El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno canario, Pedro Ortega, ha decidido no esperar más y ha dado un paso al frente para garantizar que la totalidad de los 49 proyectos eólicos (436,3 megavatios de potencia) inscritos en el cupo que da derecho a una retribución específica en las Islas lleguen a tiempo. Lo ha hecho dirigiendo al ministro en funciones de Industria y Energía, Luis de Guindos, una carta en la que le insta a poner como fecha tope para todos ellos el último día de 2018.
Ese es el tope que el propio ministerio dio para que las aspas de los aerogeneradores estén girando. Sin embargo, el plazo cierto para cada parque es de 24 meses a partir del día en que la Dirección General de Política Energética y Minas les comunicó que estaban inscritos. Un día más tarde ya no tendrán derecho a percibir los 86 euros (media para todas las Islas) por cada megavatio hora que generen, retribución en base a la que se han proyectado los negocios.
Además, las comunicaciones han ido llegando de manera escalonada entre enero y junio, de manera que se produce un agravio comparativo. Los promotores que antes recibieron luz verde por parte del ministerio han visto menguar el plazo desde una fecha más temprana.
No hay un Gobierno de España ni se sabe cuándo podrá haberlo, pero el Ejecutivo canario entiende que el sucesor de José Manuel Soria al frente de la política energética estatal está habilitado para modificar la orden ministerial que firmó aquel (IET 1459/2014) y que determina el plazo de 24 meses para hacer realidad los parques eólicos.
Ortega ha colocado la pelota en el tejado de Madrid, que en buena lógica deberá atender su demanda. De lo contrario, algunos proyectos se frustrarán. De hecho, en casos ni siquiera llegarían a tiempo las necesarias subestaciones que debe construir Red Eléctrica de España (REE) para que los parques puedan verter a la red la energía generada.
El establecimiento de plazos ha colocado un asunto estratégico para las Islas en un callejón del que se busca salida mediante la comunicación escrita con el Estado. REE no inicia las subestaciones hasta tener garantizado por escrito que todos los parques que van a verter en ellas las utilizarán, mientras que los promotores afectados no dan ese paso porque no tienen la seguridad de llegar a tiempo de cobrar la retribución sobre la que han establecido sus planes de negocio. El consejero señaló que la solicitud dirigida a De Guindos busca "aumentar la seguridad jurídica de las inversiones y garantizar la ejecución por parte de REE de las instalaciones de evacuación" de la energía.
La penetración de renovables en el Archipiélago es uno de los objetivos más destacados en la agenda de Pedro Ortega, que en un año ha impulsado la implantación de 49 nuevos parques eólicos, en su gran mayoría, afectados por los plazos que solicita que se modifiquen.
