La Consejería de Industria autorizó ayer cuatro nuevos parques eólicos en las islas de Fuerteventura, Gran Canaria y La Gomera haciendo oídos sordos a la polémica abierta con el ministerio que dirige José Manuel Soria por la supuesta inconstitucionalidad del decreto que pone fin a los concurso de adjudicación de potencia.

El Estado interpuso días atrás un requerimiento contra la norma canaria que permite adjudicaciones directas y desecha la fórmula anterior. El Ministerio de Industria estima que la norma invade competencias estatales.

La consejera Francisca Luengo anunció que se ha dado el visto bueno a cuatro nuevos parques eólicos que suman un total de 7'8 megavatios de los 440 que está previsto adjudicar.

Luengo explica que se trata de los parques de la desaladora de Puerto del Rosario en Fuerteventura, con 2 megavatios; el parque eólico de Ayamosna en La Gomera, con 1'8 megavatios; la repotenciación de parque eólico de Cueva Blanca en Gran Canaria y del Barranco de Tirajana, ambos con 2 megavatios.

"La realidad es la que confirma lo que venimos argumentando en el Gobierno de Canarias, no somos nosotros los que bloqueamos el desarrollo de la eólica en las Islas, al contrario, nosotros la autorizamos. Es el Ministro el que intenta frenar el avance de las renovables en Canarias, pero no lo vamos a permitir".

Por ello Luengo pide al departamento que dirige el también presidente del PP en Canarias que "explique los verdaderos motivos por los que cada vez que Canarias agiliza los trámites él intenta frenarlos. Desconocemos los verdaderos intereses y las razones que tiene el ministro para ello".

Por otra parte, la consejera informa de que hay 14 nuevos parques que se están tramitando al amparo del nuevo decreto eólico de Canarias que sustituye la figura del concurso por la autorización administrativa. No obstante, no aclara si esas nuevas instalaciones son también nuevos proyectos o se incluyen en los mismos algunos de los que se presentaron al concurso convocado en 2008 y que está dependiente de resolver judicialmente en Gran Canaria.

Francisca Luengo señala en un comunicado que "no hay mayor injusticia que comparar la actitud del Gobierno de Canarias con la del Ministerio de Industria, que son completamente opuestas: nosotros autorizamos y el Ministerio obstaculiza".