Guerra abierta entre taxis y limusinas. Una docena de cooperativas del sector del taxi y de asociaciones de asalariados de la isla salieron ayer a la luz para denunciar, según su versión, el "intrusismo voraz" que practican en el Aeropuerto, en la capital y en los municipios turísticos del Sur los propietarios y conductores de los llamados VTC (Vehículos de Transporte con Conductor).

Los dueños de las limusinas se concentraron días atrás en Las Palmas de Gran Canaria para denunciar el "acoso" y la "persecución" de la que dicen sentirse objeto por parte del Cabildo y del Ejecutivo autónomo, desde donde ahora se les obliga a sustituir sus motores diésel por otros de gasolina por razones medioambientales. Ayer fueron los taxistas los que arremetieron duramente contra los utilitarios de lujo, cuyo número consideran excesivo y a los que atribuyen haber protagonizado distintos episodios de mala praxis para captar clientes en un ejercicio de "competencia desleal" y que, entre otras cosas, ha supuesto que "literalmente esquilmen los recursos que proporcionan la masiva afluencia de turistas en favor de un reducido grupo de empresarios". Los representantes de las cooperativas de Telde, Ingenio, Mogán y San Agustín afirmaron a través de un comunicado que no existen informes técnicos que justifiquen la proliferación de estas limusinas, sostienen que el servicio es "de escasa o baja calidad con respecto a sus homólogos en Centroeuropa", engañan a sus usuarios con descuentos que no aplican o los rechazan si el trayecto es corto y ofertan un servicio de confort que ya dispensan muchos taxis convencionales.

Entienden los taxistas que los argumentos que enarbolan los dueños de las limusinas son "insustanciales" y advierten de que, frente a un hipotético riesgo en la pérdida de 70 empleos, "en el sector del taxi son 1.700 los trabajadores que dan sus servicios en el corredor turístico". Junto a ello, las cooperativas niegan que exista una persecución institucional y policial y, al tiempo, reclaman al Cabildo y al Gobierno que "adopten aquellas medidas que pongan fin a sus prácticas de intrusismo por ser lesivas para la continuidad de este servicio público esencial".