La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, anunció ayer que llevará a la mesa del diálogo social, que integran sindicatos y patronal, una ayuda directa de 430 euros mensuales, durante un máximo de 18 meses, para los jóvenes que consigan un contrato de formación. En las Islas son 25.952 los menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía, el 4% del total del Estado. Estar dado de alto en dicho registro es condición obligatoria para optar a la ayuda.
La medida se pondrá en marcha en un plazo breve, aseguró la ministra durante el Consejo de Ministros europeos de Empleo que se celebró en Luxemburgo, informa Efe. No obstante, precisó que los detalles deben aún perfilarse, además de en el marco del diálogo social, también con las comunidades autónomas.
En el primero de esos dos foros, la ministra ya sabe que se encontrará con el rechazo del sindicato UGT, que horas después del anuncio reclamó "empleos dignos" en lugar de "caridades paliativas". La organización sindical también reclamó "más negociación y menos propaganda", en referencia a los "meses" transcurridos desde la apertura de esa mesa de diálogo social "sin avances, porque el Gobierno se niega a darle contenido".
Incentivar para el empleo
El anuncio de la ministra constituye un nuevo paso en la estrategia de incentivar la búsqueda de empleo entre los grupos de jóvenes que no estudian ni trabajan. Sobre todo después de que este colectivo engordara notablemente con la caída en desgracia del sector de la construcción tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Fueron miles los jóvenes que abandonaron su proceso formativo a edad temprana ante la demanda de mano de obra en los andamios. Con la crisis llegaron los despidos y las dificultades para reengancharse al mundo laboral o académico.
La creación del Sistema Nacional de Garantía Juvenil facilitó a los jóvenes un camino para retornar, cuando menos, a una actividad formativa capaz de ensanchar el catálogo de sus aptitudes o, en el mejor de los casos, hallar un empleo. El nuevo capítulo anunciado ayer por Fátima Báñez impulsa la búsqueda de un contrato de formación, puesto que a la cantidad que les pague la empresa -nunca menos de los 707 euros del salario mínimo interprofesional- se sumarán los mencionados 430 euros.
El incentivo "va a dar elementos de mayor empleabilidad a tantos jóvenes que todavía después de la crisis permanecen sin empleo, muchos de ellos, la mayoría, porque no tienen una formación suficiente", expuso la ministra, quien recordó que unos 550.000 españoles que aún no han alcanzado los 30 años no han terminado la educación secundaria obligatoria. "Darles nuevas destrezas es capital para crear un puente al empleo, al mercado de trabajo", defendió.
La ayuda tendrá una duración de al menos un año, según detalló el ministerio en una nota, y la ministra anunció que cerrará el círculo con bonificaciones para las empresas que conviertan los contratos temporales en indefinidos. "Estamos hablando de inserción para los jóvenes; empleo y formación para los jóvenes y estabilidad en el empleo", concluyó.
También en este punto, UGT criticó las ventajas para las mercantiles que decidan incorporar a estos jóvenes a sus plantillas. El sindicato señaló que las bonificaciones no son más que "una mera transferencia de rentas" desde los Presupuestos Generales del Estado a las empresas, sin beneficiar al empleo. "España necesita un plan de empleo juvenil realista, un verdadero plan de choque por el empleo negociado", subrayó la organización de representación de los trabajadores.
La referencia de los sindicalistas a las cuentas estatales no es gratuita, dado que la propia Báñez anunció que la ayuda partirá del presupuesto aprobado en el Congreso de los Diputados hace dos semanas y que ahora espera el visto bueno del Senado para entrar en vigor tras su retorno a la Cámara Baja. La ministra de Empleo detalló que existe una partida de "500 millones de euros para poner en marcha esta medida" e insistió en que "facilitará la integración de los jóvenes en el mercado de trabajo a través de la formación. Es una palanca al empleo, una palanca a las oportunidades", argumentó.
El total de ciudadanos de las Islas susceptibles de recibir los 430 euros mensuales se reparte entre 12.497 mujeres y 13.455 hombres. En toda España, superan el medio millón (592.786), aunque el número se eleva hasta los 800.000 teniendo en cuenta que alrededor de 200.000 han salido de esas listas porque ya han conseguido empleo, pero podrían retornar en cualquier momento. Además, el Gobierno espera ver "un incremento de las inscripciones" tras el anuncio de la medida.
Para darse de alta en el sistema, condición sine qua non para optar a la ayuda, hay que tener más de 16 años y menos de 25. También pueden hacerlo los mayores de esa edad y menores de 30 que tienen reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Y, por supuesto, ninguno puede estar estudiando ni trabajando en el momento de la inscripción.
Tras conocer el anuncio, el portavoz de Economía de Ciudadanos en el Congreso, Toni Roldán, expresó su confianza en que la ayuda pueda solicitarse en julio, toda vez que se activen los Presupuestos Generales del Estado de 2017. Además, añadió que es una de las "grandes banderas de Ciudadanos para luchar contra la precariedad" y explicó que necesitará de un real decreto ley para formalizarse.
"El Gobierno no querrá demorar esta exigencia de Ciudadanos", incidió, tras incidir en que estaba en el pacto para la investidura del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y para el apoyo a las cuentas. "Es un avance muy significativo cuando se habla de políticas públicas concretas", afirmó.
