El desvío de la carretera GC-2 no retrasará la construcción del futuro centro comercial de Gáldar. El Gobierno canario y el Cabildo de Gran Canaria se comprometieron ayer con el Ayuntamiento del municipio norteño y con los promotores a que se estudiarán las fórmulas técnicas y jurídicas necesarias para que la infraestructura comercial se pueda construir a la misma vez que se modifica el trazado de la autovía. Los empresarios, el grupo Hermanos Domínguez, exigen que el Plan Territorial de la zona, pendiente de aprobar por el Ejecutivo, refleje con claridad esta situación para que no haya en el futuro lugar a interpretaciones diferentes ni dudas que supongan nuevos problemas para un equipamiento que lleva tramitándose desde hace 22 años.

Fue necesario que se reunieran ayer en una misma mesa los máximos responsables del Ejecutivo, del Cabildo, del Ayuntamiento de Gáldar y de los promotores para que se desbloqueara una situación que amenazaba con paralizar una inversión superior a los 70 millones de euros. Según fuentes de los asistentes al encuentro, fue el propio presidente del Ejecutivo, Paulino Rivero, el que tuvo que interceder poniendo sobre la mesa la propuesta de compatibilizar el desvío de la vía con la construcción del centro comercial. Lo que no se terminó de concretar es quién pagará los ocho millones de euros que cuesta el cambio de trazado aunque, de entrada, el Cabildo se comprometió a poner hasta un tercio del coste total.

El alcalde de Gáldar, Teodoro Sosa, vaticinó que la obra viaria conllevará recursos y pleitos judiciales ya que se requieren expropiaciones de fincas y terrenos. Por ello, el primer edil advierte que el centro no puede quedar "supeditado" a los vaivenes del desvío de la carretera y que el centro se pueda hacer con la construcción de los enlaces provisionales, que estarán a cargo de los promotores.

El consejero de Política Territorial del Cabildo grancanario, Emilio Mayoral, explicó que en unas dos semanas los técnicos del Ejecutivo tendrán que reflejar en el Plan Territorial los mecanismos necesarios para posibilitar el compromiso adquirido ayer, para que después sea aprobado por la Comisión de Ordenación Territorial y Medio Ambiente de Canarias (Cotmac) en unos seis meses.