El profesor del departamento de Economía Aplicada de la ULPGC Manuel Romero exige que los políticos atiendan las preferencias de los ciudadanos, que colocan las pensiones, junto a la educación, la sanidad y las políticas sociales, dependencia incluida, en los primeros puestos de las cuestiones que sus representantes deben atender. A su juicio, supone una incongruencia que las prestaciones tengan que autofinanciarse en lugar de estar en los presupuestos generales del estado, mientras otras partidas, "como las destinadas a carreteras", sí descanse en las cuentas nacionales.
Desde 2013, la revalorización está sujeta al equilibrio financiero, lo que lleva al absurdo de dar a un pensionista dos o tres euros más al mes de un año a otro. "Es una política prioritaria y se hace depender de la autofinanciación", resalta Romero, quien junto a su colega Ginés de Rus ha publicado la demostración de que las carreteras sí pueden autofinanciarse; en otras palabras, que las "paguen quienes las usan".
En su opinión, en una encuesta ciudadana serían pocos quienes no se mostrarían a favor de que las pensiones lleguen a todos y en una cantidad que permita "una vida digna", circunstancia que hoy en día está muy lejos de ser real en España.
Además, el sistema actual, basado en "un impuesto finalista" -las cuotas a la Seguridad Social- incurre en contradicciones tales como otorgar "más renta a quien más tiene", prescindiendo de un análisis de las necesidades, o imponer un tipo mucho más elevado a quienes menos cobran por su trabajo. "Alguien que percibe el salario mínimo interprofesional debe entregar el 32% a la Seguridad Social, mientras que quien gana diez veces más, solo paga el 15%", porque hay un máximo.
El sistema lastra también a la mano de obra menos cualificada, ya que la contribución al sistema de prestaciones es de las más altas de la OCDE y disuade a las empresas de contratar. Romero sostiene que en España se mantiene la idea de "seguir haciendo las cosas como siempre se han hecho" por más que el resultado no sea positivo.
