El convenio de carreteras recupera este año buena parte de lo perdido en la dotación anual que figuraba en el acuerdo vigente entre Canarias y el Estado. La partida de 175 millones de euros incluida en las cuentas presentadas ayer por el Ministerio de Hacienda casi duplica el incremento con respecto a la consignación de los actuales presupuestos, que fue de 94 millones. Esta subida se produce en el último año de vigencia del actual convenio, revisado y firmado en 2009, y en plenas negociaciones entre el Estado y la Comunidad Autónoma para un nuevo acuerdo en el que figure la deuda acumulada en los últimos cinco años por los recortes y que supera los 700 millones de euros.
En la partida de 175 millones que figura en el proyecto de ley de presupuestos de 2017 se engloban la expropiaciones y las dos cantidades finalistas destinadas a la carretera de La Aldea-El Risco y el anillo insular de Tenerife, como ya ocurrió con las cuentas del ejercicio anterior. En el primer caso se consignan 26,7 millones y en el segundo 15 millones de euros. A estas cantidades hay que añadir cuatro millones de euros de inversión a través del convenio firmado con el Cabildo de La Palma para la mejora de la carretera de acceso al Observatorio del Roque de Los Muchachos.
El vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Obras Públicas, Pablo Rodríguez, señaló ayer en el Parlamento que el incremento de casi el doble en la partida del convenio "va a posibilitar que demos un impulso a muchas obras que hoy están ralentizadas y que podrán avanzar este año" como es el caso de Ofra-El Chorrillo o Chafiras-Oroteanda, en Tenerife.
Rodríguez Valido avanzó que la próxima semana está convocada la comisión bilateral Canarias-Estado para empezar a trabajar en el contenido del nuevo convenio de carreteras, que entraría en vigor en 2018. Los cabildos ya han trasladado sus propuestas y la Consejería de Obras Públicas ha analizado varias infraestructuras "que consideramos esenciales y necesarias para el conjunto de Canarias", añadió el consejero. En el nuevo convenio figurarán obras que están en el anexo III del actual acuerdo que no tienen ficha financiera y otras que, aún estando en el anexo II no se han iniciado y que también engrosarán el nuevo texto a negociar con el Ministerio de Fomento.
Algunas de las obras no previstas en el actual convenio y que podrían figurar en el nuevo serían, por ejemplo, la ampliación de la TF-5 y el soterramiento de la Avenida Marítima, en Las Palmas de Gran Canaria.
El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, aseguró el lunes que se trata del inicio de la recuperación de los convenios recortados o perdidos en los presupuestos estatales desde 2012 y que, en estas cuentas, comienzan algunos de ellos con partidas reducidas porque la Comunidad Autónoma no tiene capacidad para gastar los fondos en menos de seis meses, tras la entrada en vigor de las cuentas de 2017. Es el caso, por ejemplo, del convenio de obras hidráulicas, que pasa de 18,1 a 23 millones de euros o el de Vivienda, de 18,3 a 25 millones.
Los convenios que se habían quedado sin fondos y que ahora resucitan son infraestructuras educativas (10 millones), costas (dos), renovación turística (siete) y plan integral de empleo (42). Solo el último recupera la totalidad de lo perdido hace cinco años.
Puertos y aeropuertos
Las obras en los puertos de interés general del Estado se llevan una parte destacada de las inversiones directas en 2017. La ampliación del puerto de Los Mármoles, en Arrecife, se lleva la partida más importante con 20,8 millones de euros previstos este año, mientras que la nueva dársena de La Esfinge tendrá 11,6 millones y la ampliación del dique Reina Sofía contará con los primeros 5,5 millones.
Por su parte, los aeropuertos de la provincia de Las Palmas dispondrán este año de 50,5 millones de euros de inversión directa.
En los puertos de Santa Cruz de Tenerife la inversión se eleva por encima de Las Palmas por la construcción del puerto de Granadilla, que este año absorbe 57,1 millones de euros por las obras de abrigo del muelle y otras actuaciones. En el caso de los aeropuertos de la provincia occidental, la partida asciende a 43,9 millones.
