La propuesta de resolución que proclama la independencia de Cataluña, firmada por los dirigentes de Junts pel Sí y la CUP, Lluís Corominas, Marta Rovira, Mireia Boya y Anna Gabriel, y aprobada por el Parlament el pasado viernes 27 de octubre a las 15.27 horas por 70 votos a favor, 10 votos en contra y dos abstenciones, no proclama la instauración de la República catalana, sino que, en este aspecto insta al Govern de Carles Puigdemont a proclamarla.

Así se desprende de la propuesta de resolución, que se corresponde con el mismo texto que los diputados de ambos grupos independentistas firmaron el pasado 10 de octubre después de que el propio Puigdemont suspendiera dicha declaración de independencia con el objetivo de abrir el diálogo y negociar una solución pactada.

Las resoluciones redactadas en la propuesta son muy amplias y el texto fija un plazo de 15 días para la constitución de un "consejo asesor del proceso constituyente" y convocar elecciones constituyentes una vez culminadas todas las fases de dicho proceso.

Sin embargo, aunque la enumeración final de motivos presenta a la cabeza y con rotundidad el siguiente enunciado: "Constituimos la república catalana, como Estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social", a este le sucede hacia el final de la nómina un llamamiento al Govern a desplegar la ley de transitoriedad, que establece un periodo transitorio de aproximadamente un año para crear una Constitución catalana y convocar las primeras elecciones de la República catalana. "Instamos al Govern de la Generalitat a adoptar las medidas necesarias para hacer posible la plena efectividad de esta Declaración de independencia y de las previsiones de la Ley de transitoriedad jurídica y fundacional de la República", recoge el texto.

Dicha ley indica que es el Ejecutivo catalán el que detalla el despliegue, de manera que las propuestas de resolución establecen los pasos a seguir para emprender el nuevo camino de Cataluña como estado independiente y, luego, se insta a la declaración del inicio y apertura del proceso constituyente, en el que se dibuja el escenario de las futuras elecciones.

Por lo tanto, la aprobación de la propuesta de resoluciones en el Parlament no equivale en ningún caso a la proclamación de la República catalana, sino que se sitúa en el umbral del horizonte, acaso para eximirse o reducir las responsabilidades penales o económicas.

Con todo, entre las medidas más destables de la propuesta aprobada se incluye la demanda de "abrir una investigación para determinar las responsabilidades del Gobierno español" en los incidentes del referéndum celebrado el 1-O.