Los guías turísticos de Canarias, algo más de 4.000 profesionales, están en pie de guerra ante la adaptación llevada a cabo por el Gobierno de Canarias, vía Decreto (13/2010), de la Directiva de Servicios de la UE por la que se permite el libre acceso a la profesión en las Islas de guías de otros países comunitarios, independientemente de si residen o no en las Islas. Este gremio, que ha recurrido el decreto aprobado por el Ejecutivo regional el pasado febrero, exige que para que un profesional de otro Estado miembro pueda trabajar en Canarias, "se le debe exigir unas normas de control y de responsabilidad, entre las que debe prevalecer un examen para el solicitante de un puesto".
Además, estos profesionales reconocen que a los candidatos foráneos a un puesto "no se les ha de examinar de técnicas de guiado, ya que se le presuponen en vista de los estudios. Pero sí deberán pasar pruebas de aptitud, idioma o un periodo de prácticas que se base en los conocimientos específicos culturales de cada isla", explica María Dolores Fernández Viñuela, presidenta de la Asociación Profesional de Guías Turísticos de Lanzarote (APIT).
El gremio vuelve a insistir que es "gravísimo" que el Decreto no contemple pruebas idiomáticas. Tampoco recoge, continúan Fernández, la necesidad de hablar español "a pesar de ser vital para comunicarse con la ciudadanía, con los proveedores, con los trabajadores de museos, con el propio conductor que nos lleva". Fernández se pregunta "¿qué pasaría si un turista enferma y requiere de un medicamento o una asistencia especial y quién llamaría a los servicios médicos y le comunica lo sucedido?"
