El estallido de la burbuja inmobiliaria detuvo en seco la venta de pisos, con lo que promociones enteras se quedaron con el cartel de se vende colgado y sin atisbar en el horizonte potenciales compradores. Desde entonces, en Canarias se han ido colocando las existencias de viviendas nuevas a un ritmo mucho más lento, aunque año tras año el stock ha adelgazado. El Archipiélago es la quinta comunidad autónoma que, en términos relativos, lo ha logrado con mayor intensidad. En el pasado mes de octubre, quedaban pendientes de venta en las Islas 27.162 existencias, un 35,3% menos que en 2009.
Según los datos de la Confederación Española de Asociaciones de Fabricantes de Productos de Construcción (Cepco), solo Cantabria, Navarra, Extremadura y Andalucía adelantan en el ranking a las Islas. Las tres primeras son comunidades en las que el boom del ladrillo tuvo un efecto moderado. Tanto es así, que los cuentakilómetros cántabro y navarro están a cero, no queda nada por vender. Casi logran el mismo hito los promotores extremeños (-97,8%), mientras que Andalucía presenta un comportamiento muy similar a Canarias.
"Se ha vendido el solomillo", explica gráficamente la presidenta de la Asociación de Empresarios de la Construcción y Promotores (AECP) de la provincia de Las Palmas, Salud Gil. Según su relato, las sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario (socimis) y las empresas de capital riesgo ya han sumado a su patrimonio los activos para los que se adivina una rentabilidad segura cuando el mercado comience a rozar parámetros normales, principalmente inmuebles situados en las zonas de costa.
Por eso mismo, Gil advierte que entre las 27.162 casas que aún están pendientes de venta en el Archipiélago abundan las que se construyeron en los extrarradios o, en cualquier caso, "alejadas del centro de las ciudades". El ritmo de venta de estas será más bajo, porque no interesan a los inversores que buscan el negocio y aún sobran dedos para contar a los particulares que simplemente buscan una vivienda en la que desarrollar sus proyectos de vida.
Por más que el crédito hipotecario se haya animado y se reduzcan las tasas de desempleo, ni los bancos asumen los riesgos que condujeron a varios de ellos al borde del precipicio ni muchos de los puestos de trabajo actuales, por salario y por incertidumbre en cuanto a su duración, permiten pensar a los ciudadanos en asumir una deuda en el largo plazo.
Con este panorama, la presidenta de la AECP, advierte de que los promotores "no pueden aguardar a que se produzca el desestocaje" total "para empezar a producir". Ni siquiera es recomendable aun cuando el ritmo de venta en las Islas supere la media nacional (29,7%) en 5,6 puntos. Se imponen nuevas fórmulas para reactivar el sector más castigado por las diferentes crisis económicas -hipotecaria, financiera y soberana- desatadas desde que las subprime estadounidenses revelaran la verdad en torno al crecimiento sostenido de las economías occidentales.
El alquiler avanza como modalidad preferente para garantizarse un techo bajo el que cobijarse. Sin embargo, hablando de nuevas construcciones, los promotores buscan garantizarse que los inquilinos afronten el pago del precio mensual pactado y, en este punto, el sector público se revela como un actor principal. "Tenemos una reunión pendiente con el presidente del Gobierno de Canarias", apunta Salud Gil, que también desvela algunas de las claves que el sector pondrá sobre la mesa del jefe del Ejecutivo. "Dentro de los planes de vivienda [de la Administración regional], hay que empezar a pensar en la generación de parques públicos en alquiler", detalla.
El esquema es el siguiente. Los promotores construyen según la política dictada por el Gobierno de Canarias para facilitar el acceso de las personas a una casa en alquiler cuya propiedad ostentará la Comunidad Autónoma. Pero no es la única fórmula, "también abogamos por los parques privados en régimen de alquiler protegido". En ellos, las administraciones públicas ejercen un rol similar al del avalista, garantizando el propietario reciba el dinero del alquiler.
Además, la presidenta de la patronal de la construcción de la provincia de Las Palmas apunta a la necesidad de comenzar a pensar en "alojamientos colectivos"; el envejecimiento de la población anima a ello. En estos, conviven personas mayores, cada uno en su propia vivienda, "pero con servicios comunes" -comedor o lavandería, por ejemplo- para todos ellos. El mismo esquema es aplicable a inmuebles universitarios.
Otra de las necesidades detectadas por la AECP es la construcción de viviendas en los entornos turísticos "para evitar su residencialización". En la actualidad, abundan los trabajadores de hoteles, por ejemplo, que viven en apartamentos que se han salido del negocio alojativo, y la propuesta de los constructores es crear otras oportunidades cerca de sus lugares de trabajo pero fuera de las lindes del puro negocio turístico.
La licitación de obra pública avanza pero resulta insuficiente para garantizar la buena salud del sector. Entre enero y noviembre del año pasado, los concursos de las administraciones en las Islas sumaron 434,3 millones de euros, un 4,2% que en el mismo periodo de 2015, según Seopan.
