¿Estamos asistiendo, esta vez sí, a la despedida definitiva de Jerónimo Saavedra de la actividad política en primera línea?
Sin duda. El otro día tuvimos el acto de los supervivientes del 77 y tenía la consciencia de que ha concluido esta etapa de mi vida. No sé cuánto me queda, pero la política me preocupará como ciudadano y aportaré todos los conocimientos formativos a mis compañeros de partido, al que retornaré cuando deje este puesto, pero más cargos orgánicos o públicos ni de broma, aunque me lo pidan.
¿La mejor manera de dejar la vida pública es siendo Diputado del Común?
Después de haber pasado por las tres administraciones -estatal, autonómica y local- esta era una experiencia que no podía prever que tuviese tanto interés, tanto desde el punto de vista político como jurídico y humano porque es una institución que permite conocer como si fuera una radiografía el estado de salud de los ciudadanos y de las instituciones canarias. En las quejas aparece de todo, desde insensibilidades de unos, falta de responsabilidad de otros, mientras que hay casos que es pura carencia de saber convivir. Es una fuente de información humana y social extraordinaria y, además, es una institución que debe ser independiente y creo que lo he practicado a rajatabla. De esta manera la institución gana en prestigio ante los ciudadanos, que la ven como un instrumento de democracia participativa que la enriquece. De hecho, en las democracias más avanzadas se cuenta con herramientas públicas de este tipo. Por supuesto que esta institución completa mi biografía política y humana.
En algunos momentos de la crisis se ha puesto en duda la existencia del Diputado del Común. ¿Usted ha percibido que el desapego de la ciudadanía a la clase política ha afectado a la institución?
Es verdad que hay muchos ciudadanos que no saben que existimos como institución gratuita e independiente para presentar quejas, pero es que yo tampoco dispongo de fondos para hacer campañas de publicidad. Es únicamente a través de los medios de comunicación como hemos podido extender el grado de conocimiento de la población sobre lo que es el Diputado del Común.
¿Hay avances reales en las cuestiones de las que más se quejan los ciudadanos como la lentitud de la Administración o la falta de apoyo y recursos a las familias que peor lo están pasando?
Creo que estamos en vísperas de que haya un notable avance como consecuencia de la superación paulatina de la crisis económica y de que, al disponer de más recursos, se podrá dotar de más dinero a las prestaciones sociales y para cubrir las vacantes del personal que se han producido por jubilación en estos diez años de crisis. Pero, además de la falta de fondos suficientes y de personal, también en algunas ocasiones lo que hay es falta de organización y un ejemplo fue recientemente la expedición de los carnets de familia numerosa donde por la falta de delegación de competencias en las capitales insulares para tramitarlos había listas de espera de hasta seis meses. Las familias afectadas se tenían que trasladar a las dos capitales canarias y los residentes en las islas no capitalinas no podían ir a la capital de su isla a obtenerlo. Esto demuestra que no era un problema de falta de personal sino de no tomar una decisión para que las tramitaciones se hagan en cada isla.
¿Le hacen caso las administraciones a las que ha acusado de obstruccionismo?
El obstruccionismo no es más que una sanción moral que no tiene muchos más efectos, se les da cinco días de plazo para que dejen de ser obstruccionistas con la advertencia de que se les puede enviar a la Fiscalía porque se puede considerar un desacato a la institución. De todas formas, estoy enviando más asuntos a Fiscalía por documentación de la que se puede derivar responsabilidades penales que por obstruccionismo.
¿Se considera un superviviente de la política por haber podido capear todos los temporales con los que se ha enfrentado?
Pues sí. Por lo que aprecio de los ciudadanos y de las declaraciones que hacen he logrado ser respetado y eso en política es el mayor premio que uno puede recibir. Esta valoración la genera el no sectarismo y el respeto a las minorías que he intentado ejercer en mis años de actividad política.
A raíz de los 40 años de las primeras elecciones democráticas usted criticó a los revisionistas de la Transición. ¿Cree que es preocupante lo que está pasando en este sentido?
Hay fuerzas políticas, dirigentes, algunos periodistas e incluso historiadores que inventan una Transición que no fue y como no la vivieron han querido deformarla. Lo mínimo es preguntar a los que protagonizamos esa etapa qué es lo que hicimos porque he llegado a leer que la Transición la hicieron cuatro políticos y el Rey que se reunieron y se pusieron de acuerdo. Decir estas cosas hoy por personas que ignoran lo que es una dictadura de 40 años, que no se sabía el comportamiento que iba a tener el Ejército y que teníamos el problema del terrorista de ETA es de una ingenuidad y perversión tremenda porque la revolución más próxima que tuvimos los españoles en la época fue la portuguesa y fue el Ejército el que hizo la revolución y no la gente en la calle. Ante este tipo de informaciones me pregunto a quiénes van a creer los historiadores en el futuro. También lo que hay es una falta de precisión en el lenguaje que usan determinados dirigentes políticos, que en lugar de de decir que hay que reformar la Constitución afirman que hay que hacer una nueva transición política. ¿De qué hablan? Una transición es pasar de una dictadura a una democracia, dejen tranquilo el término y hablen qué hay que reformar de la Constitución porque se requiere un consenso muy alto y el Parlamento actual está muy fragmentado.
¿Pero no cree que es necesario revisar algunos de los fundamentos de la Transición para avanzar ante situaciones como las que se plantea en Cataluña o con la financiación de las comunidades autónomas?
Se han ido aplicando cambios normativos que han afectado, entre otros, al Tribunal Constitucional, que también ahora puede juzgar actitudes y delitos pero que habrá que valorar si es suficiente. En el asunto de la financiación autonómica se han generado desigualdades y es muy difícil encontrar un sistema que satisfaga a todos. Para repartir hay que tener más y en una época donde todavía hay un déficit que hay que reducir por imperativo de la UE, parece que poco dinero más se puede poner en la bolsa a repartir. Siempre hay que intentar negociar, lo que sí hay es mucho gesto y pantalla pero habría que buscar propuestas concretas. Es complicado negociar con partidos políticos que no quieren ser españoles y encima son una minoría.
¿Usted defiende el mismo modelo federal del PSOE?
El federalismo no pone patas arriba el modelo que tenemos hoy. Somos ya federales porque las comunidades autónomas pueden llamarse así al ser como los estados que hay en la Alemania federal. Estoy leyendo a algunos defensores de la plurinacionalidad que no saben lo que significan los términos en otras lenguas como es el caso del land alemán. Todo habría quedado resuelto conforme al artículo 2 de la Constitución que garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones.
Pero el PSOE también defiende ahora la plurinacionalidad del Estado español.
Yo no estoy aquí defendiendo a ningún partido ni propuesta. Estoy planteando el gran galimatías lingüístico y político que estamos padeciendo en España porque se usan las palabras sin pararse a saber el significado de términos como nación, estado o nacionalidad en la historia del Derecho. Hay poco rigor en el debate político y eso es lo que lamento y echo en falta quizá porque nosotros lo tuvimos más fácil ya que era o democracia o dictadura.
La socialdemocracia está en crisis en Europa. ¿Ve razonable la posición del PSOE de ir a captar el voto de la izquierda? ¿Qué futuro le espera tras la experiencia de Francia?
Lo que pedimos hoy los que nos sentimos socialdemócratas es recuperar las cuotas de bienestar que la crisis nos ha quitado a la mayoría de los ciudadanos. ¿Es posible en España lo que está experimentando Portugal de un partido en minoría apoyado en el Parlamento por partidos de izquierda? Pues no lo sé, son las generaciones actuales las que tienen que determinar sin sectarismo ni fanatismos los problemas que tienen el ciudadanos y las soluciones que le ofrecen para recuperar las cuotas que la socialdemocracia consiguió poner en marcha. El tema es mucho más complejo pero en la democracia siempre hay alternativa y el ciudadano la tiene en sus manos cada cuatro años.
Usted fue censurado en 1993 por un partido, Coalición Canaria, que sigue gobernando las Islas. ¿Cree que la política canaria ha avanzado o se ha estancado?
El lenguaje político no ha avanzado en algunos aspectos, incluso ha retrocedido. Hay un claro rejuvenecimiento del insularismo y eso no es bueno para la política canaria ni para los canarios porque detrás el insularismo está la desigualdad. Lo único que corrige la desigualdad es el Gobierno autonómico y el Parlamento, eso lo deberían tener claro los dirigentes de todos los partidos. Esta sería una comunidad fracasada si volvemos otra vez a que salgan los presidentes de los cabildos y nadie reacciona ni corta de raíz. Cuando se rasgan las vestiduras porque alguien proclama que ya la triple paridad carece de sentido es que el que la defiende cree que Canarias sigue exactamente igual que en 1982 cuando se aprobó el Estatuto de Autonomía y se eligió el primer Parlamento. Tienen muy mala memoria para saber cuál era la situación de Fuerteventura y el resto de las islas no capitalinas en materia de sanidad, educación, transportes, etcétera. ¿La triple paridad resolvió eso o es que había fuerzas políticas con vocación de hacer iguales a los canarios de todas las islas? Esa es la cuestión y no cuántos parlamentarios elige una isla u otra. Por eso nosotros siempre defendimos que a las circunscripciones insulares hay que añadirles una lista regional como en el sistema alemán.
Se lleva más de 20 años hablando de la circunscripción regional pero el hecho cierto es que aún no se ha creado.
Esta es una de las posibilidades para corregir la desproporcionalidad, que es el tema más grave de la triple paridad. En la actualidad no veo avances sino comisiones, una reforma del Estatuto que se encuentra en el Congreso y un cierto barullo.
¿Cree que la Comunidad Autónoma está consolidada o el insularismo socava la madurez autonómica?
En la primera legislatura hubo resistencia por parte de determinados sectores y algún medio de comunicación a lo que significaba ser una comunidad autónoma como territorio unido. Creo que este sistema no se ha visto alterado salvo en los episodios que suceden ahora y que mencioné antes. La comunidad está asumida por los canarios, de eso no cabe duda. De las competencias que restan por traspasar a Canarias la más importante es la de los aeropuertos, porque a nadie se le ha ocurrido aquí pedir las competencias en instituciones penitenciarias como ha hecho Cataluña. Está por definir el modelo de gestión compartida de los aeropuertos pero por medio está el proceso de privatización de AENA, que es un fenómeno europeo. En Francia, pese a ser tan centralista, los aeropuertos se gestionan de forma bastante autónoma por sociedades.
¿Pero no cree que el solapamiento de competencias entre la comunidad, los cabildos y los ayuntamientos perjudica la visión que tienen los canarios de la autonomía?
En el año 2014 se aprobaron dos leyes muy importantes por unanimidad, la ley de cabildos y la ley de municipios. Ahí hay una oportunidad pero no se ha tomado ningún tipo de iniciativa. Ahora hay pendiente una Ley de Servicios Sociales y se dice que ahí se definirá qué administración gestionará la dependencia, el servicio de ayuda a domicilio, etcétera. Parece que hay una cierta rutina o miedo porque se habla de fortalecer las islas, pero después se es incoherente porque se reclaman cosas para el titular mediático pero no se reclama la racionalización de la distribución de competencias que esas leyes permiten y que sí mejorarían los servicios que se prestan al ciudadano.
Usted hablaba antes de Canarias como nacionalidad pero las Islas siguen sin tener un Estatuto de Autonomía adaptado a los nuevos tiempos. ¿A qué cree que se debe?
Ha influido el resultado de las elecciones generales. El proyecto de Estatuto estaba en las Cortes y tuvo que decaer, por lo que hubo que volver a reiniciar el procedimiento. Esta es la principal razón de la lentitud, además del interés de las fuerzas políticas de ampliar los plazos de enmiendas continuamente, lo que alarga su entrada en comisión.
¿No tienen también su parte de responsabilidad el PP y el PSOE que, de alguna manera, han estado en el Gobierno en diferentes etapas y no han sido capaces de cambiar el sistema electoral?
El sistema electoral nunca ha sido posible cambiarlo con gobiernos de coalición, que ya empezaron en Canarias con el pacto de progreso en el año 1985. Recuerdo que el PSOE tenía 27 diputados en aquel Parlamento y estuvimos a punto con el apoyo de Alianza Popular, hoy PP, de ir a la reforma del sistema electoral y nos quedamos parados porque había un voto del Partido Comunista -el entonces alcalde de Santa Cruz de La Palma, Antonio Sanjuán- y como apoyaba el pacto de progreso impedía modificar el criterio clásico de las islas no capitalinas de que la triple paridad es intocable. Después cuando vino Coalición Canaria ya no hubo ninguna posibilidad de cambiarlo porque para ellos este tema es tabú. Aquí el PP y el PSOE nunca se han puesto de acuerdo y seguimos con el mismo problema porque son 40 votos los que hacen falta para cambiar el sistema electoral. Ese blindaje viene de la época de la UCD y la gran desconfianza que había en su interior.
