La distribución del Fondo de Desarrollo de Canarias (Fdcan) deja de nuevo sola a Gran Canaria frente al resto de las islas, cuyos cabildos son favorables al criterio de la triple paridad utilizado para repartir la financiación destinada a las infraestructuras. En sentido contrario sucede con el eje tres de los fondos del ITE, los destinados a empleo, que ha provocado fuertes críticas de los cuatro cabildos presididos por Coalición Canaria, que cuestionan al PSOE por excluirles de los programas dirigidos a los desempleados, a pesar de que habían propuesto la cofinanciación de los mismos.
A esta situación se une la nueva crisis de confianza abierta entre los socios del Gobierno, con declaraciones contradictorias entre unos y otros. El viceconsejero de la Presidencia y secretario general de CC, José Miguel Barragán, dijo ayer sentirse "decepcionado" con los consejeros socialistas porque no han sido "serios y rigurosos" en sus explicaciones y aseguró que sabían los pormenores del acuerdo porque se había debatido en el comité de admisión de los proyectos, sin más objeciones que las de la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
Sin embargo, el consejero de Presidencia y Justicia, Aarón Afonso, indicó que había de plazo hasta el 9 de diciembre para aprobar el fondo y que los consejeros del PSOE habían planteado en el Consejo de Gobierno que no se adoptara aún el acuerdo porque el criterio de distribución no era el pactado. "El presidente del Gobierno conocía nuestras discrepancias", aseguró Afonso.
La pelota está ahora en la mesa de seguimiento del pacto. Barragán aseguró ayer que hasta el momento no han recibido la petición oficial de la nueva gestora del PSC-PSOE, que acaba de ser nombrada por la gestora federal del partido. Por su parte, Afonso indicó que serán los órganos de la formación los que deban adoptar las decisiones.
El secretario de la Mesa del Parlamento canario y expresidente insular de Fuerteventura, Mario Cabrera, exigió al PSOE que ponga sus criterios sobre la mesa "y que lo haga ya porque se nos agota el año y aún no hemos empezado a invertir". Criticó a los socialistas por tener "pirómanos" en sus filas en contra de la continuidad del pacto. Calificó como "acierto" que se haya impuesto la triple paridad para que no haya "una Canarias a tres velocidades distintas".
En este sentido, los nacionalistas están convencidos de que la decisión de los consejeros socialistas de levantarse de la mesa del Consejo de Gobierno se debe más a una estrategia en clave interna de Patricia Hernández de cara a su campaña para hacerse con la Secretaría General del PSOE, que por estar en desacuerdo con el Fdcan. Fuentes de CC advierten que la actitud de Hernández ha provocado un profundo malestar en el presidente Fernando Clavijo y su entorno más cercano por considerar que se está cuestionando el trabajo realizado en los últimos meses por los cabildos y los ayuntamientos.
Por parte del PP, el diputado Miguel Jorge Blanco, vaticinó que el pacto durará toda la legislatura porque después de todas las cosas que CC ha hecho al PSOE desde el inicio del mandato "los socialistas no se han ido". Tachó de "cúmulo de despropósitos" lo sucedido con el Fdcan y reclamó que los 160 millones de euros del ITE salgan ya de los cajones y se destinen a generar iniciativas y obras que generen empleo en las Islas.
Los socialistas también se quejan de que el apartado de la adenda firmada hace tres semanas relativo al Fdcan se incumple, ya que en el mismo se recoge una nueva línea estratégica para incorporar proyectos de inversión vinculados a los servicios públicos fundamentales, es decir, sanidad, educación y servicios sociales. Sin embargo, el secretario de Organización de CC, José Miguel Ruano, puntualizó que será en la evaluación que se haga del fondo a finales de 2017 cuando se introducirán las inversiones en los servicios públicos pero que ahora ya es tarde para hacerlo. Sin embargo, Ruano recordó que "se ha satisfecho la demanda de la vicepresidenta para que el Servicio Canario de Empleo gestione los fondos de empleo".
Recurso de los cabildos
Es en este punto en el que han surgido las críticas de la mayoría de los cabildos, sobre todo los cuatro presididos por CC -Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y El Hierro- además de La Gomera, que encabeza Casimiro Curbelo. Las corporaciones insulares critican que hayan sido excluidas de los fondos de empleo y que sea el Servicio Canario de Empleo (SCE) el que centralice la gestión de estas partidas, un total de 48 millones de euros. Por ello, los cabildos advierten con recurrir esta decisión del Consejo de Gobierno al entender que la Comunidad Autónoma no facilita la descentralización, haciendo una lectura restrictiva de la legislación vigente.
El presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, cree que la vicepresidenta del Ejecutivo, Patricia Hernández, "ha perdido una gran oportunidad" de realizar planes y programas de em pleo "más pegados a la realidad" y que también ha perdido dinero porque ahora los cabildos no se sienten obligados a aportar los fondos que habían propuesto. "Estábamos ante una oportunidad de desarrollar políticas de empleo en cada isla más eficaces porque las del Gobierno ya se han demostrado discutibles, pero la vicepresidenta no lo ha querido así en contra del criterio de CC", asevera el dirigente majorero.
El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, tacha de "grave irresponsabilidad" que el Gobierno canario haya decidido reservarse todos los recursos del Fdcan destinados a empleo para el SCE, un área administrada por la vicepresidenta del Ejecutivo, con el argumento de que los cabildos carecen de competencias en ese área, cuando hace mucho tiempo que trabajan en ese campo. "El PSOE, con la vicepresidenta a la cabeza, pretende una de dos: u otros intereses partidistas, o que el Gobierno se quede con los recursos para mejorar algunas de sus áreas. Y eso es algo que los cabildos, si podemos, no vamos a permitir", sostiene San Ginés.
Por su parte, el presidente insular de Tenerife, Carlos Alonso, critica que el trabajo realizado en la isla entre el cabildo y los ayuntamientos haya sido excluido por el Servicio Canario de Empleo, que quiere utilizar estos fondos para políticas "que no funcionan". Alonso asegura que el Plan de Empleo Social "es un fracaso" porque no genera empleo, por lo que la Corporación tinerfeña mostrará su frontal oposición cuando conozca los pormenores del Fdcan.
En la misma línea se pronuncian La Gomera y El Hierro. Casimiro Curbelo critica que el Ejecutivo haya dejado de lado a los cabildos canarios y recomendó a PSOE "que no haga tanto el ridículo y se dedique a trabajar por los ciudadanos". La herreña Belén Allende cuestiona la visión "cortoplacista" de los socialistas ya que "Canarias se construye descentralizando competencias hacia los cabildos y ayuntamientos, no pensando en cuestiones partidistas o en congresos regionales", en alusión a la situación interna del PSOE.
El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, no se mostró beligerante con el criterio del Gobierno de quedarse en exclusiva con el reparto de los fondos de empleo. En este sentido, indicó que "lo importante es que haya recursos para el empleo en Canarias, no vamos a hacer nunca una guerra mayor por esto aunque nos parezca una cantidad insuficiente. Los criterios son más justos porque tienen en cuenta a la población parada".
Morales aseguró que lo realmente grave de la distribución del Fdcan aprobado por el Consejo de Gobierno no son las políticas de empleo sino los "profundos desequilibrios" del reparto del 75% del fondos, el destinado a las infraestructuras. Aquí Gran Canaria vuelve a quedarse sola frente a las cinco islas no capitalinas y Tenerife, cuyo cabildo se ha mostrado ambiguo a la hora de defender un criterio que sea solidario con las islas menores pero que también pondere la población.
Es en este punto en el que los cinco cabildos no capitalinos hacen causa común al considerar que se ha alcanzado el equilibrio entre la población y el territorio en el reparto final del 75% del Fdcan destinado a las infraestructuras. Fuerteventura, Lanzarote, La Gomera, El Hierro y La Palma defienden el criterio de la triple paridad como el más adecuado para evitar que las islas menores se continúen despoblando, con la mejora de sus servicios y la dinamización de su economía para generar empleo. De hecho, el Gobierno no ha aprobado sus propios proyectos para "multiplicar" los fondos con los procedentes de las corporaciones locales, según explica José Miguel Barragán.
