La situación que se vive en el Juzgado de Instrucción número 8 de la capital grancanaria y en la Sección Sexta de la Audiencia Las Palmas, con magistrados investigados o salpicados por las grabaciones del empresario Miguel Ángel Ramírez y el juez Salvador Alba, preocupa al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya Comisión Permanente ha autorizado una inspección "extraordinaria" a esos dos órganos judiciales.
El CGPJ aprobó la realización de la "visita de inspección presencial extraordinaria" el pasado 17 de noviembre, según la relación de acuerdos adoptados en la reunión de ese día, que están colgados en el sitio web del Consejo. La iniciativa, que es promovida por la Jefatura del Servicio de Inspección, incluye al Juzgado de Instrucción número 6 de Las Palmas de Gran Canaria y al Juzgado de lo Penal número 2 del mismo partido judicial, pero las fuentes consultadas aclaran que la inspección, al ser extraordinaria, está relacionada con las incidencias de los últimos meses que perturban el funcionamiento de la Sección Sexta y del Juzgado de Instrucción número 8 de Las Palmas de Gran Canaria.
Y es que lo habitual, en estos casos, es la elaboración de un plan anual de inspecciones ordinarias, las cuales se pueden hacer de manera virtual o presencial, y siempre en relación a los datos estadísticos aportados por los juzgados sobre la resolución de los procedimientos, la carga de trabajo y los retrasos acumulados. En esta ocasión, sin embargo, el CGPJ ha optado por una inspección sorpresa, esto es, que no estaba prevista entre las ordinarias de este último trimestre. Dicha auditoría se hará a la "mayor brevedad posible", con la intervención de dos o tres inspectores que se desplazarán desde Madrid a la capital grancanaria para analizar el trabajo de esos órganos judiciales, recoge el documento aprobado con la actividad del Servicio de Inspección entre los días 1 de septiembre y 31 de diciembre de este año.
La visita del equipo técnico del Servicio de Inspección, por tanto, se espera para antes de que acabe 2016. De hecho, algunos de los órganos que serán auditados comenzaron ayer a preparar los procedimientos susceptibles de revisión. El Juzgado de Instrucción número 6 pasó recientemente una inspección virtual y del Juzgado de lo Penal número 2 no se conoce ninguna queja o retraso grave en la celebración de juicios y la publicación de sus sentencias. De ahí que el grueso de la actividad inspectora se centre previsiblemente en la Sección Sexta de la Audiencia, de la que forma parte Alba, y del Juzgado de Instrucción número 8, que es dirigido por Victoria Rosell, donde existen conflictos entre magistrados, denuncias que investiga el CGPJ por motivos disciplinarios y diligencias penales abiertas en el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC).
Esas causas afectan, precisamente, a Rosell y Alba por supuestas irregularidades cometidas como jueces instructores durante una investigación por fraude fiscal al empresario Miguel Ángel Ramírez. Alba sustituyó a Rosell en ese procedimiento penal, donde se investiga si el dueño del Grupo Ralons y presidente de la UD Las Palmas ha eludido el pago de unos 30 millones en impuestos, al abonar las horas extraordinarias a sus vigilantes camufladas en dietas. Ramírez, en cambio, niega que exista ánimo de defraudar y cuestiona la veracidad de los informes realizados por los inspectores de Hacienda y la Seguridad Social.
Alba relevó a Rosell en la instrucción de esa causa porque la magistrada dejó el Juzgado de Instrucción número 8 para presentarse con Podemos a las elecciones generales. Luego Ramírez reveló que tenía relaciones comerciales con la paraje de Rosell; el Tribunal Supremo (TS) admitió una querella del exministro José Manuel Soria contra la juez y, finalmente, el empresario hizo pública una grabación hecha a Alba en la que ambos maniobraban contra la ya diputada: Ramírez para tratar de anular la investigación que afecta a su empresa, y Alba para perjudicar la carrera política de su colega. Esa, al menos, es la tesis que sigue la instructora Margarita Varona en el TSJC, donde están imputados ambos magistrados en procedimientos separados.
Alba y Rosell, además, afrontan sendos expedientes sancionadores en el CGPJ. El juez por extralimitarse al investigar a la magistrada por la relación de la pareja de ésta con Ramírez; y Rosell por intervenir en una instrucción en la que había sido recusada por un abogado, Eduardo López Mendoza, quien acusa a Rosell de perseguirlo por defender a un empresario que ha tenido varios pleitos con el compañero de la juez.
En la Sección Sexta de la Audiencia reina, además, un mal ambiente importante: Alba grabó a un compañero que medió a favor de una reunión con Ramírez y, también, a otros colegas mientras tomaban café y hablaban de casos pendientes. El tribunal, además, tiene importantes juicios por corrupción que llevan retraso. Todas esas incidencias serán analizadas por los inspectores del CGPJ en la auditoría extraordinaria prevista para las próximas semanas.
