El proyecto Pervemac detecta un mayor número de violaciones de límites de residuos en productos canarios que en los de importación. En concreto, 40 muestras de las 549 gestadas en el Archipiélago que integraron el análisis superaron el nivel máximo para algún plaguicida. La Dirección General de Agricultura responsabiliza en parte de ello a la falta de formación de los agricultores.

El director general, César Martín, resalta que Pervemac destierra los prejuicios que sobre el uso que hace el agricultor canario de los productos químicos, en referencia a su menor presencia en las frutas y hortalizas que han crecido en las Islas en comparación con las importadas. Primera batalla ganada, pero hay otras en las que emplearse.

César Martín explica que han acordado con los cabildos que sean ellos los que expidan los carnés fitosanitarios, documentos obligatorios para quienes manipulan los productos destinados a salvar las producciones de las plagas, incluidos quienes los comercializan.

"La idea es trasladar parte de nuestras competencias [a los cabildos] y nosotros encargarnos de auditar el sistema" mediante el que las instituciones insulares proveen de información y expiden los carnés, detalla Martín. Hasta ahora sucede que las normas emitidas por Europa admiten el uso de un plaguicida para un cultivo, "por ejemplo, la lechuga", relata el director general de Agricultura. "Si su aplicación es legal para la lechuga y, además, funciona, el agricultor entiende que también puede aplicarlo a la platanera", señala.

Ese error no entraña riesgos para la salud y el ejemplo lo dice todo: la parte comestible de una lechuga está totalmente desprotegida y expuesta a la incidencia directa del plaguicida, mientras que la cáscara del plátano preserva la parte carnosa del fruto.

No obstante, el incumplimiento de las normas implica sanciones de calado que pueden ir desde la reducción o congelación de las subvenciones recibidas, hasta sanciones económicas de importancia. Y siempre se inmovilización los productos en el mercado. En la mayoría de los casos, el problema es burocrático y subsanable con la revisión de la lista de productos autorizados. La Dirección General de Agricultura intenta atajar el problema en origen negociando con el Ministerio del ramo las excepciones. "A Madrid eso no le gusta", afirma Martín a la vez que sostiene que es la manera de combatir los desajustes.

Ocurre que la carta de productos permitidos se realiza en muchos casos en virtud de su uso. Volviendo al ejemplo del plátano, su cultivo prácticamente no existe en el continente, por lo que queda excluido al elaborar la lista. Dicho de otro modo, se olvidan de él a la hora de confeccionarla.

En otros casos, son las químicas que fabrican los productos fitosanitarios las que remolonean a la hora de exigir la inclusión de sus productos entre los permitido. La tramitación les cuesta dinero y la producción canaria es tan pequeña en casos como el de la piña tropical que la iniciativa es económicamente inviable.