Un juzgado investiga el patrocinio de Dreamland al Granca de baloncesto

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 4 de Puerto del Rosario ha ordenado que se libre un oficio al Club Baloncesto Gran Canaria Claret SAD para que aporte el contrato de patrocinio suscrito con el grupo empresarial Newport para el uso de la marca Dreamland en los partidos del equipo amarillo.

El titular de ese Juzgado de la capital majorera, Ignacio Valledor, ha abierto diligencias previas tras una querella de las sociedades Alquimia Ventura Capital y Volcano International Productions contra José Antonio Newport y la empresa Newport Media & Films por los presuntos delitos de administración desleal, de apropiación indebida y de impedimento del ejercicio de los derechos societarios.

Dentro de los proyectos previstos por el grupo Newport en la isla de Gran Canaria, el Juzgado también ha requerido a la empresa Key Travel SAU que aporte el contrato de opción de compra de terreno firmado por Dreamland Studios Canarias SL «y a fin de que informe de cualquier operación o contrato que haya suscrito con el Sr. Newport en calidad de administrador de la empresa nombrada anteriormente».

La denuncia se presentó el 1 de diciembre de 2023 por un bufete de abogados de la ciudad de Valencia. El 16 de diciembre de 2023, tras admitir a trámite la querella e incoar el procedimiento, el magistrado acordó la realización de siete diligencias , entre ellas esas dos referidas al patrocinio del Granca de baloncesto y al complejo audiovisual en el antiguo campo de golf de Telde.

En primer lugar, el Juzgado emplazó a los denunciantes a fin únicamente de ratificar la querella, para tomarle declaración en momento posterior. A continuación citó en calidad de investigado a José Antonio Newport Machín y al representante legal de la empresa Dreamland Studios Canarias SL.

Y como testigos a Carlos Albero Inarejos, Sebastián Enrique Álvarez Castro y al representante legal de la empresa Key Travel SAU. Los dos primeros son los propietarios o representantes de las dos empresas denunciantes. Alquimia tiene su sede en Madrid y Volcano en Santa Cruz de Tenerife.

Además, el magistrado solicitó que se libre oficio a la notaría de David Gracia Fuentes, de Las Palmas de Gran Canaria, a fin de que se aporte la escritura de constitución de Dreamland Studios Canarias SL de fecha del 23 de marzo de 2023. Las declaraciones de los dos investigados se fijaron para el pasado 2 de abril y las de los testigos para el 9 de abril, pero fueron suspendidas a petición de la letrada de la defensa y todas están previstas ahora para el próximo 28 de mayo.

En el escrito de la querella, de 30 folios, se narran la historia del proyecto Dreamland y se asegura que nació «con vocación de convertirse en un complejo cinematográfico y tecnológico a la vanguardia de Europa, compuesto por estudios de cine, oficinas y un parque temático de realidad virtual en la Isla de Fuerteventura».

Tras explicar que Albero y Álvarez «son profesionales con amplia experiencia en el sector cinematográfico y audiovisual, y con la capacidad de crear valioso contenido gráfico y virtual para la puesta en marcha» de Dreamland, la denuncia sostiene que el proyecto original fue creado por Albero desde su empresa Alquimia.

Colaboración

«Tanto es así», añade la querella, «que cuando se conoció la creación del proyecto, Albero recibió una carta de apoyo del entonces presidente del Cabildo de Tenerife, manifestando su interés en su ejecución y su disposición para prestar la colaboración necesaria».

Según ese relato, Albero creó en el año 2017 «una primera versión del proyecto, que fue evolucionando y trabajándose durante los años posteriores con la colaboración y participación del Sr. Álvarez, de Volcano». A través de este último, «también recibió una amplia y calurosa acogida por parte de productores internacionales, que manifestaron su intención de trabajar en producciones para Dreamland».

Ese apoyo, según los denunciantes, «se manifestó en una gran cantidad de cartas de interés en colaborar», que se incluyeron en un dossier que «fue utilizado a nivel político y administrativo como justificación del proyecto y para darle visibilidad».

También se consiguieron, gracias a la intervención de Arbero y Álvarez, «colaboradores reales y potenciales inversores», entre los que la querella cita a «KPMG, IDOM, constructoras del IBEX como Acciona, San José o Elecnor, e incluso Porcelanosa y Microsoft».

No fue hasta junio de 2020, con el proyecto «ya madurado», cuando los ahora denunciantes conocieron a José Antonio Newport, que «se presenta como reconocido empresario en el sector de la formación e inmobiliario y con la capacidad de traer contactos e inversión al negocio». En esa reunión nace Dreamland Studios SA, que se constituye el 10 de septiembre de 2020 como entidad mercantil, con un capital social inicial de 600.000 euros, teniendo como socias a Volcano, con el 25% de participación, Alquimia, con otro 25%, y Newport, con el 50% restante.

En 2023, tras el bloqueo de Dreamland en la isla de Fuerteventura, «desoyendo a sus socios, el Sr. Newport comenzó a maniobrar con el patrimonio de la compañía, despojándola de activos esenciales y comprometiéndola al pago de cantidades millonarias». El 23 de marzo, «sin saberlo» los ahora denunciantes, se constituyó Dreamland Studios Canarias SL, con José Antonio Newport como administrador único.

Este periódico intentó recabar ayer sin éxito una declaración de Newport sobre la querella que tramita el Juzgado y sobre la posible incidencia en sus proyectos en Gran Canaria.