El Gobierno de Canarias empieza a impacientarse ante los continuos retrasos en la tramitación de la vertiente económica del Régimen Económico y Fiscal (REF) de la Comunidad Autónoma. Ante el bloqueo que sufre la reforma, atascada en el Congreso de los Diputados en el trámite de las enmiendas parciales, el Ejecutivo autonómico exhortó ayer al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, a "acelerar" el procedimiento y, en definitiva, a evitar "que se dilate aún más en el tiempo".
La propia consejera de Hacienda del Gobierno regional, Rosa Dávila, hizo hincapié al término del Consejo de Gobierno celebrado en Santa Cruz de Tenerife en que ya ha pedido a la vicepresidenta del Gabinete central, Soraya Sáenz de Santamaría, que destrabe de una vez por todas la situación. Es más, Dávila mantuvo en la tarde de ayer una conversación con Montoro en la que le trasladó la importancia de que no se siga dilatando la presentación de enmiendas. Incluso, los contactos entre ambos gobiernos dejan la puerta abierta a que la Mesa del Congreso cambie hoy el escenario previsto, es decir, que no prorrogue más el plazo de presentación y se recojan ya las enmiendas parciales. Eso sí, no será hasta hoy mismo cuando se sabrá si finalmente se acelera el proceso o si, por el contrario, la Mesa decide una nueva ampliación que ayer se daba por descontada antes de la conversación entre Dávila y Montoro.
De hecho, la Mesa del Congreso, a expensas de ese posible cambio de última hora, tiene previsto decidir hoy ampliar una semana más el plazo de enmiendas parciales al proyecto de ley de reforma de los aspectos económicos del REF canario, lo que confirmaría de esta forma la imposibilidad absoluta de que su tramitación vaya a iniciarse antes del próximo mes de febrero. La decisión del órgano parlamentario se va a adoptar, en principio, a petición del PP, el PSOE y Ciudadanos y supone la décimo segunda vez que se produce desde que el proyecto fue remitido a la Cámara tras su aprobación por el Consejo de Ministros a finales de junio. Los grupos parlamentario siguen esgrimiendo que la razón de estos aplazamientos en la tramitación es la búsqueda de un total consenso en las propuestas de modificación de texto original, así como el hecho de que la agenda del Gobierno central se vea condicionada por la situación en Cataluña y las elecciones en esa comunidad autónoma el próximo día 21, lo que imposibilita al ministerio de Hacienda y Función Pública y resto de departamento implicados a supervisarlas para determinar su coste, según reconocen distintos portavoces.
La nueva ampliación del plazo abocaría ya sin ninguna discusión a retrasar la ponencia y el debate en comisión al próximo periodo de sesiones del Congreso en febrero, tras el paréntesis navideño y el habitual cerrojazo parlamentario del mes de enero. Esto significa que la aprobación definitiva del nuevo REF económico no se produzca hasta la primavera, lo que implica un retraso de al menos tres meses respecto al calendario previsto inicialmente tanto por el Gobierno de Canarias como por el Ejecutivo central. La decisión de ayer de la Mesa del Congreso, de no cambiar in extremis, no varía sin embargo demasiado las cosas respecto a la semana pasada, cuando la décima ampliación del periodo de enmiendas ya dejaba claro el retraso de la tramitación y la imposibilidad de tener el nuevo texto para principios de año.
