El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, presidido por Cristóbal Montoro, ha pedido a los altos directivos del sector público estatal que utilicen, con carácter general, el transporte público de clase turista para los desplazamientos, salvo que el uso del vehículo particular constituya la alternativa más económica.
En una orden publicada ayer por el Boletín Oficial del Estado (BOE), Hacienda también solicita que se tenga en cuenta el uso de la tarifa turista tanto en los desplazamientos de avión y tren, "salvo en casos excepcionales justificados por razón de la distancia del lugar de destino, bien por la duración del desplazamiento o supuestos análogos".
La orden recoge el régimen de compensación de los gastos de desplazamiento, alojamiento o manutención de los máximos responsables y directivos con contratos mercantiles o de alta dirección en el sector público, así como criterios de buena gestión con normas que se ajustan a principios de austeridad en el gasto, "imprescindibles en el actual contexto de restricciones presupuestarias".
El Ministerio de Hacienda también aboga por la planificación y gestión anticipada de billetes de transporte, que permita obtener mejores precios, o por la emisión de billetes por procedimientos que permitan optimizar costes.
Asimismo, el Gobierno pide a los altos cargos la utilización preferente de medios tecnológicos alternativos a las reuniones y desplazamientos como audio conferencias o videoconferencias, así como evitar desplazamientos innecesarios de equipos de trabajo.
Además, el Ministerio de Cristóbal Montoro defiende la fijación de criterios temporales "estrictos" para el inicio y finalización del servicio, que eviten antelaciones o prolongaciones "injustificadas" de estancia en destino.
Asimismo, Hacienda pide el uso de los hoteles que se incluyan en el contrato suscrito de firma centralizada por la Administración General del Estado o, en su caso, por el Ministerio de adscripción.
La orden entra en vigor a partir de hoy, viernes, con los nuevos contratos mercantiles o de alta dirección que se firmen, si bien las entidades del sector público disponen de dos meses para adaptar sus normativas y directrices internas a lo previsto en ella.
