España crecerá el 3,1% este año, según la Comisión Europea (CE), dos décimas menos de lo que ha previsto el Gobierno. Y la tasa de paro bajará del 24,5% al 22,3%, aunque también tres décimas menos de lo que el Ejecutivo ha establecido en el cuadro macroeconómico que sujeta los Presupuestos Generales del Estado de este año electoral y los del próximo. Bruselas enfría algún grado el optimismo del equipo de Rajoy, si bien tanto uno como otro pronósticos dejan ver que, incluso con crecimientos robustos del producto interior bruto (PIB), a España le va a costar mucho dejar de ser una economía del club de las avanzadas con niveles de desempleo propios de las subdesarrolladas. Es uno de los grandes desequilibrios que sigue arrastrando la economía nacional tras estos años de recortes, reformas y purgas.
La ortodoxia de la austeridad dice desde púlpitos como el del FMI que para que se acelere el descenso del paro -Bruselas no prevé que baje del 20% hasta 2017- convienen más reformas laborales, principalmente para abaratar el despido. Por más que desde una corriente de expertos -no necesariamente afín a los sindicatos y a la izquierda política- se está alertando de que la precarización del mercado de trabajo -más temporalidad, más trabajo a tiempo parcial, salarios más bajos y sustitución de empleo asalariado por autónomo- está contraindicada para mejorar la productividad, de lo que a la postre depende que el patrón de crecimiento sea robusto, que el estado del bienestar se sostenga y que los ciudadanos mejoren su nivel de vida.
Aunque el marco laboral puede ayudar, cuando Europa o el FMI hablan de reformas se ahonda menos, por ejemplo, en si España está tomando medidas adecuadas (regulatorias o fiscales) para favorecer que las empresas ganen dimensión o para que los trabajadores y los desempleados adquieran formación y destrezas profesionales adecuadas.
La CE pone otro foco sobre las cuentas públicas. Insiste en que España no cumplirá los objetivos de reducción del déficit (4,2% este año y 3% el próximo). Presume que el agujero presupuestario será del 4,7% en 2015 y del 3,6% en 2016. El Gobierno ha quitado hierro a la discrepancia y augura que el crecimiento económico impulsará los ingresos tributarios y con ello España cumplirá. Más allá de que sea o no creíble ese pronóstico, el mensaje de Bruselas tiene otra lectura: es un toque de atención porque el hecho mismo de que la reducción del déficit se fíe al mayor crecimiento es interpretado como un signo de que España, en año de elecciones generales, ha levantado el pie de las reformas. Ya provocó suspicacias la rebaja del IRPF y en los despachos comunitarios aún inquietan las cuentas de las autonomías y las de la Seguridad Social. La mayoría de las regiones va camino de incumplir el objetivo de déficit y el agujero de las pensiones se agranda este año a pesar de la creación de empleo por el impacto de la precariedad en las bases de cotización.
La CE cree así que España acabará el año con el segundo mayor déficit de la UE (por detrás de Croacia y por delante de Grecia). De ocurrir así, el Gobierno que salga del 20-D quizá deba estrenarse en las instituciones comunitarias teniendo que bregar con la exigencia de recortar varios miles de millones de euros de los presupuestos o para negociar una prórroga en el calendario de cumplimiento. Vientos de cara para la recuperación y para ese futuro ejecutivo.
