Los cazadores canarios se ahorrarían miles de euros en conjunto si prospera la petición realizada por los los consejeros de Caza de los Cabildos de Fuerteventura y Lanzarote, Andrés Díaz Matoso y Antonio Morales, respectivamente, que consideran que la caza debe ser declarada como "actividad deportiva" por el Parlamento de Canarias.
La Asociación Canaria de Entidades de Caza (ACEC), que preside Juan Miguel Sánchez, considera un avance significativo que los consejeros sean capaces de promover una medida de tal calado, teniendo en cuenta que el orden jerárquico normativo constitucional y autonómico separa ambas materias, caza y deporte.
En opinión de la ACEC, de declararse la caza como un deporte, la ley de caza actual pasaría a un cajón, al mismo al que el Gobierno de Canarias mandó el borrador de anteproyecto de nueva ley de caza de 2012 a instancias de la federación deportiva de caza. Un borrador de anteproyecto que le daba a los cazadores identidad y libertad de asociación, reconociendo a sus sociedades de cazadores lo que son y hacen por la preservación de la biodiversidad.
Una licencia única
Por otra parte, los cazadores, al regirse por la Ley del Deporte , se convertirían en deportistas. Con lo cual, la licencia de caza ya no sería necesaria, y los cabildos dejarían de recaudar por dicho concepto, ya que si el resto de deportistas sólo pagan una licencia deportiva por qué van a pagar los cazadores una licencia deportiva y también una licencia de caza.
Además los agentes de la autoridad y servicios jurídicos cabildicios se liberarán de tener que realizar los largos expedientes sancionadores en materia de caza ya que la disciplina deportiva sería aplicada por jueces y árbitros, lo que sin duda será otra importante cuestión a resolver.
En cuanto a la unificación del periodo hábil para la temporada 2016, la ACEC considera atinada la alegría de los consejeros Díaz y Morales, teniendo en cuenta la carencia de declaraciones de zonas de caza controlada, así como el vacío en los planes técnicos, la adjudicación de los terrenos especiales de Lanzarote o la irregularidad de los vedados, entre otras cuestiones conocidas por el Gobierno de Canarias a las que hace la vista gorda.
