Miguel Ángel Rodríguez: «Nunca se debió permitir el libre mercado en el alquiler turístico»

¿Canarias llega tarde a la ordenación del alquiler vacacional teniendo en cuenta los volúmenes de casas y camas que mueve este sector en las Islas y la problemática que se ha generado a su alrededor?

Lo importante es llegar y creo que al menos tenemos intención de hacerlo. Es cierto que desde el decreto de 2015 hasta ahora han cambiado muchas cosas pero sobre todo a partir del año 2020 cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea clarificó mucho el panorama al establecer la posibilidad de someter a autorización previa el ejercicio de esta actividad económica. Y también cambió porque el Tribunal Supremo fijó una doctrina clara al distinguir que el uso residencial está vinculado al derecho a una vivienda digna y adecuada, mientras que el uso turístico es otra cosa porque es la explotación comercial de la vivienda. Quizás si se hubiese aplicado esta jurisprudencia en el momento oportuno, a partir del año 2021, no estaríamos en las cifras en las que estamos.

¿Cómo se va a controlar la oferta irregular de viviendas vacacionales? ¿Saben cuántas hay?

Hay una técnica experimental que tiene el Instituto Nacional de Estadística (INE), el scraping, para bucear en las plataformas y ver lo que se oferta. Según esta técnica lo que se oferta es mayor a lo registrado, pero no es muy significativo. Es en torno a las 2.000 y poco viviendas de diferencia, aunque en plazas pueden ser unas 7.000. Lo primero que diría es que no merecen ni siquiera la denominación de vivienda vacacional. Ahí lo que hay es una infracción urbanística que se debe inspeccionar y controlar desde el ámbito municipal, porque la inspección urbanística es municipal. Aunque gran parte de la ciudadanía piensa que lo importante es la inspección a pie de calle, realmente lo que estamos buscando es la inspección digital. A día de hoy hemos incoado numerosos expedientes con información que sacan los inspectores sin moverse del despacho, precisamente sondeando en los anuncios de las plataformas. En este asunto necesitamos la ayuda de todos, si la solución fuera poner 500 o 1.000 inspectores no tendríamos recursos. Y realmente ese no es el problema. El problema es concienciación, educación, disciplina y colaboración entre todas las administraciones públicas.

El ley deposita la principal responsabilidad de las futuras viviendas vacacionales en los ayuntamientos a través del planeamiento ¿Realmente cree que tienen capacidad tras lo sucedido en las últimas décadas en relación con los planes generales y el urbanismo?

El anteproyecto de ley no le otorga ninguna nueva función ni competencia a los ayuntamientos que no tuvieran ya. No es verdad. La ordenación urbanística municipal, que incluye lo que es la ordenación pormenorizada de usos, viene ya de la ley del suelo de 1956. Es que quien tiene que ordenar los usos en su término municipal es cada ayuntamiento, pero no porque lo digamos nosotros sino que lo dice la legislación urbanística. Podrán decir que no tienen medios y nosotros les hemos dicho no sé cuántas veces que si no tienen medios propios tienen alternativas y una caja de herramientas enorme a su disposición. Además de los medios propios, los ayuntamientos pueden solicitar la colaboración de los cabildos, de la Comunidad Autónoma, hacer una encomienda de gestión, etcétera. ¿Es que tengo que ordenar todo el municipio? No, ordene usted los núcleos más sencillos y a lo mejor para eso una ordenanza es suficiente, para otros más complicados un plan especial, pero vaya encajando las piezas. Entonces con todo el cariño lo que se les dice es que no es cierto y se les recuerda la cantidad de medios que tienen a su disposición para hacer esa tarea. Además, la legislación vigente dice algo desde hace mucho tiempo y es que la competencia es irrenunciable y hay que ejercerla. La ciudadanía tiene derecho a reclamar un planeamiento urbanístico del siglo XXI y también tiene derecho a reprochar que se siga jugando con reglas urbanísticas del siglo XX.

"Los ayuntamientos tienen la potestad de la planificación urbanística y el deber de ejercerla"

Pero usted convendrá conmigo en que hemos llegado a esta situación entre otras razones porque los ayuntamientos no han ejercido sus competencias y el planeamiento no se ha adaptado a las leyes...

Para aquellos ayuntamientos que no hagan nada el anteproyecto les da un plazo de cinco años, es decir, el anteproyecto se adelanta a que algunos de los 88 municipios canarios no haga nada y aplica la figura de las normas de aplicación supletoria. En defecto de planeamiento urbanístico municipal, el uso turístico de la vivienda se va a atener a estas reglas, que no le voy a detallar porque están en el anteproyecto. Insisto que no será por falta de herramientas y en ese caso la propia ley establece la ordenación que estará vigente indefinidamente hasta el día en que el ayuntamiento decida cambiarla.

¿Cree que hay una correlación directa entre el boom del alquiler vacacional y el incremento de los alquileres residenciales a los precios que estamos viendo hoy en día?

Lo que pasa en Canarias no es diferente a lo que pasa en otras ciudades donde han tenido que tomar medidas como en Madrid, Sevilla, Barcelona, San Sebastián, Florencia, París o Amsterdam ¿Que incide? Es incuestionable porque es un sistema de vasos comunicantes. Eso no quiere decir que la responsabilidad del incremento de los alquileres, que es brutal en muchos sitios, sea imputable exclusivamente al uso turístico de la vivienda. No es verdad. Es un factor que se une a otros tan o más relevantes como la falta de gestión urbanística para poner suelo donde construir vivienda o la incapacidad del sistema productivo canario para producir más de 3.000 viviendas al año, ya que en los últimos cinco años se hicieron cero viviendas de promoción pública. Sin embargo, por mucha vivienda que seamos capaces de producir, si no se impide que terminen en el uso turístico muchas se nos escaparán. Entonces lo que se está buscando es contener ese fenómeno.

"La jurisprudencia dice que el derecho de propiedad de una vivienda y sus usos tienen límites"

¿Y no temen una lluvia de recursos judiciales ante esta especie de moratoria que impide nuevas viviendas turísticas?

Lo que plantea es el núcleo esencial de la cuestión. Aquí no se impide nada. Los poderes públicos deberían haber respetado desde el principio tanto aquí como en el resto de comunidades autónomas lo que dice la legislación básica estatal de suelo y es que el suelo de uso residencial está al servicio del derecho a la vivienda digna y adecuada y solo excepcionalmente se podrá destinar a otros usos económicos. Lo que nunca se debió hacer era permitir que el libre mercado o el libre albedrío del propietario destinaran algo que por naturaleza debe aplicarse al uso residencial habitual y permanente a otra cosa diferente, a una explotación comercial. Por lo tanto esa lectura de que se priva del derecho a la explotación económica no es verdad. Lo que nosotros procuramos es recuperar el orden natural y jurídico de las cosas. No se le quita a nadie el derecho al uso turístico de la vivienda porque nunca lo han tenido salvo que se lo dé el planeamiento urbanístico. Lo que buscamos es el equilibrio: si tenemos que decidir entre preservar el derecho a la vivienda y, en consecuencia, a la salud, la integridad física y moral, la calidad de vida, el patrimonio cultural y la expectativa en la renta, no lo duden, estaremos del lado de la protección de derechos fundamentales.

¿Han notado un efecto llamada por el anuncio de la ley que haya provocado un incremento anormal de la petición de licencias?

Tenemos un instrumento que se llama control de mandos de vivienda vacacional que cada día a las 12 de la noche actualiza el número de inscripciones en el registro turístico, pero el ritmo no es superior al que hubo en otros años pero es incuestionable que un cierto efecto llamada se ha producido. Tenemos la luz encendida, por lo que habrá que ver y analizar si hay que hacer algo y en su caso qué habría que hacer. Hay que apelar a la responsabilidad de aquellos que ante la eventualidad del cambio normativo se quieran aventurar de una manera a lo mejor no tomada con el debido sosiego y con la debida reflexión. Cuando haya la ley seguirá habiendo nuevas viviendas vacacionales, la diferencia es que serán planificadas.

"Las críticas de la asociación Ascav son impropias, me gustaría saber cuál es su modelo"

Pero también existe el temor de que las que ya están tienen los días contados si no cumplen los requisitos que exige la ley ¿no?

Muchas podrán quedarse, pero si la pregunta es si todas podrán quedarse la respuesta necesariamente es que no. En gran parte dependerá de ese planeamiento urbanístico municipal. Hay que recordarle a la gente que el derecho de propiedad de una vivienda no es absoluto y tiene límites. Y los usos que forman parte del derecho de propiedad de una vivienda no los define el propietario, los define el planeamiento urbanístico y hay que recordar que el planeamiento urbanístico puede variar y está refrendado por el Tribunal Constitucional. Lo más importante es que hay muchos modelos, hay muchas opciones y como estamos con un anteproyecto lo importante es saber qué opina la ciudadanía, pero qué opina formalmente.

La Asociación del Alquiler Vacacional ha lanzado calificativos muy duros contra el anteproyecto ¿Qué le parece?

En este país la opinión es libre, pero creo que las formas son importantes. Pero también es muy importante la verdad, la racionalidad, la proporcionalidad, la seguridad jurídica y la tranquilidad de la ciudadanía. Los datos desmientes esas expresiones gruesas que desde luego en los tiempos que vivimos son impropias de un ejercicio razonable, pausado y ponderado de la libertad de expresión. A mi juicio lo importante es que la ciudadanía pregunte a esa asociación cuál es su modelo, en el que no hay límites y donde cada propietario puede hacer lo que quiera sin importarle nada más.

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