le "sorprende mucho" que un gobierno de coalición proponga un proyecto de ley en el que se elimina la evaluación ambiental estratégica por órganos de la Comunidad Autónoma mientras que sus socios -el PSOE- contradigan en un documento lo que acaban de mandar al Parlamento.

En su opinión, si mantenían diferencias tenían que haberlas dirimido antes de llevar hoy al pleno de la Cámara regional el proyecto de la Ley del Suelo, una propuesta que "subordina el medio ambiente a la coyuntura económica".

Esta situación pone en evidencia "la crisis total" del Gobierno canario, denunció el diputado de NC, a quien le parece "un pequeñito avance" que la evaluación ambiental estratégica la haga un órgano del Gobierno, algo que, dijo, ya estaba en el pacto de gobierno suscrito por CC y PSOE.

Para Rodríguez, la evaluación ambiental estratégica la tiene que hacer un órgano distinto al que apruebe el planeamiento, que serán los ayuntamientos.

Sin embargo, lamentó, el informe de legalidad, en vez de realizarlo también un órgano autonómico regional, lo ejecutarán los ayuntamientos o los tribunales, según recoge el anteproyecto, hecho "rápido, sin diagnóstico, sin participación e imponiendo la versión más conservadora posible, la de los empresarios que están dispuestos a alicatar El Teide o el Roque Nublo".