Limitar el elevado precio del alquiler tensiona a los municipios y al Gobierno canario

Limitar el precio del alquiler residencial será el próximo foco de tensión entre los ayuntamientos canarios y el Gobierno que preside el nacionalista Fernando Clavijo. Los primeros, sobre todo gobernados por socialistas, quieren acogerse a la Ley de Vivienda estatal para que el gabinete los declare zonas de mercado residencial tensionado mientras que el Ejecutivo regional considera que la solución al problema de los elevados precios y la consecuente gentrificación de algunos municipios es el decreto de medidas urgentes en materia de vivienda impulsado por la Consejería de Obras Públicas y Vivienda y ratificado el pasado 20 de marzo por el Parlamento.

Adeje, en el sur de Tenerife, fue oficialmente el primer ayuntamiento canario en solicitar, el pasado 26 de marzo, al Gobierno de Clavijo que declarase al municipio zona tensionada de limitación del alquiler residencial en aplicación de la Ley estatal. Cierto es que el pleno municipal de La Orotava aprobó en octubre que el municipio se acogiera a esa fórmula de control sobre el precio del alquiler, pero su alcalde, el nacionalista Francisco Linares, decidió hacer caso omiso a la moción no vinculante apoyada, no obstante, incluso por su propio grupo municipal de Coalición Canaria (CC).

Lo cierto es que Adeje abrió la veda. Apenas 24 horas después del anuncio del alcalde socialista José Miguel Rodríguez Fraga, desde Las Palmas de Gran Canaria se enarboló pedir el concepto zona tensionada para el distrito Isleta- Puerto-Guanarteme y, unas pocas horas después, el Ayuntamiento de Granadilla de Abona aprobó en sesión plenaria, a propuesta de la alcaldesa socialista Jennifer Miranda, instar al Gobierno de Canarias a que declare tensionado al municipio. La guinda la puso el alcalde nacionalista de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, con su encargo a la empresa Viviendas Municipales de un estudio para determinar si la capital tinerfeña debe declararse zona tensionada, una opción de la que durante meses ha renegado el propio primer edil.

Dos estrategias

En las próximas semanas, a la capital grancanaria y a los dos municipios del sur de Tenerife podrían sumarse, al menos, otros 13 ayuntamientos canarios, todos ellos susceptibles de pedir la declaración de zona de mercado residencial tensionado conforme a la Ley de Vivienda estatal: Arrecife, TíasSan Bartolomé de TirajanaMogán, Arona, San Miguel de Abona, La OlivaAntigua, Arico, Puerto de la Cruz, YaizaTeguise y Haría.

En todos ellos, el porcentaje de la renta disponible de la unidad familiar que se destina al alquiler y a los gastos básicos de la vivienda supera el 30% y, además, los precios han aumentado al menos tres puntos por encima del IPC. Estos son los dos requisitos incluidos en la Ley estatal para ser considerados como un mercado de alquiler residencial tensionado.

Frente a esta estrategia, el Gobierno de Canarias defiende que los efectos de la medida por la que abogan ya varios municipios "no están claros". Así, el viceconsejero de Vivienda y portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, insiste en que el gabinete conformado por CC y PP apuesta por sus dos proyectos legislativos: "una ley para aumentar el número de viviendas disponibles, que se puedan construir más y, además, también el uso turístico de la vivienda".

Precisamente, la consejera de Turismo, Jessica de León, reiteró varias veces en el Parlamento que no se limitará a actualizar el decreto del alquiler vacacional que ordenará el uso turístico de la vivienda en su conjunto y también se dirigirá a "poner coto a la oferta irregular" que contribuye a elevar los precios del alquiler residencial.

Según el Atlas de Distribución de Rentas del Instituto Nacional de Estadística (INE) y el Índice de Alquiler de Vivienda del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el municipio más afectado es San Bartolomé de Tirajana, donde los hogares destinan un 37,38% de sus ingresos al alquiler. En segundo lugar, estaría Adeje (36,96%), al que le sigue Mogán (33,72%), Arona (33,71%) y San Miguel de Abona (33,70%).

En lo que respecta al distrito Isleta-Puerto-Guanarteme de la capital grancanaria, es la zona de la ciudad donde el porcentaje de sueldo empleado para arrendar una vivienda es el más alto del municipio, (33,6%) y el precio del alquiler es de 10,9 euros mensuales por metro cuadrado. En Santa Cruz de Tenerife los peores datos se encuentran en Los Llanos, Ofra y Añaza.

En Arrecife, por ejemplo, la renta media de los hogares no llega a 27.000 euros y el precio del alquiler más los gastos supera los 800 euros, por lo que la tasa de esfuerzo es del 35,7%.

El precio medio del alquiler en Canarias cerró 2023 con un aumento del 15,1 % en diciembre con respecto al mismo mes del año anterior hasta situarse en 10,80 euros al mes por metro cuadrado.

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