La expulsión de Juan Manuel Brito de Podemos siembra incertidumbre en el Cabildo de Gran Canaria y deja en el aire el pacto de Gobierno suscrito por Nueva Canarias (NC), PSOE y Podemos. El presidente de esta corporación, Antonio Morales, abordará con la dirección regional de la formación morada y con los propios consejeros insulares de ese partido las repercusiones que puedan existir en el tripartito y en el futuro del propio Brito en la institución, que podría ser apartado de sus cargos de vicepresidente segundo del Cabildo y consejero de Medio Ambiente, Emergencias y Participación Ciudadana.
Morales defiende que no adoptará ninguna decisión sobre la continuidad de Brito en los puestos que ocupa hasta que el partido de Pablo Iglesias le informe de su expulsión definitiva. El presidente insular quiere dejar clara la postura de la institución en el debate que se ha desatado y remarca que "sin la recepción de esa comunicación, el Cabildo no puede poner en marcha ningún tipo de acción".
Sin embargo, a partir de la próxima semana Morales comenzará una ronda de contactos para analizar las consecuencias del nuevo escenario que se presenta. De un lado, se reunirá con el propio Brito para determinar los efectos que su expulsión tienen tanto para él como para el grupo de Gobierno y, de otro, Morales se abre a escuchar la "interpretación" que realiza la formación morada de esta situación.
En juego está la continuidad del pacto. Podemos podría romper la alianza con nacionalistas y socialistas, pero la secretaria de organización del partido en las Islas, Conchi Moreno, señaló hace un par de días que desconoce el rumbo que tomará el partido en el Cabildo.
Eso sí, la formación morada ha dejado bastante clara su postura ante la situación de Brito, al que le han pedido que devuelva el acta y salga de la Corporación insular. El consejero de Medio Ambiente, sin embargo, ha rechazado esta petición y ha anunciado que recurrirá ante la Justicia su expulsión del partido. Mientras, Podemos exige a Morales que aparte a Brito de sus cargos aplicando la Ley de Cabildos y la de Municipios de Canarias de 2015, ideada para evitar el transfuguismo en las instituciones insulares y municipales, y coloque a Brito en el grupo de los no adscritos. La norma recoge que quienes abandonen su partido o sean expulsados de sus formaciones serán considerados "no adscritos", por lo que no pueden obtener el reconocimiento de dedicación exclusiva o parcial y, por ende, no recibirán retribución alguna pese a seguir manteniendo el acta. Además, la ley especifica que las personas que se encuentren en esta situación no podrán ser elegidos para que ocupen puestos directivos en entidades públicas y privadas de los cabildos.
Por otra parte, Morales anuncia que también mantendrá un encuentro con los tres consejeros de Podemos que quedan en el Cabildo: Miguel Montero, Ylenia Pulido y María Nebot. Ésta última, además, es cercana a Brito ya que junto a él impulsó Sí Se Puede en Gran Canaria. La finalidad de esta reunión, según señala la corporación grancanaria en un comunicado, es tener "en cuenta sus valoraciones".
Montero, responsable insular de Educación y Juventud y portavoz de Podemos en la institución, declinó hacer declaraciones sobre este asunto. Sin embargo, sí desveló que aunque la dirección de su partido y Morales hablen de reuniones en los medios de comunicación para clarificar esta situación, a los consejeros de la formación morada no se les ha notificado aún la celebración de ningún encuentro. "Ni la dirección del partido nos ha comunicado oficialmente que se ha expulsado a Brito, ni nos ha citado a una reunión, ni Antonio Morales nos ha convocado", expuso.
Desde el momento en que el Cabildo de Gran Canaria reciba la comunicación de la expulsión de Brito de Podemos, y con el fin de determinar los pasos a seguir ante la aparición de este nuevo escenario, el presidente encargará a los servicios jurídicos un informe para que se pronuncie sobre dos puntos básicos.
Así, la primera cuestión que plantea Morales es si la resolución de la Comisión de Garantías Democráticas Estatal de la formación morada queda paralizada una vez que Brito recurra su expulsión ante los Tribunales. Moreno ya se ha pronunciado a este respecto y descarta esa posibilidad porque la expulsión del vicepresidente segundo de su partido se ha decretado por vía ejecutiva y solo se podría congelar, según apunta, con un auto judicial.
Por otra parte, el presidente grancanario pide que se analice la Ley de Cabildos para que aclare si hay que apartar a Brito de los puestos que ostenta o si la norma permite que siga en el grupo de Gobierno. Hasta el momento se han dado diferentes interpretaciones de la ley. Tras el pleno del pasado viernes, el propio Morales aseguró que los servicios jurídicos de la Corporación avalan la continuidad del expulsado mientras que la oposición entiende que no puede tener competencias.
