El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha admitido a trámite una querella contra el expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y una veintena de antiguos responsables de la entidad, por la concesión de hipotecas sobrevaloradas de alto riesgo. La denuncia apunta a que los dirigentes de la caja permitieron "el falseamiento y ocultación de cuentas" mediante la práctica de inflar estos créditos y concederlos sin que los clientes aportaran garantías reales de devolución.
El magistrado ha ordenado tomar declaración como investigados -antes llamados imputados-, entre otros, al propio Blesa por la comisión de presuntos delitos de estafa, administración desleal y asociación ilícita. El expresidente de la entidad madrileña tiene varios frentes judiciales abiertos.
La querella reproduce las conductas desarrolladas en Caja Madrid entre 2003 y 2009, en el período anterior al estallido de la crisis y en plena expansión de la burbuja inmobiliaria, en relación con lo que los querellantes califican de "práctica sistemática de sobrevalorar inmuebles constituidos en garantías de préstamos hipotecarios y la concesión de préstamos que no debieron haberse concedido". Apunta a que la tasadora de inmuebles Tasaciones Madrid, valoraba las casa por encima de su precio para cubrir la práctica de conceder hipotecas por encima del cien por cien de su valor.
Indica también que se concedían estos créditos a personas extranjeras con permisos temporales de residencia o contratos de solo uno o dos años de antigüedad. En opinión del magistrado, estos factores derivaron en una cartera hipotecaria de alto riesgo que en ciclos de recesión, como el actual, explicaron la mayor mora comparada con el resto de las entidades del sistema y, subsiguientemente, "la acumulación de pérdidas para la entidad". El juez recuerda además que Bankia, resultado de la fusión de Caja Madrid con otras cajas, entre ellas La Caja de Canarias recibió miles de millones en ayudas públicas.
La Fiscalía Anticorrupción se había opuesto a la admisión de la querella argumentando que la práctica de sobrevalorar las tasaciones "fue generalizada" y que los hechos de la querella no tenían relevancia penal.
