La economía española crecerá este año el 3,2%, la misma tasa que en el pasado ejercicio, pese a a que el país ha estado los últimos once meses con un Gobierno en funciones, según la previsión divulgada ayer por la Comisión Europea (CE). El ejecutivo comunitario prevé la continuidad del crecimiento en los dos próximos años, pero con una tendencia hacia la desaceleración: en 2017 España crecerá el 2,3% (nueve décimas menos) y en 2018, el 2,1%.

El peor pronóstico europeo para España vuelve a guardar relación con las indomables cuentas públicas del país. La deuda pública se atenuará este año en relación a la riqueza nacional (cerrará en el 99,5% del PIB) pero volverá a repuntar, pese al crecimiento económico, y se mantendrá al cierre de 2018 en el 100% del PIB, un nivel peligroso que España alcanzó en agosto pasado por vez primera desde 1909.

Las autoridades europeas son también pesimistas sobre el cumplimiento de los objetivos de déficit público. La UE cree que España sí cumplirá el compromiso de que el descubierto presupuestario no supere el 4,6% del PIB este año, una vez que Bruselas aceptó trazar una nueva hoja de ruta para equilibrar las cuentas públicas españolas ante los incumplimientos en 2015 y los previstos para 2016. Estando aún en funciones, el Gobierno elevó los pagos fraccionados del impuesto de sociedades para incrementar la recaudación y reconducir el déficit hacia el 4,6%.

En cambio, los pronósticos de Bruselas para 2017 refuerzan la tesis de que el país tendrá que abordar un ajuste de alcance. La Comisión estima que el déficit no bajará el próximo año del 3,8%, siete décimas por encima del límite comprometido por España. Esto es, para cumplir lo pactado se necesitarán medidas presupuestarias (mayores ingresos o menores gastos) por valor de unos 7.700 millones de euros.

Con un crecimiento económico esperado casi un punto inferior al de este año (2,3% en 2017 frente al 3,2% estimado en 2016), el comportamiento del PIB no facilitará las cosas al nuevo Gobierno de Rajoy, en minoría. Bruselas ha dejado claro además que España debe abordar un ajuste de naturaleza "estructural" de 5.500 millones (recortes o reformas tributarias).