Rafael Castellano, el exgerente de la empresa pública Gestión y Planeamiento Territorial y Medioambiental (Gesplan), dependiente del Gobierno de Canarias, se ha apropiado de un proyecto que se elaboró durante su etapa al frente de esta sociedad para la transformación del centro comercial Metro en Playa del Inglés, en avanzado estado de deterioro. Castellano, que cesó en agosto de 2015 y ejerce como arquitecto en actividad privada, presentó en enero de este año a los dueños del establecimiento una propuesta de renovación del inmueble, que es idéntica a la que precisamente Gesplan les ofreció en mayo del pasado año. La situación, cuanto menos, chirría.
A varios propietarios del centro comercial les ha sorprendido ver cómo Castellano les expone un estudio prácticamente igual al que en su día les entregó Gesplan, que tenía como objetivo un lavado de cara de este complejo ubicado en el corazón turístico de San Bartolomé de Tirajana.
Los comuneros acudieron a finales de 2014 a Gesplan para solicitar su asesoramiento en la redacción de un proyecto de renovación de este establecimiento, levantado en la década de los setenta. Además, su intención es aprovechar los incentivos contemplados por el plan de modernización mejora e incremento de la competitividad Maspalomas Costa Canaria, redactado también por Gesplan. La mayoría de los 176 locales permanecen cerrados y el edificio muestra una imagen poco atractiva para los turistas.
Así pues, la entidad pública, adscrita a la Consejería de Política Territorial y dirigida entonces por Castellano, realizó un estudio con dos opciones: derribar la infraestructura y construir un centro comercial más moderno o bien edificar un hotel con 461 camas y con uso compatible comercial y de aparcamiento.
Demolición
Esta segunda alternativa precisa de una acción conjunta con la demolición de los tres centros comerciales existentes -Metro, Kasbah y Plaza- y la consiguiente construcción de un hotel temático con un nuevo centro comercial y de ocio. En su informe Gesplan incluyó como ejemplos a seguir el Waterfront Dubai y, en caso de fabricar sólo locales comerciales, sugirió fijarse en Ses Fontanelles en Mallorca y el Mercado del Ocho en China.
Curiosamente ambas propuestas coinciden con las planteadas en un informe de enero de este año de Rafael Castellano, director del proyecto a través de su empresa Castellano Consultores. Es más, no sólo apuesta por el mismo número de plazas de alojamiento hotelero, sino que incorpora en el documento imágenes de los mismos hoteles de referencia de cara al diseño del nuevo centro comercial o su uso mixto (hotel y comercial).
El presupuesto de Castellano Consultores por los estudios previos y la ejecución del nuevo establecimiento asciende a 315.399 euros más un 3% de aprovechamiento lucrativo materializado de la nueva edificación, mientras que si se opta por levantar un hotel y galería comercial, los honorarios para el equipo multidisciplinar se elevan a 378.479 euros y el consultor incrementaría su participación en el beneficio hasta un 5%.
El Consejo de Administración de Gesplan cesó a Castellano el 31 de agosto de 2015 y nombró como consejera delegada a la jurista Beatriz Calzada, de Coalición Canaria. Desde entonces esta mercantil no realiza ningún tipo de proyecto ni asesoramiento para los dueños del centro comercial Metro.
La Ley de Incompatibilidades establece con carácter general un periodo de dos años de incompatibilidad con posterioridad al cese para el ejercicio de actividades privadas en los supuestos en que puede existir un conflicto de intereses. Diversas fuentes apuntan que éste es el caso de Castellano, quien consideran que "ha aprovechado todo el conocimiento acumulado" durante su etapa en Gesplan y "sus influencias y contactos para utilizarlos ahora fuera de la empresa y hacer competencia desleal".
Cuestionado sobre una posible incompatibilidad o choque de intereses, Rafael Castellano lo niega: "No, ¿por qué? Soy un profesional, no tenía un cargo político". Sostiene que en su etapa de Gesplan sólo se asesoró a los comuneros, pero "no se hizo ningún estudio". Limitó la relación a meros "contactos".
"No manejo ninguna información privilegiada, sino mi experiencia profesional que al menos de algo me tiene que valer. He estado diez años dirigiendo la empresa. Cuando acabo mi actividad pública puedo ejercer perfectamente la actividad privada sin ningún problema", aseveró.
Por su parte, el Colegio de Arquitectos de Gran Canaria estudia trasladar este caso a sus servicios jurídicos por si Castellano vulnera alguna normativa.
