La posibilidad real de una reforma de la Constitución de 1978 se abre paso. La crisis en Cataluña por el proceso independentista ha llevado a las principales fuerzas políticas españolas a considerar que ese puede ese el camino para resolver la situación política e institucional más grave de toda la etapa democrática. El pacto entre el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y el líder del PSOE, Pedro Sánchez, para activar a corto plazo la reforma constitucional abre todo un nuevo escenario al debate territorial en España y, de concretarse, supondría modificaciones muy importantes del actual marco autonómico y de las relaciones entre las administraciones territoriales entre sí y de éstas con el Estado. En este marco, la mayoría de las fuerzas políticas canarias saludan con moderadas expectativas la posibilidad de que suponga también un salto importante en el encaje de Canarias en el conjunto del Estado.

De entrada, todos los partidos canarios, salvo Ciudadanos, ya habían apoyado la creación en el Congreso de una comisión de estudio del marco territorial propuesta por el PSOE y que ahora el propio Rajoy ya asume como una especie de embrión de la que saldría una propuesta inicial.

El punto de partida, en todo caso, es aún muy genérico y crea dudas sobre el alcance de esa reforma. Los socialistas son los únicos que disponen de propuestas más o menos elaboradas al respecto, que pivotan sobre dos elementos claves: el del reconocimiento de España como un "Estado plurinacional" o "nación de naciones", que implicaría la reforma del artículo 2 de la Carta Magna pero manteniendo la soberanía en el conjunto del "pueblo español", y una revisión profunda del Título VIII y la reconversión del actual Estado de las Autonomías en un Estado Federal, que reconocería y recogería de una forma más rotunda las singularidades de todos los territorios tales como la lengua propia, la cultura, la foralidad, los derechos históricos, la organización territorial o las peculiaridades históricas de derecho civil.

En Canarias las singularidades a tener en cuenta serían la insularidad, ya reconocida en el actual texto, y la ultraperificidad, no incluida aún, que reforzarían el reconocimiento del Régimen Económico y Fiscal (REF) y sus efectos sobre las políticas estatales en el Archipiélago.

Federalismo

Las consecuencias concretas del reconocimiento de todas estas singularidades en el conjunto de territorios se expresarían en términos de autogobierno de cada uno de ellos, lo que de facto deviene en lo que se ha dado en llamar "federalismo asimétrico". Así, los efectos en las Islas de esa posible reforma constitucional estarían condicionados por el alcance que finalmente se acordara dar al cambio de modelo territorial y a una posible nueva tanda de transferencia de competencias desde el Estado a los territorios, o únicamente a algunos de ellos en función de sus singularidades.

También quedaría todo a expensas sobre los efectos de ese nuevo marco territorial en el engranaje de la solidaridad interterritorial en el funcionamiento de las balanzas fiscales entre el Estado y los poderes 'federados', y por tanto en el futuro sistema de lo que ahora se llama "financiación autonómica".

Coincidiendo con el desafío catalán y con el debate sobre la posible reforma de la Carta Magna, Canarias tiene abiertos precisamente dos procesos de reforma que incidirían de alguna manera en el futuro encaje canario en el Estado: por un lado la modificación de los aspectos económicos del REF y, de ora arte, la propia reforma del Estatuto, que se podría quedar desfasada si se aprueba justo cuando por fin se abre el melón constitucional.

Independientemente de como evolucione ese proceso, Canarias tiene un objetivo primordial al respecto: blindar el REF y hacerlo de obligado cumplimiento por encima de contextos políticos y económicos.

Una de las cuestiones que se plantean es la necesidad de que la Carta Magna establezca hasta qué punto el REF obliga al Estado a recoger en sus cuentas anuales unos porcentajes de gasto e inversión, superando así la interpretación que ha hecho el Tribunal Constitucional, en sendas sentencias de 2013 sobre recursos del Gobierno de Canarias a los Presupuestos del Estado del 2018 y del 2012, de que es al Estado "al que corresponde en exclusiva, atendiendo a la totalidad de los instrumentos para la financiación de las comunidades autónomas, a las necesidades de cada una de estas y las posibilidades reales del sistema financiera, decidir si procede dotar en en qué cuantía las asignaciones en virtud de sus competencias".

Esto ha llevado a sostener a muchas formaciones en las Islas, especialmente las nacionalistas, que la crisis económica ha acentuado el hecho de que el poder legislativo y financiero estatal ha vaciado de contenido la Disposición Adicional Tercera, ignorando su fundamento histórico.

Sobre esta premisa, el nuevo escenario lleva a los nacionalistas, posición en la que ya no le siguen otras formaciones, a reclamar que la reforma constitucional hacia un Estado federal será el marco idóneo para demandar un Estatuto especial para Canarias como forma de hacer viable un desarrollo sostenible en condiciones de dificultad en un territorio situado en el Atlántico medio, y cuyas singularidades debe otorgarle y reconocerle constitucionalmente no sólo medidas compensatorias de política estatal, sino instrumentos propios de autogobierno en materia por ejemplo de delimitación y control de espacios marítimos o de acción exterior en África.