El Ejecutivo regional ejercerá un mayor control a las plataformas digitales de alquiler vacacional y exigirá un registro de quienes se alojen en esta modalidad alojativa. La consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, se reunió este martes con los responsables del mismo área de los siete cabildos para consensuar la nueva normativa que regule el arrendamiento turístico después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) tumbara el núcleo central del decreto aprobado en mayo de 2015 por vulnerar éste la libre competencia al vetar las viviendas vacacionales en zonas turísticas.
Pese a que el Gobierno ya recurrió este fallo y prepara el recurso contra la segunda sentencia desfavorable, da por hecho que la Justicia abrirá la puerta, de forma definitiva, al alquiler vacacional en zonas turísticas. Lorenzo expuso que entiende el posicionamiento del TSJC sobre el quebrantamiento de la libertad de empresa y la directiva de servicios de competencia, pero recalcó que hay otros fundamentos del fallo que no comparte. Por ello, explicó, se está “trabajando intensamente” para alumbrar el nuevo decreto, de tal forma que esta actividad se regule en las zonas turísticas “con más garantías de las que actualmente hay en el decreto porque estaba concebido para viviendas fuera de estas áreas”.
La consejera regional de Turismo aclaró, a su vez, que los efectos de la sentencia no entran aún en vigor porque está recurrida. “La Comunidad Autónoma no se ha quedado parada y quiere regular para dotar de más requisitos y exigencias a las viviendas vacacionales”, insistió. Aunque Lorenzo no quiso concretar las nuevas medidas que se adoptarán, sí avanzó que éstas garantizarán la sostenibilidad del modelo turístico de Canarias, apuntalarán la seguridad jurídica y reglará la capacidad de carga del destino y la gestión de la convivencia entre los usos turísticos y residenciales.
Asimismo, la titular de Turismo hizo hincapié en que se establecerán controles a las plataforma de alquiler vacacional para evitar que se cuelen ofertas ilegales, garantizar que se cumplan todas las normativas, incluida la laboral, y conocer quiénes son los que se alojan en las viviendas vacacionales. “La intención es que haya un registro para tener un control necesario de la oferta reglada y de la capacidad que tiene el destino para poder afrontarla”, afirmó. Precisamente la planificación sobre esa capacidad de carga recaerá sobre los ayuntamientos y cabildos pues la ley del suelo -cuyo debate final y aprobación definitiva tendrá lugar mañana en el Parlamento-, permite que sean esas instituciones quienes adapten la planificación a sus necesidades y regulen los usos del suelo.
La existencia de una alta demanda de vivienda vacacional en el Archipiélago deriva en una escasez de viviendas de alquiler de larga temporada. Esta circunstancia también preocupa al Ejecutivo, por lo que aborda las posibles medidas que se pueden adoptar para atajar este problema. Lorenzo subrayó que en este caso concurren diferentes competencias, pero una solución sería la que están tomando otras regiones, en las que las propias empresas turísticas garantizan viviendas a sus trabajadores.
