El nuevo convenio de carreteras parecía un asunto prácticamente cerrado ¿por qué se reabre ahora con polémica?
Todos eramos conscientes de que el 31 de diciembre de 2017 finalizaba el convenio firmado en 2006 y que era absolutamente necesario volver a contar con un nuevo acuerdo en materia de carreteras. Desde hace diez meses llevamos manteniendo reuniones con el Ministerio de Fomento para negociar un nuevo convenio, el diálogo ha sido fluido y no hemos encontrado un muro para alcanzar un acuerdo. Pero lo cierto es que estamos a febrero de 2018 y no se ha firmado, cuando están todas las obras pactadas y hay un consenso general para que se ratifique cuanto antes.
¿Cree que el actual contexto político del Estado está condicionando la firma?
Desde el punto de vista jurídico y administrativo no existe ningún condicionante que impida firmar el convenio cuanto antes. Es evidente que desde el punto de vista político las estrategias partidistas de algunos pueden influir en si es mejor firmarlo ahora o más adelante. Creemos que este asunto, vital para el Archipiélago, es de Estado y el compromiso debe ser que, igual que el PP se compromete a financiar con 5.000 millones de euros las carreteras de titularidad estatal o con el tren de alta velocidad, el mismo compromiso exigimos con Canarias porque debemos recordar que algunas de las vías son vitales por temas de seguridad -caso de La Aldea- o para el desarrollo económico de las islas capitalinas o de Fuerteventura, por ejemplo.
¿La firma de la adenda en diciembre para prorrogar el convenio anterior no ha supuesto una interferencia en la negociación del nuevo?
Al principio de las conversaciones planteamos hacer un solo documento que incluyera la finalización de las vías en ejecución y también las nuevas carreteras que han priorizado los cabildos. Después del verano se decidió que era mejor hacer una adenda que permitiese continuar con las más de diez obras que provienen del anterior convenio que no han finalizado y, por otro lado, firmar un nuevo convenio. Una cosa no tiene que limitar la otra porque la adenda tiene un objetivo que termina en 14 meses. Aquí hay que recordar de nuevo que el Estado de forma unilateral decidió recortar el convenio y ha sido ahora cuando el Supremo ha fallado que el Estado tiene que devolver esos fondos.
¿La capacidad de ejecución anual de los fondos no ha condicionado también en ocasiones la marcha de las obras?
Tenemos que fijarnos en el convenio anterior y el cómputo de ejecución es que el Estado transfirió 700 millones menos de lo pactado en la adenda de 2009 y Canarias ejecutó más dinero del que transfirió el Estado porque aportó recursos propios, dado que con los recortes se ponía en riesgo la paralización de las obras. La ejecución del convenio anterior es del 130%, es decir, no tenemos un problema de ejecución con el convenio de carreteras pero lo que sí está acreditado es que el Estado no cumplió su parte del convenio y eso es lo que ha sentenciado el Supremo, lastrando el ritmo de las carreteras desde 2012. En lo que nos hemos centrado en 2017 y lo que llevamos de 2018 es en despejar los obstáculos para tener los proyectos preparados para licitar desde que se firme.
Y con este precedente ¿de qué manera garantiza el Estado que no volverán nuevos recortes?
El Supremo mantiene que aquellas condiciones que se pactan tienen que cumplirse. Es verdad que pueden existir razones para cambiar un acuerdo pero lo que no se puede hacer es de forma unilateral y sin olvidar que, mientras el PP recortaba fondos a Canarias, se invertían miles de millones de euros en carreteras en Galicia o se gastaban 200 millones en instalar la wifi en el AVE. Si en vez de hacerlo de forma unilateral hubiese reunido a la comisión bilateral y hubiera pactado cantidades distintas y reprogramado el convenio quizá no habría pasado lo que terminó sucediendo y de ahí la sentencia judicial.
¿Por qué el presidente regional del PP ha puesto en cuestión ahora la ejecución del convenio y la falta de proyectos?
En primer lugar lo hace desde un profundo desconocimiento, que no sé si es intencionado o no. En segundo lugar creo que tiene mucho que ver con la ruptura del consenso en torno a las enmiendas del REF, concretamente algo tan vital como es el descuento del 75%. Pero más allá de eso no voy a centrarme en este tipo de polémicas sino en seguir trabajando, sacar adelante proyectos para poder licitar y en tener un convenio más justo con Canarias. Nosotros trabajamos, otros se centran más en el ruido.
Pero cuesta creer que Asier Antona hable por libre después de haberse reunido con Fomento y Hacienda ¿no está transmitiendo también la opinión de estos dos ministerios?
Nosotros tenemos una buena relación con el Ministerio de Fomento. Ellos saben a través de la comisión mixta y han certificado lo que Canarias ha invertido en carreteras en los últimos años y conocen muy bien todo el proceso de negociación de los últimos diez meses. Además saben diferenciar lo que es una adenda, que es la prórroga del convenio anterior, y lo que es un nuevo convenio con otras carreteras que sí son nuevas y que no se han iniciado. Por eso creo que no está siendo portavoz de lo que piensan en el Ministerio.
¿No estará preparando el camino por si se dilata la firma del convenio y así tener la justificación a la misma?
Espero que no esté poniéndose la tirita ante la posibilidad de un incumplimiento por parte del Gobierno de España de un acuerdo que está firmado en la agenda canario y que es de justicia para Canarias. Espero que no sea eso y que realmente reme a favor, como el resto de las instituciones, en tener un nuevo convenio que dé respuesta a las necesidades de infraestructuras viarias en todas las islas.
¿La Consejería ha introducido carreteras aunque no estuviesen en los listados de los cabildos?
Sí. Un caso es la Vía Tangencial de Telde, que fue incorporada por el Gobierno de forma directa porque entendíamos que ya había un plan territorial aprobado, que es una necesidad vista la congestión de la GC-1 y que siempre ha sido una prioridad para el Gobierno. De todas formas, las prioridades de los cabildos han sido consensuadas entre los presidentes de los cabildos y el Gobierno canario.
La oposición le ha reprochado en el Parlamento que no haya sido más contundente con Fomento en las negociaciones del convenio y en la firma del mismo ¿qué tiene que decir?
Uno cuando negocia espera que el que tiene enfrente cumpla con su palabra. Evidentemente cuando pasan los meses y no tenemos firmado el convenio es cuando alzamos la voz. Creo que hemos comparecido tantas veces en el Parlamento porque hemos ido alzando la voz ya que los meses pasan, las propuestas y borradores se van sucediendo y no tenemos convenio. Sigo esperando que en el marco de los acuerdos entre Canarias y el Estado se rubrique y estoy convencido de que se firmará, por eso vamos a seguir dialogando y llegando a entendimientos para que se haga cuanto antes.
¿Si se dilata la firma más allá de lo que ustedes esperan seguirá durando hasta 2025?
La duración es la misma, no va a cambiar. Ahora mismo el dinero que tenemos disponible en la Consejería son los 101 millones de la adenda, que son para las obras que están en marcha. Pero el resto de los fondos, 118 millones, están pendientes de la firma del convenio, por lo que no los tenemos a nuestra disposición. Esto significa que a medida que pasen los meses se va retrasando la transferencia y si al final llegan en diciembre no podremos usarlos del todo, que es lo que pasó en 2017 porque los presupuestos se aprobaron pasado el ecuador del año y se duplicaron los fondos. En relación con la temporalidad, nuestra aspiración es que el horizonte temporal sea el máximo posible para poder planificar todas las infraestructuras, pero el hándicap es que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas limita los convenios públicos a cuatro años más otros cuatro prorrogables. También se establece que se puede aplicar un plazo mayor si se dispone en otra ley, por eso hemos puesto en el convenio que está abierto a que en una ley se pueda aumentar el horizonte hasta los 12 años.
Convenio tras convenio ¿caben más carreteras en Canarias? ¿Hay límites?
Sí hay un límite. No se puede construir carreteras de manera infinita y carriles adicionales en todas las vías. Por eso el grueso del convenio nuevo son obras que tendrían que haberse ejecutado en el convenio anterior. Hay islas donde la ejecución fue mínima, caso del Hierro o La Gomera, y por eso se plantean las mismas vías con algunas mejoras. Cuando hablamos de movilidad también hablamos de repensar la forma en la que nos movemos en cada isla, apostar más por el transporte público, el transporte de alta ocupación o el vehículo eléctrico.
