Todos los grupos con representación en el Parlamento de Canarias excepto el Partido Popular (PP) han suscrito y registrado una proposición no de ley (PNL) que impulsa la regulación del uso y consumo del cannabis. A falta de la conformación del orden del día definitivo, la iniciativa se debatirá en la próxima sesión plenaria de la Cámara, prevista para los días 9 y 10 de mayo. La ausencia de la rúbrica de los populares se sustenta en que ya en el Congreso de los Diputados se ha creado una subcomisión de estudio sobre este mismo asunto.
El texto, promovido por el portavoz socialista, Iñaki Lavandera, y consensuado con el resto de los firmantes, centra el debate en tres aspectos: el uso terapéutico, la normalización de asociaciones que proliferan por todo el Archipiélago con la marihuana como eje central, y la investigación de los efectos que produce en los consumidores. "El consumo de cannabis es una realidad en Canarias, al igual que el consumo de otras sustancias como el tabaco y el alcohol", explica el texto.
Las Islas, con datos del año 2015 "y, por tanto, inferiores a la realidad", cuentan con un total de 124 clubes cannábicos inscritos oficialmente", señala la PNL. El mayor número de ellos se concentra en Gran Canaria (45), seguida de Tenerife (43), mientras que tanto en Lanzarote como en Fuerteventura existen 18. En las restantes tres islas -La Palma, La Gomera y El Hierro- no hay ninguna asociación de este tipo dada de alta. El propio Lavandera confirmó ayer el incremento de dicho número desde entonces. "La realidad es muchísimo mayor", explicó, y apuntó que Tenerife ha alcanzado ya los 55.
El rechazo popular a sumarse a la iniciativa en la Cámara regional no cierra, sin embargo, la puerta a que finalmente la apoyen. La semana pasada, el diputado popular por La Palma y portavoz de Sanidad del grupo parlamentario, Zacarías Gómez, calificó la medida de "extemporánea" por estar tratándose ya en la Cámara Baja.
En uno de los puntos que somete a resolución, la proposición no de ley declara como objetivo que el Parlamento inste al Gobierno canario y este a su vez al "de España y a las Cortes Generales a promover avances sólidos, tanto en la regulación como en una interpretación jurídica consistente, que permitan progresar de un modo decidido, como están haciendo otros países, por la senda de regular el consumo de cannabis, siempre desde la perspectiva de que se trata de un producto que conlleva riesgos para la salud".
Uruguay legisló sobre esta materia hace años y recientemente se sumó Argentina. Los pacientes holandeses disponen de un programa de cannabis medicinal desde 2003. Alemania, Italia o la República Checa también han dado pasos en este sentido, así como Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Finlandia y más de una veintena de estados de EE UU.
Sin embargo, no todos los objetivos de la iniciativa terminan en el Gobierno central. En dos casos es el Ejecutivo regional el que tendrá que tomar cartas en el asunto para presentar sendos informes ante la Comisión de Sanidad. Uno de ellos, para evaluar "las políticas de prevención, diagnóstico precoz, tratamiento y rehabilitación de las adicciones en Canarias", especialmente las relacionadas con el cannabis. En el segundo caso, el mandato se sustancia en el estudio "y regulación del uso medicinal" de las sustancias que integran la marihuana "en aras a favorecer los efectos terapéuticos" que tienen sobre las personas.
La PNL incide en que, hasta el momento, "las políticas en materia de cannabis han sido principalmente enfocadas a la criminalización y persecución policial y judicial de sus usuarios", estrategia que ha "fracasado de manera rotunda en el mundo", continúa. Por ello, los firmantes entienden "que es imprescindible un enfoque diferente" encaminado a la reducción de riesgos y daños por su uso. Mientras llega un marco legislativo estatal, la iniciativa invita a los clubes de cannabis a establecer "mecanismos de autorregulación, buenas prácticas y colaboración con la administración".
