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El Estado da por resuelta con el REF económico la mitad de la agenda canaria

El Consejo de Ministros aprueba un anteproyecto de ley de compensación a la lejanía y la insularidad que se retocará tras escuchar al Parlamento de Canarias

El ministro de Economía, Luis de Guindos, y la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, tras el Consejo de Ministros. EFE

Canarias está desde ayer más cerca de renovar su instrumento de compensación por los sobrecostes derivados de la lejanía y la insularidad. La ley que establece y regula las medidas que deben dar respuesta a ese hándicap del Archipiélago se modifica por fin tras 24 años de vigencia, dando pie así a revisar y mejorar los elementos que la conforman, pero también a incorporar las nuevas ramas de actividad económica aparecidas desde 1994, fecha de la actualmente en vigor. El Consejo de Ministro dio ayer el pistoletazo de salida a la nueva regulación al aprobar un anteproyecto de ley que recoge importantes novedades en todos los ámbitos en base al acuerdo alcanzado entre el Estado y el Gobierno de Canarias tras casi dos años de negociación.

El Gobierno central ha querido dar lustre a este proceso y ha implicado a uno de sus pesos pesados tanto en la negociación. La vicepresidenta y ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, Soraya Sáenz de Santamaría, fue ayer de nuevo la encargada de anunciar el acuerdo del Consejo, como ya lo hizo el pasado día 21 cuando junto al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, presentó el contenido y las novedades del nuevo documento en la capital grancanaria. La numero dos del Ejecutivo central trató de escenificar la importancia que tanto desde el Estado como desde las instituciones canarias se da a este nuevo REF económico, y consideró de facto que con él de da cumplimiento a más de la mitad de la agenda canaria comprometida por el Gobierno de Mariano Rajoy.

Sáenz de Santamaría aclaró que la revisión de la ley actual se hará a través de un proyecto de ley y que tendrá por tanto tramitación parlamentaria suficiente como para que pueda ser enmendado. Antes de eso, el anteproyecto se remitirá de inmediato al Parlamento de Canarias para que "por mandato constitucional" se pueda oír a la Cámara regional y "recabar su informe", y posteriormente volverá a pasar por el Consejo de Ministros para la aprobación del correspondiente proyecto de ley y su posterior envío al Congreso. Es ahí donde, a través de los grupos parlamentarios, se podrán incluir aportaciones sugeridas o reclamadas por el Parlamento regional.

Santamaría abogó por una "ágil tramitación" aunque no mencionó fecha previsible de aprobación definitiva. En todo caso, el Gobierno de Canarias ya ha reconocido que la proyección presupuestaria de la mayoría de las medidas que contiene no se aplicarán 2018.

Sáenz de Santamaría repasó los principales hitos de la negociación entre Canarias y el Estado y concluyó que con la renovación del REF económico el Gobierno central cubre buena parte de los temas que Canarias y el Estado se han propuesto abordar durante la presente legislatura. Según la vicepresidenta, "con este anteproyecto cumplimos ocho puntos del acuerdo de investidura entre CC y el PP sobre la agenda canaria". El propio Clavijo aseguró el pasado día 21, tras su encuentro con Sáenz de Santamaría en Las Palmas de Gran Canaria, que "el documento da respuesta a seis de los 14 puntos de la agenda canaria acordada con el Estado". La ministra elevó ayer en dos el número de esos compromisos.

El anteproyecto señala que las principales modificaciones se refieren al "reconocimiento de la ultraperiferia del Archipiélago como elemento diferenciador", y que "el objetivo es que los ciudadanos canarios, pese a la lejanía, la insularidad y limitaciones estructurales permanentes, estén en igualdad de oportunidades frente al conjunto de ciudadanos de la UE". Por ello, añade, "se debe modular a tal fin la actuación estatal en políticas económicas". Además, señala que "dada la consideración de región ultraperiférica de la UE, la modificación del REF de Canarias comprende un conjunto de medidas destinadas a potenciar la cohesión económica, social y territorial del Archipiélago y la competitividad de sus sectores estratégicos".

Sáenz de Santamaría recordó que "los primeros elementos de esta modificación fueron acordados por Rajoy y Clavijo en septiembre de 2015", y que fue entonces cuando de inició una negociación "que abarca a ocho departamentos". Esos mismos elementos del acuerdo fueron los que inspiraron, según reconoció ayer la vicepresidenta, el pacto entre el PP y CC en agosto del 2016 para la investidura de Rajoy.

La número dos del Ejecutivo central mencionó y destacó algunas de las medidas contenidas en el anteproyecto que se remitirá al Parlamento de Canarias:

- Se establecen novedades en materia de transporte que incluyen el principio de continuidad territorial en el transporte aéreo y marítimo de personas y mercancías, blindando la subvención del 50 % para los residentes en el primer caso, e incrementando del 25 al 50 la ayuda en el segundo.

- Se establece una ayuda o compensación del 70 % del coste efectivo del transporte aéreo o marítimo de mercancías entre islas, con la Península, y con la UE

- Se recoge la quinta libertad del aire siempre que los operadores acrediten las solvencia técnica y económica de los proyectos.

- Se contemplarán en el plan anual de Política de Empleo las particularidades de Canarias por su situación económica, social y laboral.

- Establecimiento de becas de estudio y de banda de ancha en precios y condiciones idénticas al territorio nacional.

-Medidas en materia de turismo, y en energía para compensar los extracostes de generación eléctrica respecto del territorio peninsular, como también en el sistema de agua desalinizada, regenerada y reutilizada para aproximar el coste al de la Península.

- Medidas novedosas en materia de gestión se residuos y energías renovables, así como facilidad de acceso a los incentivos regionales para las islas menores.

- Se garantiza entre el 50 y el 75 % de la aportación nacional de las medidas de fomento de las producciones agrícolas locales autorizadas por la UE en el marco del Posei.

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