El Tribunal Supremo ha desestimado el recurso extraordinario interpuesto por Landwell-Price Waterhouse Coopers Tax & Legal Services (PwC) contra una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que le condenó a pagar 230.796 euros al grupo de empresas del grancanario Félix Santiago. Un contrato de asesoramiento que derivó en una multa millonaria dio origen al pleito.
El empresario contrató a la consultora en el año 1997 para reorganizar el patrimonio empresarial atesorado como empresario individual. PwC diseñó un plan que pasaba por dividir en dos el capital y crear sendas sociedades, una en el ámbito agrícola y la otra, en el de la construcción. La última se partiría a su vez en dos para gestar una sociedad destinada al alquiler de inmuebles y otra a la edificación. Para cerrar el círculo, se propuso la creación de una empresa holding en la que residenciar las participaciones de las tres sociedad limitadas creadas.
El plan se siguió de ese modo. Sin embargo, se cometió un error contable con las dotaciones a la Reserva de Inversiones para Canarias (RIC) acumuladas en los ejercicios precedentes. Eso dio origen a que la Agencia Tributaria sancionara al empresario con 3,7 millones de euros, además exigir la liquidación de otros diez millones.
Tanto Félix Santiago Melián como las mercantiles de su propiedad Conagrican SL y Félix Santiago Melián SL presentaron entonces una demanda civil en la que exigían daños y perjuicios a PwC "por cumplimiento negligente del contrato" que les unió.
Las sumas reclamadas se dividían en: 230.796 euros por los gastos de defensa frente a Hacienda; 335.415 euros por los costes financieros del aval depositado para garantizar los pagos aplazados; los diez millones por la regularización de la declaración de la renta del empresario del año 1998, los intereses de dicha deuda con la Agencia Tributaria, que superaban los 2,5 millones en 2006, y los 3,7 millones de la sanción impuesta por el fisco.
El juzgado de primera instancia rechazó las pretensiones de Félix Santiago. El juez concluyó que los informes de la consultora "contenían la instrucción del tratamiento que debía darse a la RIC" y que "su ejecución material no requería la intervención de un experto especialmente cualificado, sino los razonables conocimientos contables". Sin embargo, la Audiencia Provincial de Madrid estimó parcialmente el recurso de apelación del empresario por considerar que PwC "omitió prestar un asesoramiento específico y esencial para seguir manteniendo los beneficios fiscales" y retiró su asistencia antes de que el proceso de reestructuración finalizara por completo. Eso sí, las pretensiones del grancanario quedaron reducidas al pago de los gastos de defensa y los costes financieros del aval.
La consultora decidió entonces elevar la cuestión al Tribunal Supremo, ante el que se presentó un recurso extraordinario por infracción procesal y otro en casación. La Sala de lo Civil, en un fallo fechado el pasado 18 de febrero rechazó la primera de las iniciativas de la defensa de PwC y mantuvo la obligación de pagar los 230.796 euros al empresario. Sin embargo, la sentencia, en la que actuó como ponente el magistrado Ignacio Sancho Gargallo, sí estima de forma parcial el recurso de casación y reduce el importe a abonar por los costes financieros del aval.
Los integrantes de la sala consideraron suficientemente probada la existencia de una realación causal entre "el servicio prestado de forma negligente y el daño objeto de indemnización".
Además, el Alto Tribunal impone a la consultora el abono de las costas procesales derivadas de la interposición del recurso extraordinario por infracción procesal, mientras que la exime de las generadas por el de casación.
