La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) ha propinado un varapalo en diferido al Gobiernoque presidió Paulino Rivero con la suspensión de parte de las Directrices de Ordenación Territorial de las Telecomunicaciones de Canarias, es decir, los principios que han de tener en cuenta los ayuntamientos y los cabildos en lo relacionado con la instalación en su suelo de antenas, torres, canalizaciones, tendidos y demás equipamiento relacionado con la telefonía móvil, por ejemplo.
Las directrices redactadas en su día por el gabinete de Rivero obligaban a las empresas a entregar un plan de despliegue de infraestructuras antes de la autorización, una potestad que el Supremo atribuye al Estado y no a la Comunidad Autónoma y que, por tanto, queda ahora en suspenso hasta "su adaptación a la legislación estatal". Entre los requisitos que el TS tumba en su sentencia, de mayo del año pasado y cuyo contenido publicó ayer el BOC, está también la obligación que el Ejecutivo regional imponía a las empresas para que compartieran maquinaria y equipamiento, de modo que una firma pudiera utilizar la infraestructura de otra operadora por razones medioambientales, esto es, para evitar la construcción de nuevas torretas, por ejemplo. En definitiva, y bajo el pretexto del medio ambiente, el Ejecutivo canario traspasó la línea de competencias que no le corresponden, lo que ahora ha acreditado el TS. "Lo avisamos en su momento, avisamos que colisionaban con competencias del Estado; lo que es increíble es que no hubiera nadie que se diera cuenta", recordaron ayer fuentes del sector de las telecomunicaciones.
Aunque el Ejecutivo regional minimizó ayer el impacto de la sentencia y redujo a "cinco o seis" las directrices suspendidas, desde el sector puntualizaron que, "en realidad, se suspenden todas las relativas a telecomunicaciones". En cualquier caso, lo cierto es que el gobierno de Fernando Clavijo se ve ahora en la obligación de pulir el texto heredado de los tiempos de Rivero, y de hacerlo, además, en un contexto en el que entra en juego la nueva Ley del Suelo, a la que también tienen que ajustarse las directrices, ya que es la Ley del Suelo la que, en general, determinará dónde sí y dónde no puede instalarse una antena de telefonía móvil, sin ir más lejos.
Llegado este punto, el Gobierno de Canarias explicó que intentará hacer de la necesidad virtud y en lugar de limitarse a adaptar las actuales directrices a la ley básica estatal, aprovechará para redactar un nuevo texto que se ajuste tanto a la normativa general como a la Ley del Suelo. Se trata, en definitiva, de matar dos pájaros de un tiro y de que las nuevas directrices no tengan discrepancia alguna con ambas normativas.
Aunque desde el Gobierno regional dejaron ayer claro que la sentencia en ningún caso genera vacío legal alguno, toda vez que los planeamientos municipales e insulares han de atender en cualquier caso a lo que dicte la ley estatal -que sirve a modo de paraguas- sí reconocieron que obliga al Ejecutivo a modificar las directrices. La idea primera era pulir el texto -en vigor salvo los principios suspendidos- hasta ajustarlo a la ley básica -que se aprobó con posterioridad-, un procedimiento que estaba previsto finalizar a lo largo de la actual legislatura. Pero, y según avanzó ayer el director general de Telecomunicaciones, Manuel Castellano, el Ejecutivo ha optado por otra vía.
Así, y habida cuenta de que la Ley del Suelo ya está aprobada, Política Territorial está en estos momentos estudiando qué fórmula jurídica -reglamento, directrices...- es la más adecuada para que el texto se ajuste perfectamente a la macronormativa del suelo y, de paso, se eliminen las discrepancias con la ley paraguas estatal. La Consejería de Política Territorial prepara un informe que guiará el proceso.
