La Consejería de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda que dirige Cristina Valido, tramita en la actualidad diversas convocatorias por valor de 2,1 millones de euros, destinadas a incentivar la contratación de personas con especiales dificultades para encontrar empleo, así como la conciliación laboral de familias con menores de tres años.
Se trata de las bases y convocatorias para incentivar la contratación de jóvenes en garantía Juvenil, parados de larga duración y personas desempleadas con certificado de profesionalidad. Según Valido, “el objetivo es que las personas con más obstáculos para ser contratadas, como los jóvenes sin experiencia o las personas que han estado un largo periodo desligados del mercado laboral tengan más posibilidades de conseguir un contrato incentivando a las empresas”.
Tras la publicación de las bases y convocatorias, el SCE abrirá un espacio en el portal web para facilitar que, los posibles solicitantes se informen si reúnen los requisitos de tal modo que, en el proceso de búsqueda de empleo, también informen a las empresas de que si les contratan se pueden beneficiar de una ayuda del Gobierno.
En la última reunión del Consejo General de Empleo ya se aprobaron las bases del programa Incentívate para los años 2017-2018, y que cuentan con una partida de 600.000 euros con el objeto de fomentar la contratación de jóvenes inscritos en el sistema de Garantía Juvenil,según informó el Ejecutivo en un comunicado.
Aprendizaje
Los contratos podrán ser en las modalidades de formación y aprendizaje o en practicas de jóvenes desempleados. Los contratos de formación y aprendizaje tendrán una duración mínima de un año y los contratos de prácticas deberán ser por un mínimo de seis meses.
Las empresas recibirán una subvención de hasta 5.000 euros según el tipo de contrato y el tiempo de duración. Esta convocatoria está cofinanciada por la Iniciativa de Empleo Juvenil (IEJ) para el período 2014-2020, en los términos establecidos en el Programa Operativo de Empleo Juvenil (POEJ), del Fondo Social Europeo.
A través del programa Certifícate se bonificará con hasta 6.000 euros por la contratación de desempleados que tengan un certificado de profesionalidad, que es una titulación que acredita el conjunto de competencias profesionales que permiten al desempleado, que antes no tenía titulación alguna, trabajar en el área en la que se ha formado, tiene carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.
Certifícate busca favorecer la inserción sociolaboral y contribuir a la mejora de la productividad y la competitividad de las empresas, porque cuanto más formado esté el empleado, más garantías habrá de conseguir y mantener el empleo. Las ayudas van desde los 2.500 euros por contrato parcial hasta los 5.500 euros por contrato indefinido, a los que podrán sumarse otros 500 si la persona contratada ha realizado prácticas en la misma empresa.
Retorno al empleo
En esta misma línea, también se incentivará la contratación de personas desempleadas de larga duración con el objeto de facilitar su inserción laboral tras un largo periodo sin cotizar. Las empresas recibirán hasta 6.500 euros de subvención por cada contrato en función de la edad de la persona y del tipo de contrato que realicen. Los desempleados deberán llevar inscritos al menos 360 días en un período de 540 días previo al contrato.
El Programa Concilia está orientado a favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral y la igualdad de oportunidades, y su objeto es propiciar la incorporación laboral de las personas demandantes de empleo que tienen a su cargo la atención a niños de 0 a 3 años y que, por tanto, no entran dentro de la cobertura de la educación pública.
Tanto el padre como la madre, con menores de 3 años a su cargo y en búsqueda activa de empleo e inscritos como demandantes de empleo con al menos un mes de antigüedad podrán optar a esta ayuda destinada a favorecer su incorporación al mercado laboral.
El contrato deberá ser superior a los tres meses y por un importe bruto mensual, incluidas las pagas extras, inferior a 1.600 euros (tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, IPREM). En el supuesto de que el contrato sea a tiempo parcial, el límite de ingresos se verá proporcionalmente disminuido y la duración de la jornada laboral no podrá ser nunca inferior al 40% del total de la jornada ordinaria establecida.
