La grave crisis social y económica en que los secesionistas catalanes han sumido a Cataluña ha extendido sus tentáculos por el resto de las comunidades autónomas. Un problema alimentado desde la política y las instituciones catalanas, con el Govern y su expresidente Carles Puigdemont a la cabeza, que se ha convertido en una clara muestra de hasta qué punto las decisiones de la clase dirigente repercuten en el bienestar de las familias y las empresas, y no solo en el bienestar de los hogares y negocios de la región directamente afectada, sino también en el de los conciudadanos del resto del país. Y Canarias y sus habitantes no son una excepción, ni mucho menos. Tan es así, que el desafío y la incertidumbre que los separatistas catalanes han arrojado contra el Estado les costarán a los isleños alrededor de 274 millones de euros, una cantidad que representa solo una parte de la enorme factura que los independentistas han endosado a todos los españoles.
Ha sido el propio titular del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, quien ha dado a conocer públicamente cómo influirá la crisis catalana en el rumbo de la economía, en los presupuestos generales del Estado y, con estos, y en última instancia, en los ciudadanos del conjunto del país. Cómo, en definitiva, se cumple la premisa de que el aleteo de una mariposa puede sentirse al otro lado del mundo, aún más cuando Cataluña y las otras 16 comunidades autónomas del país están tan estrechamente relacionadas social y económicamente. En otras palabras, y tal como explica el economista Fernando Redondo, expresidente del Consejo Económico y Social (CES) de Canarias, no debe sorprender que la menor facturación de las empresas catalanas, la pérdida de turistas o la desaceleración de su economía desemboquen, por ejemplo, en una menor inversión del Estado en el Archipiélago.
En el cuadro macroeconómico que el Gabinete que preside Mariano Rajoy envió semanas atrás a la Comisión Europea junto con el borrador de los presupuestos para el próximo ejercicio, el Gobierno calcula el crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) en 2018 en un 2,3%. Ya entonces el Ejecutivo central calificó de "muy prudente" esta previsión. Aunque no ahondó especialmente en los porqués, la deslocalización de empresas ya había comenzado en Cataluña, la preocupación de las pymes de la región mediterránea crecía al mismo ritmo que lo hacía el desafío de Puigdemont, Oriol Junqueras, Carme Forcadell y demás arietes proindependentistas y los servicios de estudios de organismos de medio mundo empezaban a alertar sobre lo que estaba por venir en términos sociales y económicos. Pero este último lunes, tras la reunión de ministros del Eurogrupo celebrada en Bruselas -en Bélgica se encuentra, paradójicamente, el susodicho Puigdemont, que trata de retrasar su comparecencia ante la Justicia española-, Luis de Guindos sí explicó en detalle cuánto ha empeorado el desafío de los secesionistas el horizonte económico del país.
"Para este año hemos previsto el 3,1% [de crecimiento del PIB]. Y para el que viene, si no hubiéramos tenido la cuestión catalana, nos hubiéramos ido no al 2,6, sino al 2,7 o 2,8%. Calculamos, por tanto, un impacto de cuatro o cinco décimas", expuso el ministro de Economía, Industria y Competitividad, que admitía así que el impacto negativo en el PIB y la economía nacionales es de unos 6.000 millones de euros, es decir, de unos 130 euros per cápita. Dicho de otro modo: la situación provocada por los independentistas catalanes le costará 130 euros a cada uno de los 46,5 millones de ciudadanos españoles.
Aproximadamente 6.000 millones de los cuales poco menos de 274 millones de euros son la parte alícuota que les toca asumir a los ciudadanos de Canarias. ¿Significa esto que cada isleño perderá directamente esta cantidad de sus bolsillos? Obviamente no. Pero sí significa que los residentes en las Islas, como los residentes en todas y cada una de las 17 comunidades autónomas, tendrán que soportar indirectamente una merma en la economía y, por ende, en los presupuestos públicos.
No en vano, la evolución económica influye sobremanera en las cuentas. Para entenderlo basta con recordar que siete de cada diez euros que ingresan las arcas públicas estatales proceden de las cotizaciones sociales y de impuestos directos, básicamente del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Sociedades. Así que la mayoría de los ingresos depende en alto grado de cómo de bien les vaya a las empresas y a los trabajadores, de ahí que una sacudida como la que ha producido la crisis catalana reste medio punto al crecimiento del PIB y, con este, reduzca los ingresos públicos. Y si hay menos ingresos, el fin de la ecuación es evidente: también habrá menos gasto público, algo que redunda en perjuicio del conjunto de la sociedad.
Afecta a todos
"Afecta a los presupuestos generales del Estado, y de esto no se escapa nadie", resume el expresidente del CES. "No se trata de que te quiten esos 130 euros de los bolsillos, claro que no, pero sí te va a repercutir en una parte proporcional a través de los presupuestos; te va a afectar, por ejemplo, por la menor inversión, o incluso por la regla de gasto, que puede ser más restrictiva", detalla el economista.
Fernando Redondo recuerda que el sistema económico supone todo un entramado interrelacionado hasta extremos a veces difíciles de observar a simple vista, un entramado que puede debilitarse por las decisiones políticas en varios de sus pilares. En este sentido, el caso de Cataluña es paradigmático, ya que el desafío independentista ha degenerado en un daño económico sin precedentes.
"En el sistema que tenemos, un boicot al cava catalán, por ejemplo, afecta de lleno a empresas de Extremadura", comenta Redondo. El origen del problema sería político, se trasladaría luego a las empresas y de estas, a los trabajadores, y el daño a las empresas y los trabajadores afecta al consumo y a los ingresos públicos vía impuestos. Al final, pues, pagan todos los ciudadanos.
