Los grupos políticos del Parlamento quieren que el periodo de transitoriedad en el que ha entrado Televisión Canaria (TVC) tras la dimisión de Santiago Negrín no dure más allá de septiembre u octubre con la aprobación de la reforma de la ley. Aunque el administrador único que nombre el Gobierno tendrá funciones ejecutivas hasta el 31 de diciembre de este año, la mayoría de las fuerzas representadas en la Cámara esperan que no se agote este plazo para evitar más incertidumbre en torno a los servicios informativos y para los más de 200 trabajadores que dependen de los mismos.

La fórmula de gestión de los informativos a partir del 1 de julio no está aún definida y será la primera misión ineludible del administrador único. Todo apunta a que el nuevo responsable, designado por el Ejecutivo, se hará cargo directamente de ellos en este periodo de transición hasta que la Cámara decida el modelo de la RTVC en la nueva ley.

Todos los grupos parlamentarios que firmaron el acuerdo del pasado viernes -todos a excepción de Nueva Canarias (NC)- esperan que el nuevo administrador sea una persona de consenso para evitar los problemas que ha acumulado el ente público en los últimos años y ante el periodo excepcional que afronta en los próximos meses en sus dos principales objetivos: garantizar la continuidad de la programación después del 1 de julio, cuando caduca el actual contrato y el mantenimiento de los puestos de trabajo y de las nóminas de la plantilla. Los dos puntos fueron garantizaron también por los grupos parlamentarios a los representantes de los trabajadores el pasado viernes. En este sentido, la ley de emergencia que se tramitará en la Cámara prevé que antes de la designación del administrador único el Ejecutivo debe dar audiencia a los grupos con representación parlamentaria.

El Consejo de Gobierno de ayer tomó conocimiento de la modificación urgente de la ley de la Radiotelevisión Canaria (RTVC) para salvar la situación del ente tras la renuncia de Santiago Negrín. La consejera de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Rosa Dávila, aseguró que el Gobierno no será ningún obstáculo para que continúen los servicios informativos y se salvaguarden los puestos de trabajo. Dávila señaló que el papel del Gobierno no es opinar sobre la renuncia de Negrín, sino acatar lo que diga por ley el Parlamento de Canarias, que, recordó, es el ámbito donde se encuentra la solución a la situación del ente público.

La titular de Hacienda aseguró que el Ejecutivo asumirá lo que decida la Cámara, por lo que primero hay que hacer es respetar los plazos parlamentarios antes de entrar a decidir sobre la identidad del administrador único del ente.

Los representantes de los trabajadores de Videoreport, actual adjudicataria de los informativos, obtuvieron el pasado viernes garantías por parte de los grupos políticos del Parlamento sobre el mantenimiento de los empleos, después de que el expresidente del Consejo Rector presentara su renuncia sin firmar la adjudicación de procedimiento negociado en marcha tras las dudas vertidas en un auto por el titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife sobre su competencia al respecto.

Ayer también la portavoz del Ejecutivo indicó que el fin último es la continuidad del servicio público que presta la TVC y que se estabilice la plantilla. Tanto los sindicatos más representativos como varios grupos parlamentarios apuestan por la gestión pública de los informativos en el debate sobre el cambio de la ley.