El Gobierno de Canarias anunció ayer la convocatoria de la contratación de la vigilancia y seguridad en los edificios de la Administración de Justicia canaria. La convocatoria incluye como requisito de obligado cumplimiento para las empresas candidatas la aplicación de las condiciones del último convenio colectivo estatal del sector o uno de empresa si lo mejora. Además, el concurso prohíbe la subcontratación parcial.
El presupuesto es de nueve millones de euros, con una vigencia de dos años prorrogable por otros dos. Según señaló en un comunicado el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Cesáreo Rodríguez, la convocatoria "busca dificultar la eventual adjudicación a empresas que, pudiendo cumplir los requisitos técnicos, incumplan las obligaciones que tienen frente a sus trabajadores".
El pliego detalla la aplicación de las tablas salariales y la fecha de pago de las nóminas y establece sanciones en caso incumplimiento que pueden llegar a la resolución del contrato. La Consejería de Presidenncia, Justicia e Igualdad del Gobierno canario indicó que el presupuesto "está calculado de forma que se garantiza la posibilidad de la empresa para hacer frente a las retribuciones en las condiciones señaladas".
La empresa deberá subrogar al personal conforme a convenio que actualmente presta el servicio y cumplir las disposiciones vigentes en materia laboral, de Seguridad Social y de seguridad e higiene en el trabajo.
