División en el Gobierno de Canarias sobre la posibilidad de eliminar el próximo año el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, el tributo sobre las herencias que la Consejería de Hacienda ha propuesto bonificar hasta en un 99 % ya en el próximo ejercicio. El equipo de la Vicepresidencia y de la Consejería de Empleo, Asuntos Sociales y Vivienda ha expresado su rechazo a esta opción considerando que la medida pondría en serio riesgo las medidas de política social anunciadas por el Ejecutivo y que constituyen de facto una de las prioridades de la legislatura.
Aunque se trata también de un compromiso electoral del PSOE, el área socialista del Ejecutivo apuesta por una aplicación graduada y paulatina y que la bonificación vaya 'in crescendo' hasta llegar al mayor porcentaje posible en el último año de gobierno.
El gabinete y los asesores económicos de la Vicepresidenta, Patricia Hernández, han echado cuentas y creen inviable la idea de la consejera de Hacienda, Rosa Dávila, que anunció el pasado viernes su intención de llevar ya a la práctica supresión del tributo al proyecto de presupuestos regionales para el 2016. Dávila cifró el coste de la bonificación prevista (la Comunidad Autónoma no puede suprimir el tributo al ser de titularidad estatal) en casi 30 millones de euros, un recorte de los ingresos que, según los socialistas, deberá unirse al coste que va a suponer el aumento del 1 por ciento del sueldo de los funcionarios, y la paga extra pendiente del 2012, reduciría drásticamente el mayor techo de gasto previsto y por tanto las medidas de corte social.
Sobre la mesa
Fuentes del Ejecutivo aseguran que la decisión aún no está tomada al cien por cien pese al reciente anuncio realizado al respecto por Dávila y que hay en el seno del Ejecutivo un "debate interno" que deberá despejarse antes de la presentación del proyecto de presupuestos para el próximo año en unas semanas, en octubre.
Según la Consejería de Asuntos Sociales, el primero de los esce-nario previstos, el de la práctica supresión del tributo con efecto del próximo 1 de enero, al coste de 28,5 millones tendría que restar-se de los 92,8 millones que ha calculado Hacienda que se incrementará el presupuesto en 2016 (un 1,8 por ciento hasta los 5.250,8 millones). De esa forma, el incremento del gasto se limitaría a 64, 3 millones, que es lo que quedaría como presupuesto extra respecto al 2015 para las políticas sociales.
El escenario propuesto por el equipo de la Vicepresidenta es el de la eliminación paulatina del impuesto hasta reducir su impacto en el primer año en tan solo 5 millones, lo que dejaría el aumento del capítulo de gasto social en 87,3 millones de euros. Así, en lugar de aplicar la máxima bonificación y a todos los tramos del impuesto, se propone que en un primer paso sólo se aplique a las donaciones, herencias y traspasos de herencias familiares de menor valor y de contribuyentes con menores ingresos o patrimonios.
Los límites, según esta propuesta, se irían incrementando año a año hasta llegar a ese 99 % para todos los traspasos patrimoniales en el último año de la legislatura, es decir, para los presupuestos de 2019.
Renuncias
Según las fuentes consultadas, Dávila y el área nacionalista del Gobierno, inclui-do el presidente, Fernando Clavijo, apoyan la idea de la supresión casi total ya en enero, considerando que la medida beneficia-ría de facto a las personas con menos ingre-
sos porque son éstas las que tienen que renunciar a algunas herencias por no poder pagar ese tributo, un registro que se ha duplicado en unos pocos años debido a las cargas fiscales.
Dávila aseguró el pasado viernes en el Parlamento que "la finalidad de esta medida es impedir que haya familiares de primer y segundo grado que se ven obligadas a renunciar a heredar" precisamente por no disponer de capacidad para hacer frente a este tributo estatal cedido a las comunidades autónomas.
Este impuesto ya estuvo bonificado en Canarias entre 2008 y 2011 y fue en 2012 cuando se volvió a restablecer por parte del Ejecutivo de Paulino Rivero, junto a una subida generalizada de los tributos como consecuencia de la bajada de la recaudación por la crisis y también por los drásticos recortes aplicados por el Gobierno central en los presupuestos estatales.
El restablecimiento del Impuesto de Sucesiones y Dona- ciones supuso que el Archipiélago se convirtiera en una de las comunidades con un gravamen más elevado sobre las herencias y, como consecuencia, que desde entonces haya ido creciendo progresivamente el número de familias canarias que han renunciado a sus herencias ante el alto coste que les supone las liquidaciones con Hacienda.
El PSOE, con todo, acepta que se deba eliminar el impuesto porque además de estar incluido en el acuerdo programático, es también un compromiso electoral del partido. Pero señalan que la medida no debe ponerse en marcha a costa de la pérdida de ingresos tributarios que ponga en riesgo la política social comprometida -el Gobierno quiere dedicar a esta área un porcentaje elevado de l alza autorizada para los presupuestos-, sobre todo si en un primer momento se puede aplicar a las donaciones familiares más modestas y mantener aún parte de esa carga tributaria sobre las herencias y donaciones de mayor cuantía y que afecten a contribuyentes con más recursos.
