La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de suspender de manera cautelar la ejecución de las obras de la nueva línea eléctrica entre Puerto del Rosario y Gran Tarajal, en Fuerteventura, impide la entrada de energía eólica en dicha isla en el corto plazo. Además, el sentido del fallo judicial amenaza con extenderse a otras islas. En Lanzarote ya hay en marcha movimientos para que se detenga la instalación de torres de alta tensión de líneas también necesarias para la puesta en marcha de parques eólicos que ya cuentan con autorización administrativa.
Ambas islas quieren que las líneas se soterren y, en palabras del presidente del Cabildo de Fuerteventura, Marcial Morales, que se atiendan las exigencias de suministro de los ciudadanos "sin cometer barbaridades que destrozan un paisaje singular". A ello añadió que dará "la batalla por una isla sostenible y cuidada".
La preservación del paisaje entra en este caso en contradicción con la mejora de la calidad ambiental. Cinco parques eólicos lograron inscribirse en el cupo que da derecho a una retribución específica en esa isla. Suman 34,7 megavatios de potencia y restarían toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, pero deben estar funcionando antes de terminar 2018.
Fuera de plazo
Tendrán imposible cumplir dicho plazo y menos aún si Madrid no concede esa ampliación -sí parece dispuesto a hacerlo el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia- hasta el último día del próximo año. De lo contrario, los molinos deberían estar girando entre marzo y mayo de 2018, y para verter la energía que generen a la red necesitan la línea paralizada por la Sala Segunda de lo Contencioso Administrativo del TSJC que ejecuta Red Eléctrica de España (REE) conforme a la planificación eléctrica autorizada por el Ejecutivo central. Sin ella, no hay energía eólica en el plazo previsto; Fuerteventura tendrá que esperar.
El temor fundado del sector es que la decisión del TSJC anime a otras islas a seguir el ejemplo y se frustren los planes para poner en marcha sus inversiones, de alrededor de 500 millones de euros en el conjunto del Archipiélago.
Como ejemplo, la alcaldesa de Yaiza y diputada regional de Nueva Canarias (NC), Gladys Acuña, registró ayer en el Parlamento de Canarias una proposición no de ley para que el Gobierno de Canarias paralice de manera "inmediata" la instalación de 53 torretas y el correspondiente tendido eléctrico en dicha localidad lanzaroteña. Acuña calificó la infraestructura, que cuenta con informes desfavorables del ayuntamiento que gobierna y el Cabildo de Lanzarote, como un "atentado paisajístico" contra Las Casitas, Femés y el Monumento Natural de Los Ajaches. La Fundación César Manrique sostuvo también ayer a través de un comunicado que esa obra tiene "un impacto demoledor sobre la singularidad paisajística y ambiental" de la isla.
Ya un día antes Marcial Morales señaló que antes de terminar el año se presentó un requerimiento ante la Consejería de Sostenibilidad del Gobierno de Canarias para que anule la declaración de impacto ambiental concedida a la instalación de torretas de alta tensión entre Mácher (Lanzarote) y Matas Blancas (Fuerteventura). Según explicó, "porque se fraccionó en cinco tramos y se evitó una evaluación ambiental estratégica". Es decir, la amenaza contra los planes del Gobierno canario para la entrada de energías renovables se propaga.
Es cierto que algunos inversores reconocieron que el trazado suspendido de forma cautelar por el TSJC es "especialmente complicado", en referencia a que recorre buena parte de Fuerteventura y atraviesa parajes de alto valor medioambiental y paisajístico. Estiman más improbable, aunque no lo descartan, que pueda darse ese caso en lugares como Arinaga (Gran Canaria) o Arico (Tenerife), otros dos nudos gordianos para la entrada de la energía eólica.
El rediseño de un trazado de las características del paralizado y la tramitación para la nueva autorización administrativa, declaración de impacto ambiental incluida, consume un plazo mínimo de dos años. A partir de ahí comenzarían los trabajos sobre el terreno, y eso en el caso de que la voluntad política trabaje a pleno pulmón.
La esperanza de los promotores que van a quedar ya de forma segura descolgados por la decisión del TSJC en Fuerteventura es poder reengancharse a través del nuevo cupo de más de 400 megavatios que abrirá Madrid antes de mayo, si bien eso solo les da un año más de margen.
